La polémica por los mensajes de la DANA reabre el debate sobre la responsabilidad política y judicial en Valencia

La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que golpeó con fuerza a la Comunidad Valenciana sigue sumando capítulos y ampliando su alcance público.

Esta semana, el foco volvió a situarse en los mensajes intercambiados durante las horas críticas de la emergencia, tras varias intervenciones televisivas que han reavivado el debate sobre la colaboración institucional, la transparencia y el papel de los principales responsables políticos.

Durante la emisión del programa Mañaneros 360, el abogado de las víctimas, Ximo Esteve, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, expusieron argumentos que cuestionan la actitud del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la causa abierta en el juzgado de Catarroja.

Sus declaraciones han tenido un notable impacto mediático y han vuelto a colocar la tragedia en el centro del debate nacional.

Una investigación que sigue abierta

La jueza que instruye el caso continúa analizando las comunicaciones mantenidas durante la tarde y la noche en que se produjeron las inundaciones.

El objetivo, según fuentes jurídicas, es reconstruir con precisión qué información manejaban los distintos responsables y en qué momento se tomaron determinadas decisiones clave.

En este contexto, la figura de Feijóo ha adquirido una relevancia creciente, no tanto por su presencia directa en el dispositivo de emergencias, sino por las conversaciones mantenidas con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón.

Parte de esos mensajes ya han sido remitidos al juzgado mediante acta notarial, aunque desde la acusación se insiste en que la documentación aportada no estaría completa.

La petición de una comparecencia presencial

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la forma en la que Feijóo declarará ante la jueza.

Amparándose en la ley, el dirigente popular puede hacerlo desde su despacho en el Congreso, una opción que ha sido cuestionada por la acusación particular.

Ximo Esteve defendió públicamente que una comparecencia presencial en el juzgado garantizaría mayores condiciones de igualdad procesal y permitiría un mejor desarrollo del interrogatorio.

Desde su punto de vista, la gravedad de los hechos y el respeto a las víctimas justificarían un formato más directo y solemne.

Sin embargo, desde el entorno del Partido Popular se recuerda que la ley contempla expresamente esta posibilidad y que acogerse a ella no implica falta de colaboración con la justicia.

El debate político se intensifica

Más allá del ámbito judicial, el caso ha tenido un fuerte eco político.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha acusado al Partido Popular de haber protegido políticamente a Mazón durante meses y de minimizar las contradicciones detectadas en sus explicaciones públicas sobre la gestión de la emergencia.

Según esta formación, los mensajes conocidos hasta ahora evidenciarían discrepancias entre lo que se comunicó en su momento a la ciudadanía y la información real disponible durante la DANA.

Estas críticas se suman a las ya expresadas en comisiones parlamentarias y debates institucionales.

Desde sectores del PP se rechaza esta interpretación y se defiende que las decisiones se tomaron en un contexto de gran complejidad, con información cambiante y bajo una presión extraordinaria.

Mensajes, tiempos y responsabilidades

Uno de los elementos centrales de la controversia es el momento en el que se tuvo constancia de la gravedad de la situación y del alcance de los daños personales y materiales.

Para la acusación y para Compromís, aclarar esta cronología es esencial para determinar si existieron retrasos evitables o fallos de coordinación.

El análisis de los mensajes podría aportar luz sobre estos aspectos, aunque expertos en derecho recuerdan que no toda contradicción política tiene necesariamente relevancia penal.

Será la jueza quien determine qué hechos pueden tener consecuencias jurídicas y cuáles quedan en el ámbito de la responsabilidad política.

Un contexto social aún sensible

La DANA dejó una profunda huella en numerosos municipios valencianos, con importantes daños materiales y un fuerte impacto emocional en las comunidades afectadas.

Para muchas familias, el proceso judicial representa no solo una vía para depurar responsabilidades, sino también una forma de obtener respuestas claras sobre lo ocurrido.

Por ello, cada novedad relacionada con la investigación genera una atención especial y reabre un debate que sigue muy presente en la sociedad valenciana.

Entre la legalidad y la percepción pública

El caso pone de relieve una tensión recurrente en la vida pública: la diferencia entre lo que es legalmente posible y lo que resulta socialmente esperado.

Mientras algunos defienden que cumplir estrictamente la ley es suficiente, otros sostienen que determinadas situaciones requieren gestos adicionales de transparencia y cercanía con las víctimas.

En las próximas semanas, la evolución de la causa y la eventual incorporación de nuevos documentos o testimonios serán determinantes para aclarar el alcance real de las responsabilidades y para valorar el impacto político de una tragedia que, más de un año después, sigue generando preguntas.