Hablan los abogados de Anabel Pantoja: qué hay realmente detrás de la investigación por las lesiones de su hija Alma

El caso que rodea a Anabel Pantoja, su hija recién nacida Alma y su pareja, David Rodríguez, ha entrado en una fase decisiva marcada por una palabra clave: cautela.

Cautela jurídica, cautela mediática y, sobre todo, cautela social ante una investigación que afecta a una menor y que ha generado una enorme inquietud pública desde que se conoció la apertura de diligencias para esclarecer el origen de unas lesiones detectadas durante el ingreso hospitalario de la bebé.

En medio del ruido, los abogados de Anabel Pantoja han decidido romper su silencio.

Lo han hecho con un mensaje claro y contundente: no existe, aseguran, ninguna sospecha de maltrato infantil en el sentido intencional del término.

Una afirmación que busca frenar la avalancha de interpretaciones, titulares y debates que han ido creciendo desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmara oficialmente la existencia de una investigación en curso.

El comunicado que marca un punto de inflexión

El equipo legal de Anabel, encabezado por las letradas Mercedes Ruiz Rico e Irene Orribas, trasladó su posición a través de una conversación con la revista Hola, medio elegido para fijar una primera versión jurídica de los hechos.

Su mensaje principal apunta directamente a la protección futura de la menor y al daño irreversible que, según subrayan, puede generar la exposición mediática de una situación todavía no resuelta.

Las abogadas insisten en que Alma es una bebé de apenas semanas y que, dentro de unos años, tendrá acceso a todo lo que hoy se está publicando sobre ella y sus padres.

Por eso consideran inaceptable que se esté hablando públicamente de maltrato cuando no existe, a su juicio, una conclusión judicial que respalde esa afirmación.

El núcleo de su defensa se apoya en una idea clave: la apertura de diligencias responde a un protocolo de protección del menor, no a una acusación firme ni a una imputación penal en sentido estricto.

Protocolo sí, acusación no

Aquí se sitúa uno de los grandes puntos de fricción del debate público.

Mientras el equipo legal insiste en que se trata de un procedimiento preventivo habitual, diversos profesionales sanitarios y judiciales han recordado en los últimos días que este tipo de protocolos no se activan de forma automática cada vez que un menor ingresa con lesiones.

Según explican fuentes médicas y forenses citadas en programas de actualidad, el protocolo se pone en marcha cuando las lesiones observadas no encajan plenamente con el relato facilitado por los progenitores o cuidadores.

Es decir, no se trata de un trámite rutinario, sino de una medida de verificación cuando existen dudas clínicas razonables sobre el origen de las lesiones.

Este matiz es esencial para entender el alcance real del procedimiento.

No implica culpabilidad, pero sí una obligación legal de investigar.

Dos informes médicos y una decisión judicial

Uno de los datos más relevantes que han trascendido es la existencia de dos informes médicos independientes: el del hospital y el del Instituto de Medicina Legal, elaborado tras la intervención de un médico forense.

Ambos informes coinciden en señalar la necesidad de aclarar cómo se produjeron las lesiones detectadas en la bebé.

La investigación no se inició de forma inmediata.

Según se ha explicado, transcurrió aproximadamente una semana desde el ingreso de la menor hasta que se formalizó el parte remitido al juzgado.

Durante ese tiempo se realizaron pruebas, evaluaciones clínicas y valoraciones forenses que llevaron a la conclusión de que era necesario abrir diligencias para esclarecer los hechos.

Tras las declaraciones de Anabel Pantoja y David Rodríguez ante la autoridad judicial, no se adoptaron medidas cautelares. La menor permanece con sus padres y no se ha planteado en ningún momento la retirada de la custodia, un dato que los abogados consideran fundamental para desmontar algunas interpretaciones alarmistas.

La intervención del Tribunal Superior de Justicia

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de emitir un comunicado oficial supuso otro punto de inflexión.

Según explicaron fuentes judiciales, la nota de prensa se publicó ante la proliferación de informaciones imprecisas y rumores que circulaban ya en el ámbito local y amenazaban con expandirse a nivel nacional.

El comunicado se limitó a confirmar hechos objetivos: la existencia de una investigación, la toma de declaración a los progenitores y la ausencia de detenciones o medidas cautelares.

No se identificó a la menor ni se entró en valoraciones sobre culpabilidad.

Sin embargo, su publicación provocó un debate intenso sobre el papel de las instituciones judiciales cuando un caso sensible trasciende al ámbito mediático, especialmente cuando involucra a una figura pública.

El papel de los medios y la línea roja

La filtración inicial de la investigación por parte de un medio local y la posterior difusión de detalles médicos han abierto un profundo debate ético dentro del propio periodismo.

¿Hasta dónde se puede informar cuando hay una menor implicada? ¿Dónde está la frontera entre el interés público y el derecho a la intimidad?

Desde distintos espacios televisivos se ha subrayado que informar sobre una investigación judicial es legítimo cuando existe confirmación oficial, pero también se ha advertido del riesgo de convertir una diligencia preventiva en un juicio paralelo que marque para siempre a una familia.

Los abogados de Anabel Pantoja han sido especialmente duros con la difusión de diagnósticos médicos concretos, que consideran inadmisibles y potencialmente perjudiciales tanto para la menor como para su entorno familiar.

¿Qué puede ocurrir ahora?

Fuentes judiciales apuntan a que la investigación continuará en el juzgado territorialmente competente, donde se analizarán las declaraciones, los informes médicos y cualquier otra prueba relevante, como registros clínicos o posibles imágenes de cámaras de seguridad.

En este tipo de procedimientos, los plazos suelen ser breves cuando no existen indicios de riesgo inmediato para el menor.

De confirmarse que las lesiones tienen un origen accidental compatible con las explicaciones ofrecidas, el archivo de las diligencias podría producirse en un plazo relativamente corto.

No obstante, cualquier conclusión dependerá exclusivamente de la valoración judicial, no del debate mediático ni de la presión social.

Presunción de inocencia y protección del menor

En el centro de todo este proceso hay una realidad que nadie discute: la prioridad absoluta es el bienestar de la bebé.

Por eso, tanto la Fiscalía como los jueces actúan con especial rigor cuando se trata de menores, incluso a costa de generar incomodidad o exposición pública.

La apertura de diligencias no implica culpabilidad, pero sí refleja un sistema que antepone la prevención a cualquier otra consideración.

En ese equilibrio delicado entre protección y señalamiento es donde se está jugando ahora el futuro inmediato del caso.

Mientras tanto, Anabel Pantoja y David Rodríguez continúan con su vida en un contexto de enorme presión mediática, a la espera de que la investigación esclarezca definitivamente qué ocurrió y permita cerrar un episodio que, más allá de titulares y debates televisivos, afecta a lo más sensible: la intimidad y la salud de una niña.