Feijóo admite ante la jueza de la dana que no recibió información “en tiempo real” de Carlos Mazón

El líder del PP rectifica su versión inicial y reconoce que su primer contacto con el president valenciano fue a las 19:59 del día de la catástrofe

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024 ha marcado un punto de inflexión en el relato político construido durante más de un año en torno a una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

El presidente del Partido Popular reconoció ante el juzgado de Catarroja que no tuvo información “en tiempo real” por parte de Carlos Mazón durante la jornada del desastre, en contradicción directa con sus declaraciones públicas realizadas en los días posteriores a la catástrofe.

La dana, que provocó la muerte de 230 personas y dejó una profunda huella social, continúa siendo objeto de una investigación judicial compleja, en la que se analizan tanto decisiones adoptadas como posibles omisiones en la gestión de la emergencia.

En ese contexto, la comparecencia de Feijóo como testigo, realizada por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados, ha adquirido una relevancia que trasciende lo estrictamente judicial.

La rectificación ante la jueza y el cambio de relato

Durante su declaración, Feijóo explicó que fue él quien tomó la iniciativa de contactar con Carlos Mazón a las 19:59 horas del 29 de octubre, alarmado por la gravedad de las informaciones que comenzaban a trascender sobre el temporal.

Reconoció que antes de ese momento no había existido comunicación previa entre ambos, lo que desmiente su afirmación inicial de haber estado informado de manera constante durante toda la jornada.

Este reconocimiento supone un giro significativo respecto a la versión que el líder del PP había defendido públicamente, cuando aseguró que el president de la Generalitat Valenciana le había mantenido al tanto de la situación “en tiempo real”.

Ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Feijóo admitió que aquella afirmación no se correspondía con la realidad de los hechos tal y como ahora los describe.

La pregunta clave: dónde estaba Mazón

Uno de los momentos centrales de la comparecencia se produjo cuando la jueza preguntó expresamente a Feijóo si sabía dónde se encontraba Carlos Mazón cuando este le envió un mensaje a las 20:09 horas advirtiéndole de que la noche iba a ser “larga”.

El presidente del PP respondió que desconocía el paradero del jefe del Ejecutivo valenciano en ese momento.

Esta respuesta refuerza una de las líneas de investigación que trata de esclarecer el grado de implicación directa del president en la gestión de la emergencia durante las horas más críticas del temporal.

La falta de información sobre su ubicación y sobre su participación efectiva en los órganos de coordinación ha generado numerosas preguntas tanto en el ámbito judicial como en el político.

Contactos políticos y ausencia de información operativa

En su testimonio, Feijóo señaló que esa misma noche mantuvo contactos por WhatsApp con otros presidentes autonómicos, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con el objetivo de interesarse por la evolución del temporal en sus respectivos territorios.

Sin embargo, subrayó que ninguna de las conversaciones que mantuvo le aportó información relevante sobre la gestión concreta de la emergencia en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, negó haber tenido contacto alguno con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.

Feijóo también reconoció que no tenía conocimiento de la convocatoria del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, ni de las personas que participaron en la reunión celebrada en l’Eliana durante la tarde y la noche del 29 de octubre.

La gestión de la emergencia y el reparto de competencias

En el plano político, el líder del PP criticó al Gobierno central por no haberle informado de la situación pese a su condición de jefe de la oposición.

No obstante, la jueza le recordó que la gestión de la emergencia correspondía, en primera instancia, a la administración autonómica, extremo que Feijóo admitió.

El presidente del PP sostuvo que la dana constituía un “supuesto clarísimo de emergencia nacional” y defendió que el Ministerio del Interior debería haber asumido el control de la situación.

Esta afirmación enlaza con una de las controversias más persistentes tras la tragedia: la delimitación de responsabilidades entre administraciones y el momento en el que debieron activarse determinados mecanismos estatales.

La polémica por la declaración telemática

La decisión de Feijóo de declarar por videoconferencia ha generado críticas por parte de varias acusaciones populares y de asociaciones de víctimas, que solicitaron que la comparecencia se realizara de manera presencial en el juzgado de Catarroja.

Argumentaron que otros cargos públicos, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí acudieron físicamente a declarar.

La jueza, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitió la declaración telemática, dado que la normativa reconoce ese derecho a diputados y senadores.

Aun así, la controversia ha añadido un componente simbólico al proceso, en un contexto marcado por la sensibilidad de las víctimas y sus familiares.

El foco judicial: indicios y posibles omisiones

La comparecencia de Feijóo se produce un día después de que la Audiencia Provincial de Valencia rechazara el sobreseimiento de la causa, avalando la continuidad de la investigación contra Salomé Pradas y otros responsables.

En su resolución, seis magistrados detallaron una serie de indicios que apuntan a posibles conductas omisivas durante la gestión de la emergencia.

Entre esos indicios figuran la alerta roja emitida por la Aemet en la mañana del 29 de octubre, la información sobre el aumento de caudales facilitada por la Confederación Hidrográfica, las más de 20.000 llamadas recibidas por el 112 y el envío tardío de la alerta a la población.

La resolución también señala la retirada de personal encargado de medir los caudales de los ríos y la falta de activación de los planes municipales de emergencia en numerosos ayuntamientos.

Reacciones políticas y desgaste del liderazgo

Las reacciones a la declaración de Feijóo no se han hecho esperar. Desde distintos ámbitos se ha subrayado la contradicción entre su relato inicial y el expuesto ante la jueza, interpretándolo como un factor de desgaste para su liderazgo político.

Analistas y representantes de la oposición han señalado que la admisión de no haber contado con información “en tiempo real” debilita la estrategia mantenida por el PP durante meses.

Algunos estudios demoscópicos recientes apuntan a un descenso en la intención de voto del Partido Popular a nivel nacional, así como a una caída en la valoración de Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.

En ese contexto, la Comunitat Valenciana sigue siendo considerada un territorio clave para las aspiraciones electorales del PP, lo que añade presión al partido ante la evolución del caso.

La voz de las víctimas y la exigencia de verdad

Las asociaciones de víctimas han reiterado que su principal demanda no es política, sino de verdad y justicia.

Para muchos familiares, la rectificación de Feijóo confirma que durante meses se sostuvo un relato que no se correspondía con los hechos reales, mientras ellos trataban de reconstruir lo ocurrido en las horas previas y posteriores a la tragedia.

Desde estas asociaciones se insiste en que la investigación judicial debe llegar hasta el final y esclarecer por qué no se activaron antes los mecanismos de alerta y protección a la población, y por qué se produjeron decisiones que pudieron agravar las consecuencias del temporal.

Un proceso abierto con consecuencias aún imprevisibles

La declaración de Alberto Núñez Feijóo no cierra ninguna de las incógnitas principales del caso, pero sí introduce un elemento clave en el debate público: la admisión de que la información no circuló de la manera en que se afirmó inicialmente.

A partir de ahora, el foco seguirá puesto en la evolución de la instrucción judicial y en las responsabilidades políticas que puedan derivarse de ella.

A más de un año de la dana, la herida sigue abierta en la Comunitat Valenciana.

El proceso judicial avanza lentamente, mientras el debate político continúa, condicionado por una tragedia que dejó 230 víctimas mortales y que sigue exigiendo respuestas claras.