Una decisión judicial que sacude los cimientos institucionales

La investigación que rodea al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha entrado en una fase decisiva.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado un paso clave al acordar la apertura de una pieza separada y secreta para analizar los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos que el propio fiscal general eliminó de su teléfono móvil y de su cuenta de correo.

La relevancia del movimiento no es menor.

Por primera vez, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo tienen en sus manos información digital recuperada directamente de WhatsApp y Google, remitida desde Irlanda tras una comisión rogatoria internacional.

El contenido, ahora bajo secreto de sumario, puede convertirse en una pieza clave dentro de una de las investigaciones más delicadas de los últimos años.

El origen del caso: una filtración bajo la lupa

Álvaro García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información que afectaría a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El caso, de enorme impacto político y mediático, ha situado al máximo responsable del Ministerio Fiscal en una posición inédita.

La causa no solo apunta a una posible irregularidad concreta, sino que plantea un debate más amplio sobre el uso de información reservada, la responsabilidad institucional y los límites del poder dentro de la Justicia española.

La comisión rogatoria que lo cambia todo

El 20 de enero de 2025, el magistrado Ángel Hurtado acordó librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales irlandesas, país donde se encuentran las sedes europeas de WhatsApp y Google.

El objetivo era claro: recuperar todos los datos que aún obraran en poder de estas plataformas, incluso después de que el investigado hubiera borrado su contenido.

La solicitud fue precisa y exhaustiva.

Incluía mensajes enviados y recibidos, copias de seguridad de chats y archivos multimedia, registros de comunicaciones, metadatos como fechas y horas, así como respaldos de aplicaciones y dispositivos vinculados a la cuenta de Google del fiscal general.

Durante semanas, la incógnita fue si las autoridades irlandesas responderían de forma efectiva a una petición tan sensible.

La respuesta llegó el 22 de abril, cuando la documentación fue remitida a través de Eurojust, confirmando que la comisión rogatoria había sido exitosa.

Un archivo ZIP bajo máxima vigilancia

La información recuperada llegó en un archivo comprimido (ZIP) que ahora se encuentra bajo custodia judicial.

Según el auto del Tribunal Supremo, este material requiere un análisis pericial especializado, tarea que ha sido encomendada directamente a la UCO.

El magistrado ha dejado claro que no se trata de un acceso indiscriminado a la vida digital del investigado.

El análisis, al menos en esta primera fase, queda estrictamente acotado a un periodo concreto: del 8 al 14 de marzo de 2024, la semana considerada clave dentro de la investigación.

Por qué esas fechas son tan importantes

El intervalo temporal no es casual.

Es en esos días cuando, según la investigación, podrían haberse producido los hechos relacionados con la presunta filtración de información.

El Tribunal Supremo busca determinar quién habló con quién, qué se dijo y cómo circuló la información en ese periodo concreto.

Sin embargo, el propio magistrado deja una puerta abierta que ha generado enorme expectación: el límite temporal es “por ahora”.

Si del análisis preliminar se desprenden indicios relevantes, el periodo podría ampliarse hacia atrás o hacia adelante.

Secreto de sumario: silencio absoluto durante un mes

Para garantizar la eficacia de la investigación, el Tribunal Supremo ha decretado el secreto de sumario durante un mes sobre esta pieza separada.

Solo los investigadores y el magistrado instructor tendrán acceso al contenido mientras se realiza el análisis pericial.

La decisión no es nueva en la causa.

Hurtado ya había argumentado en autos anteriores que, cuando se manejan datos sensibles y material digital de alto impacto, el secreto resulta imprescindible para evitar filtraciones, interpretaciones prematuras o interferencias externas.

La UCO entra en escena

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil será la encargada de examinar el contenido del archivo.

El encargo no es menor: deberán elaborar un informe de inteligencia que detalle el avance del análisis, informando al magistrado con una periodicidad que no exceda de cinco días.

El trabajo de la UCO se centrará en identificar comunicaciones relevantes, reconstruir conversaciones eliminadas y contextualizar los mensajes dentro de los hechos investigados.

Todo ello bajo estrictos límites judiciales.

El intento de frenar la investigación

Álvaro García Ortiz intentó en su momento frenar esta vía de investigación recurriendo el auto que autorizaba la comisión rogatoria.

Su defensa alegó una supuesta indeterminación en las diligencias, argumentando que se trataba de una búsqueda demasiado amplia.

El Tribunal Supremo rechazó ese planteamiento. En su resolución, Hurtado aclaró que no se confundía la solicitud de información con su posterior análisis, y que los límites estaban perfectamente definidos tanto en el objeto como en el periodo temporal investigado.

La gran incógnita: ¿con quién hablaba el fiscal general?

Más allá del contenido concreto de los mensajes, una de las grandes preguntas que planea sobre la investigación es con quién se comunicaba Álvaro García Ortiz durante esos días clave.

El análisis podría revelar intercambios con otros altos cargos institucionales, lo que multiplicaría el alcance político y judicial del caso.

Aunque por ahora todo son hipótesis, el propio auto judicial reconoce que el resultado del análisis podría derivar en nuevas líneas de investigación si se detectan indicios de otros posibles delitos.

Una posible caja de Pandora

Fuentes jurídicas subrayan que el análisis de los mensajes borrados podría convertirse en una auténtica caja de Pandora.

Si del contenido se desprenden hechos distintos a la revelación de secretos, el Tribunal Supremo tendría que valorar la apertura de nuevas diligencias.

El escenario no está descartado por el propio magistrado, que insiste en la necesidad de actuar con prudencia, pero sin cerrar ninguna puerta antes de conocer el resultado del informe pericial.

Un caso con enorme impacto político

La investigación no se desarrolla en el vacío.

Llega en un contexto político especialmente tenso, con una elevada polarización y una constante atención mediática sobre las instituciones del Estado.

Que el fiscal general se encuentre en el centro de una causa penal añade una presión inédita al sistema.

Por ello, cada paso del Tribunal Supremo es analizado con lupa, tanto por el ámbito jurídico como por el político y mediático.

Prudencia judicial frente a expectación pública

El magistrado Hurtado insiste en la necesidad de prudencia.

El hecho de que se hayan recuperado mensajes no implica automáticamente la existencia de irregularidades.

Todo dependerá del contenido, del contexto y de su relación directa con los hechos investigados.

Mientras tanto, el secreto de sumario impide conocer detalles, alimentando la expectación y las especulaciones, pero garantizando la limpieza del proceso.

Lo que viene ahora

Durante las próximas semanas, la UCO analizará minuciosamente el archivo recibido desde Irlanda.

El magistrado recibirá informes periódicos y, en función de sus conclusiones, decidirá los siguientes pasos.

El caso se encuentra en un punto de inflexión.

La información digital recuperada puede confirmar las sospechas iniciales, disiparlas o abrir escenarios completamente nuevos.

Una investigación que marca un antes y un después

Sea cual sea el desenlace, el caso de Álvaro García Ortiz ya ha marcado un precedente.

La capacidad de la Justicia para recuperar información digital borrada y someterla a control judicial refuerza un mensaje claro: en la era digital, nada desaparece del todo.

El Supremo avanza con cautela, consciente de que cada decisión tiene implicaciones profundas.

Y mientras el análisis sigue su curso bajo el más estricto secreto, una pregunta resuena con fuerza en el panorama judicial y político: ¿qué revelarán realmente esos mensajes?