Alarma Global: Un Informe Revela el Atropello Regulatorio de Hacienda
España se encuentra en una posición de extrema alarma en cuanto al trato que su sistema tributario otorga a los ciudadanos que sostienen el Estado.

Según un demoledor informe del Foro de Regulación Inteligente, nuestro país ocupa el puesto 29 de 30 en un indicador sintético de defensa regulatoria del contribuyente entre las naciones desarrolladas de la OCDE. Solo Grecia se sitúa por debajo.

Este dato, que ha hecho temblar los cimientos del debate económico, revela que el desequilibrio de poder entre la Agencia Tributaria (Hacienda) y el contribuyente español es uno de los más pronunciados del mundo desarrollado.

La puntuación obtenida por España es de apenas el 5,47% sobre 10, una cifra que nos aleja drásticamente de economías con sistemas fiscales más estables y respetuosos como Estonia, Lituania o Nueva Zelanda.

“Esto lo que quiere decir es que España… es el peor solo por delante de Grecia en tratar de manera normativa, en atropellar, por así decirlo de otra manera, normativamente a los contribuyentes,” explica nuestro analista económico.

El Régimen de la Arbitrariedad: Tres Pilares de la Persecución Fiscal

El informe del Foro de Regulación Inteligente no solo constata la mala posición de España, sino que desmantela las razones estructurales que generan esta asimetría de poder, desconfianza y erosión de la certidumbre:

1. La Tiranía de la Interpretación Retroactiva
La primera clave radica en la capacidad regulatoria total que se ha otorgado a la Agencia Tributaria. En lugar de limitarse a aplicar las leyes, Hacienda tiene una potestad excesiva para interpretar a placer las distintas normas fiscales.

El problema es que la interpretación puede cambiar de un año para otro, y este cambio de criterio se convierte de facto en retroactivo.

Una práctica o un uso que era válido hasta un momento, puede dejar de serlo para el año siguiente.

Esto da pie a la Agencia Tributaria para abrir inspecciones y multar con carácter retroactivo a los contribuyentes por acciones que, en el momento de ser ejecutadas, se consideraban correctas.

2. El Incentivo Perverso: El Bonus del Inspector
Quizás el aspecto más perverso de la estructura española es el sistema de incentivos que rige para los inspectores fiscales.

Los propios funcionarios de la Agencia Tributaria cuentan con un incentivo económico para la persecución:

Cobran un bonus si abren una inspección fiscal que termina solicitando al contribuyente el pago de nuevos impuestos o multas.

Este bonus se adjudica y se cobra inmediatamente desde el momento en que el inspector decide que el contribuyente debe pagar nuevas cantidades (la conocida ‘paralela’).

Lo más escandaloso es lo que sucede después: si el contribuyente, en desacuerdo con la reclamación, lleva a Hacienda a los tribunales y la justicia le da la razón, el inspector no pierde su bonus. Simplemente “cerrará su asunto y abrirá uno nuevo.”

Este sistema genera un interés espurio en los inspectores para abrir reclamaciones, incluso a sabiendas de que pueden ser injustas o que no se ajustan a derecho.

3. El Silencio Cómplice y la Inversión de la Carga de la Prueba
Otro aspecto de la estructura perversa es la posición inicial de Hacienda:

Hacienda sabe la deuda ex ante: Supuestamente, la Agencia Tributaria sabe desde el primer momento cuánto debe usted o su empresa, pero no se lo dice.

El riesgo es del ciudadano: El contribuyente es quien debe hacer los cálculos.

Si el resultado es igual o superior a lo que sabe Hacienda, no hay problema.

Pero si le sale menos, Hacienda cobra la multa, la inspección y el recargo por haber calculado mal, todo ello sabiendo de antemano el monto correcto.

A esto se suma la presunción de veracidad de la que gozan los funcionarios públicos.

Si un inspector reclama una cantidad, el contribuyente debe inmovilizar ese dinero (sean 2.000, 100.000 o 2 millones de euros) desde el mismo momento en que se le reclama.

Es un dinero con el que no puede contar ni siquiera para su propia defensa legal durante los largos años que puede durar el litigio, a pesar de que el inspector tiene un interés personal en esa inmovilización y cobro.

Casos que Escandalizan al Mundo: De Youtubers a Despachos de Abogados
La situación es tan grave que ha llamado la atención internacional.

Despachos de abogados como Amsterdam and Partners, que ha venido a España, se han mostrado “escandalizados por las acciones, usos y costumbres” de la Agencia Tributaria.

El bufete ha iniciado una “macrocausa” contra Hacienda, demostrando que la legislación tributaria española no ofrece garantías a los contribuyentes ante la controversia.

Los ejemplos de la vida cotidiana reflejan este atropello:

La perplejidad del ciudadano medio: El analista cuenta su propia anécdota personal, donde Hacienda le reclamó un impuesto por la compra de su vivienda, dos años después de la operación, alegando que había pagado menos de lo que el fisco estimaba que valía la casa, a pesar de haberla comprado a precio de mercado y con tasaciones correctas.

Pese a que existían sentencias recientes del Tribunal Supremo que determinaban que este tipo de reclamaciones no se ajustaban a derecho, el inspector siguió adelante, obligando al ciudadano a pagar para evitar un litigio que costaría el mismo dinero que la propia multa, sin garantía de que Hacienda fuera condenada en costas.

El éxodo de las redes: Numerosos youtubers y figuras públicas han optado por marchar a países como Andorra, hartos de la “persecución fiscal” de Hacienda, que les acosa “tengan o no tengan razón”.

Empresarios importantes como José Elías admiten públicamente que tratan de no litigar con Hacienda debido al tiempo y el desgaste que conlleva.

La conclusión del informe es clara y desoladora: El contribuyente en España se ve obligado a litigar mucho, sufrir mucho y pagar mucho.

El hecho de que un alto porcentaje de estos procedimientos acaben fallando a favor del contribuyente no es un consuelo, sino una prueba de la manifiesta inseguridad jurídica en la que vivimos.

El Gasto Laboral Récord y el Gran Hermano Fiscal
Este contexto de opresión fiscal y regulatoria se combina con una presión económica insostenible sobre las empresas y los trabajadores:

Coste Laboral Desorbitado: El coste laboral medio por trabajador y mes ha subido a cifras récord, situándose en 3.111 € en el tercer trimestre, la primera vez que supera los 3.100 € desde el año 2000.

Mientras el salario medio de bolsillo está entre 1.500 y 1.800 €, la gran diferencia (casi el doble) son las cotizaciones e impuestos que las empresas están obligadas a pagar al Estado por el mero hecho de emplear.

Impulso al “Gran Hermano” Digital: El gobierno, impulsado por una “fan regulador e intervencionista,” avanza hacia un “Gran Hermano digital” para controlar la actividad económica.

Proyectos como Verifactu obligarían a un sistema de facturación electrónica que daría al gobierno conocimiento en tiempo real de lo que se factura, cómo y por cuánto. Además, se incita a la ciudadanía a la delación, permitiendo que cualquier cliente denuncie irregularidades mediante un código QR o avisos en la web.

El SMI y la Recaudación: La propuesta sindical de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 7,5% resulta ser más beneficiosa para Hacienda que para el trabajador.

De una subida potencial, solo 32 € irían al bolsillo del trabajador, mientras que 57 € irían a Hacienda, demostrando que la banca estatal “siempre gana.”

En definitiva, España, el país con una de las cuñas fiscales que más ha crecido en el mundo, castiga a sus contribuyentes no solo cobrando mucho, sino ofreciendo las mínimas garantías jurídicas, situándonos a la cola del mundo desarrollado.

La certidumbre, la libertad económica y la prosperidad se ven ahogadas por un sistema que privilegia la recaudación a cualquier coste ético o legal.