En el Gobierno dan prácticamente por hecho que la senda fiscal será rechazada en el Congreso.

Precisamente el día, 17 de noviembre, en que la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, declara ante el juez que la investiga por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles dentro de la cloaca socialista, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a las comunidades autónomas para dar inicio al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Un proyecto que, dada la fragilidad parlamentaria del Gobierno y la reciente ruptura con Junts, parte con escasas posibilidades de obtener los apoyos necesarios. Aun así, el Ejecutivo está dispuesto a presentarlo para, al menos, monopolizar el foco mediático y relegar a un segundo plano los casos que lo acorralan y que avanzan en los tribunales.

La intención del Gobierno es que, tras la reunión con los consejeros territoriales, el Consejo de Ministros apruebe la senda de estabilidad, de modo que la votación de los objetivos pueda celebrarse en la última semana de noviembre. No obstante, fuentes gubernamentales admiten que no pueden garantizar la presentación de las Cuentas Públicas antes de que termine el año.

En el Gobierno dan prácticamente por hecho que la senda fiscal será rechazada en el Congreso.

Aun así, no les preocupa ya que tras las dos votaciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, su plan es elaborar los Presupuestos sobre la base del marco fiscal del año anterior.

Con ello, el Ejecutivo aspira a estirar los plazos y ganar margen para negociar con sus socios mientras opera sin nuevas cuentas, proyectando la apariencia de actividad y tratando de contener el impacto de los titulares que puedan generar la causa del fiscal general del Estado, ya vista para sentencia, el juicio contra la ‘fontanera’ del PSOE y el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, previsto para mediados de febrero.

Los socios del Gobierno tienen claro que no están dispuestos a ofrecer sus apoyos a cambio de un cheque en blanco y que forzarán al máximo las negociaciones para arrancar los compromisos que Pedro Sánchez les puso sobre la mesa en los acuerdos de investidura.

En este tablero, Podemos y Junts se erigen como los interlocutores más difíciles, justo cuando, hace apenas unos días, el partido de Carles Puigdemont trataba de convencer a su electorado de que la relación con el Ejecutivo estaba rota y sin retorno.

Una afirmación que quedó en evidencia pocas horas después, cuando Junts salvó al Gobierno al abstenerse en una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible destinada a prolongar la vida útil de centrales nucleares como la de Almaraz.

La Ofensiva de Hacienda: Iniciando el Camino Presupuestario en un Clima de Tensión

El calendario político español ha marcado el 17 de noviembre de 2025 como un día de doble significado para el Gobierno de coalición. Mientras la atención mediática se dividía entre las citas judiciales que rodean a figuras cercanas al PSOE y el pulso institucional, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, daba un paso decisivo y cargado de simbolismo: la convocatoria a las comunidades autónomas para iniciar formalmente el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este movimiento no es casual. El Ejecutivo, consciente de la fragilidad de su base parlamentaria tras la reciente y publicitada “ruptura” con Junts, y enfrentando un panorama judicial complejo, opta por la estrategia de la actividad institucional.

Al poner en marcha la maquinaria de los Presupuestos, el Gobierno busca monopolizar el foco mediático, proyectando una imagen de gestión activa y relegando a un segundo plano las noticias menos favorables que avanzan en los tribunales, como la investigación en torno a la llamada ‘fontanera’ del PSOE o los casos que conciernen a otras figuras relevantes.

II. La Ruta de la Estabilidad Fiscal: Un Rechazo Asumido como Paso Táctico

Tras la reunión con los consejeros territoriales, la intención inmediata del Gobierno es llevar la senda de estabilidad presupuestaria (el marco fiscal) al Consejo de Ministros para que pueda ser votada en el Congreso de los Diputados durante la última semana de noviembre. Sin embargo, las expectativas en el seno del Ejecutivo son notablemente bajas. Fuentes gubernamentales admiten que dan prácticamente por hecho que la senda fiscal será rechazada en la Cámara Baja.

Lo sorprendente no es el previsible rechazo, dada la actual aritmética parlamentaria, sino la calma con la que esta derrota es anticipada por el Gobierno. Este desinterés aparente se debe a una hábil interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La estrategia del Gobierno se basa en un mecanismo de supervivencia y negociación a largo plazo:

Rechazo Programado: Permitir que la senda fiscal sea rechazada por el Congreso, cumpliendo así con la primera de las dos votaciones obligatorias.

Base Presupuestaria Alternativa: Utilizar la legislación vigente, que permite al Ejecutivo elaborar los Presupuestos Generales del Estado sobre la base del marco fiscal del año anterior si la propuesta actual no supera los trámites parlamentarios.

Esta maniobra es puramente táctica. Al optar por una senda ya aprobada, el Ejecutivo se asegura la capacidad técnica de elaborar y presentar las Cuentas Públicas.

Lo que realmente persigue el Gobierno de Pedro Sánchez es estirar los plazos y ganar un margen de negociación crucial.

Operar sin unos nuevos presupuestos aprobados le permite mantener las cuentas prorrogadas, proyectando una apariencia de actividad mientras el tiempo corre a su favor para renegociar con sus socios sin la presión inmediata de un plazo fatal.

III. El Complejo Tablero de Negociación: Podemos y Junts

El éxito de la estrategia gubernamental reside ahora en su capacidad para tejer acuerdos con sus socios de investidura, un grupo que ha dejado claro que no están dispuestos a ofrecer sus apoyos a cambio de un cheque en blanco.

Las negociaciones se perfilan como intensas y forzadas, con los socios presionando al máximo para arrancar los compromisos políticos y económicos que el presidente Sánchez prometió en los pactos iniciales.

En este tablero de ajedrez político, dos formaciones emergen como los interlocutores más difíciles y cruciales: Podemos y Junts.

3.1. Junts: La Paradoja de la Ruptura

El partido de Carles Puigdemont presenta la mayor paradoja. Hace apenas unos días, Junts insistía ante su electorado en que la relación con el Gobierno central estaba “rota y sin retorno”.

Esta afirmación, sin embargo, quedó rápidamente desacreditada por sus propias acciones. Pocas horas después de proclamar la ruptura, Junts demostró su relevancia y su disposición a influir al salvar al Gobierno en un momento clave. Su abstención en una enmienda del Partido Popular a la Ley de Movilidad Sostenible (una enmienda destinada a prolongar la vida útil de centrales nucleares como la de Almaraz) fue un salvavidas indirecto para el Ejecutivo.

Este episodio dejó una lección clara: Junts opera bajo una dualidad estratégica. Mientras mantienen una retórica de confrontación para contentar a su base más radical, en la práctica, saben que su poder reside en ser el voto bisagra indispensable en Madrid. Junts utilizará la amenaza de la ruptura como moneda de cambio para obtener contraprestaciones específicas, especialmente en el ámbito territorial y económico, haciendo que cada negociación de ley, y ahora la presupuestaria, se convierta en una odisea para el Gobierno.

3.2. Podemos: El Socio Exigente

Podemos, a pesar de su distancia del núcleo duro del Ejecutivo, sigue siendo un actor vital en el bloque de la investidura.

Su posición siempre es de máxima exigencia, buscando incluir medidas de alto impacto social y político en las cuentas.

Podemos utilizará su influencia para asegurar partidas específicas y políticas sociales que marquen la diferencia y justifiquen su apoyo ante su electorado, convirtiéndose en otro punto de fricción constante para Montero y Sánchez.

V. La Carrera Contra el Calendario y los Desafíos Judiciales

Mientras el Gobierno negocia con sus socios para aprobar finalmente los Presupuestos, el calendario no se detiene. Fuentes gubernamentales han admitido que no pueden garantizar la presentación de las Cuentas Públicas antes de que termine el año, lo que refuerza la idea de que la prórroga presupuestaria es el escenario más probable para iniciar 2026.

Este estiramiento de los plazos busca también minimizar la superposición de la actividad política con la judicial. El Gobierno intenta ganar margen de maniobra mientras importantes causas judiciales se acercan a momentos decisivos:

La causa del Fiscal General del Estado: Ya está vista para sentencia.

El juicio contra la ‘fontanera’ del PSOE: Un proceso que acorrala al partido en el poder.

El juicio del hermano del Presidente, David Sánchez: Previsto para mediados de febrero, promete generar una intensa atención mediática que el Ejecutivo prefiere evitar.

Al priorizar la imagen de gestión activa (iniciando los PGE) y asumir el rechazo inicial del marco fiscal, el Gobierno de Sánchez está implementando una estrategia de contención y desgaste.

El objetivo no es solo aprobar unos presupuestos, sino sobrevivir a la tormenta política y judicial, utilizando la gestión económica como un escudo mediático para navegar la compleja realidad parlamentaria y los desafíos legales que avanzan sin tregua. La aprobación de los PGE no será un acto administrativo, sino una victoria política que deberá ser negociada al milímetro, a un coste político y territorial que aún está por definirse.