Sombras sobre el Pirulí: El Laberinto de Influencias y el “Abre el Vino” de la Trama

En un país donde la corrupción parece haber anestesiado la capacidad de asombro, surgen revelaciones que obligan a mirar más allá de la superficie.

Mientras las instituciones celebran aniversarios, en los despachos más altos de ciertas comunidades autónomas se gestaban conversaciones que hoy, bajo la luz del escrutinio judicial, dibujan un panorama desolador de excepcionalidades, presiones y favores que desafían cualquier lógica administrativa.

El relato comienza con una pregunta que queda suspendida en el aire, sin respuesta, en una entrevista que ya es parte de la hemeroteca de la sospecha.

¿Por qué el presidente de una comunidad autónoma, en este caso Ángel Víctor Torres, se encargaba personalmente de calmar a los comisionistas de una empresa privada? España dispone de una estructura burocrática robusta: directores generales, técnicos de sanidad, interventores y funcionarios de carrera cuyo trabajo es, precisamente, velar por la legalidad y el correcto flujo de los pagos públicos.

Sin embargo, los informes de la Audiencia Nacional revelan una realidad paralela: el máximo mandatario regional actuando como un gestor de crisis para una trama empresarial.

La “Excepcionalidad” como Norma

Uno de los puntos más críticos de esta investigación reside en la gestión de las facturas por material sanitario durante los peores meses de la crisis.

Según los audios y mensajes filtrados, el responsable de asuntos económicos de sanidad en Canarias intentó imponer un mínimo de rigor: comprobar la calidad de las mascarillas antes de proceder al desembolso de dinero público.

Una medida de sentido común que, sin embargo, chocó contra la voluntad política.

“No te preocupes, que yo ya le he trasladado la excepcionalidad de esta factura”, rezan los mensajes enviados a Koldo, el asesor que parece ser el nexo de todos los caminos. Esta frase es, por sí sola, una confesión de parte.

¿Qué hacía que esa factura fuera excepcional? ¿Por qué se debía hacer la “vista gorda” con una empresa que enviaba fotografías de dudosa procedencia en lugar de fichas técnicas oficiales? Los informes subrayan la valentía de funcionarias que se negaron a firmar pagos por material que carecía de controles mínimos, viendo cómo sus superiores jerárquicos las puenteaban para satisfacer los compromisos adquiridos con la trama.

El Negocio del Aire: Tests, Aeropuertos y Mensajes en Clave

La trama no se limitaba a las mascarillas. El informe detalla una estrategia mucho más ambiciosa: el control de los aeropuertos. E

n noviembre de 2020, en un momento en que el turismo en las islas agonizaba, el presidente canario necesitaba una apertura.

Lo lógico, en una democracia institucionalizada, habría sido una llamada directa al Palacio de la Moncloa o al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los mensajes sugieren una vía mucho más sinuosa.

Se habla de reuniones con “Salvador” y “Pedro”, nombres que apuntan a la cúpula del Gobierno central. Lo inquietante no es la reunión en sí, sino quién la gestiona.

Si la trama es la que media para conseguir que se aprueben tests de antígenos o PCR en los aeropuertos, lo que se está negociando no es una política pública, sino un nicho de mercado exclusivo.

El “abre el vino” que Torres envió a Koldo tras lograr que se aceptaran mascarillas deficientes (las famosas “fake” que se quedaron en stock a cambio de una rebaja irrisoria) no es una expresión institucional

. Es el lenguaje de quienes comparten una victoria que no pertenece al interés general, sino al beneficio particular.

El Fantasma de la Financiación Ilegal

Más allá de la responsabilidad individual, la sombra de la sospecha se alarga hacia la estructura del partido.

La Audiencia Nacional no solo investiga el lucro cesante o el enriquecimiento de comisionistas; también rastrea si estos movimientos de dinero sirvieron para una presunta financiación ilegal.

La defensa de Ángel Víctor Torres se basa en que él solo buscaba lo mejor para su comunidad en un momento de caos. No obstante, los analistas y la oposición coinciden en que los hechos demuestran lo contrario: la trama se lucró gracias a sus gestiones personales.

La pregunta que ahora debe responder la justicia es si el presidente lo hacía por una lealtad mal entendida, por una orden superior para “proteger” el flujo de fondos, o si había algo más.

Este caso no es solo una cuestión de mascarillas defectuosas o de favores entre amigos.

Es el retrato de una forma de gobernar donde la institucionalidad se diluye en mensajes de WhatsApp y donde el “Abre el vino” resuena como un brindis amargo sobre las cenizas de la ética pública.

Mientras el Pirulí sigue emitiendo su señal, la señal que llega desde los tribunales es mucho más nítida: nadie debería estar por encima de la ley, ni siquiera cuando se invoca la excepcionalidad para justificar lo injustificable.