¿Justicia Blindada? El Supremo Cierra la Puerta a las Indemnizaciones por la Vacuna

CRÓNICA DE UN DESAMPARO: CUANDO EL ESTADO SE LAVA LAS MANOS ANTE EL DAÑO COLATERAL

I. La Sentencia que Silencia el Dolor

En un giro que muchos califican de traición jurídica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que actúa como un muro infranqueable para miles de ciudadanos.

La resolución es clara y fría: los daños derivados de las inoculaciones contra el COVID-19 no serán indemnizados por el Estado, bajo el argumento de que el beneficio colectivo superaba el riesgo individual.

Esta decisión no es solo un trámite legal; es un golpe devastador para quienes, cumpliendo con su “deber civil”, terminaron con secuelas que han destruido sus vidas.

La urgencia de este reporte radica en la velocidad con la que se intenta normalizar lo que, para muchos expertos, es una vulneración de los derechos fundamentales.

¿Cómo puede un sistema judicial dar la espalda a ciudadanos que ahora enfrentan patologías crónicas tras haber seguido las directrices oficiales?

El silencio administrativo se ha convertido ahora en una doctrina judicial de hierro.

II. El Laberinto de la Responsabilidad: Nadie da la Cara

Lo que estamos presenciando es el juego de “la patata caliente” a nivel institucional.

Por un lado, las farmacéuticas blindaron sus contratos con cláusulas de inmunidad que parecen sacadas de una novela de espionaje.

Por otro, el Gobierno se escuda en que las vacunas no fueron estrictamente “obligatorias” por ley, aunque la presión social y mediática rozara la coacción.

El Supremo, al fallar a favor de la Administración, establece un precedente peligroso: el individuo queda desprotegido frente a las decisiones de salud pública a gran escala.

Las víctimas se encuentran en un limbo jurídico donde las pruebas médicas son ignoradas y el nexo causal es desestimado sistemáticamente por tribunales que parecen más preocupados por la estabilidad económica del Estado que por la justicia humana.

III. El Rostro Humano de la Conspiración del Silencio

Detrás de los expedientes hay nombres y apellidos.

Personas jóvenes que antes eran deportistas y hoy apenas pueden caminar por problemas cardiovasculares o neurológicos.

La conspiración oficial no consiste solo en ocultar datos, sino en deshumanizar a los afectados.

Al negarles la indemnización, se les niega la existencia de su sufrimiento.

El mensaje que se envía desde las altas esferas es aterrador: si usted sufre un daño por una política estatal, deberá cargar con el costo físico, emocional y económico por el resto de su vida.

El “bien común” se ha convertido en la excusa perfecta para eludir la responsabilidad civil.

Esta sentencia del Supremo es el candado final a una caja de Pandora que muchos preferirían que nunca se hubiera abierto.

El Blindaje de los Gigantes: La Letra Pequeña que Condena a las Víctimas

IV. La Inmunidad Contractual: Un Estado de Excepción Permanente

Lo que el Tribunal Supremo ha ratificado no es solo una decisión administrativa, sino el triunfo de un modelo de negocio sobre el derecho a la salud.

Los contratos firmados entre la Unión Europea y las farmacéuticas, bajo un manto de opacidad absoluta, ya preveían este escenario.

El Estado aceptó convertirse en el escudo de las corporaciones.

Al negar las indemnizaciones, el Supremo está protegiendo indirectamente el erario público de una quiebra masiva, pues reconocer un solo caso de efecto adverso grave abriría la puerta a una avalancha de reclamaciones que el sistema no puede —o no quiere— pagar.

Es la “conspiración de la solvencia”: se prefiere sacrificar la vida y la estabilidad de miles de ciudadanos antes que admitir que el sistema falló.

El fallo judicial ignora que el consentimiento informado fue, en la práctica, inexistente, ya que la información sobre los riesgos a largo plazo fue sistemáticamente censurada o calificada como desinformación.

V. El Limbo Biológico: Patologías sin Nombre y Médicos Atados de Pies y Manos

Existe un fenómeno alarmante en los hospitales: el diagnóstico “fantasma”.

Miles de pacientes presentan cuadros de miocarditis, fatiga crónica extrema y trastornos neurológicos que coinciden cronológicamente con la administración de las dosis.

Sin embargo, la directriz interna parece ser evitar a toda costa el vínculo causal. Sin ese vínculo médico oficial, la vía judicial queda muerta antes de empezar.

El Supremo se apoya en esta falta de “evidencia oficial” para denegar las ayudas, creando un círculo vicioso perverso: el Estado no investiga los daños para no tener que reconocerlos, y como no los reconoce, el tribunal no indemniza.

Es una maquinaria de negacionismo institucional que deja a los afectados sin recursos para sus tratamientos, los cuales son, irónicamente, extremadamente costosos.

VI. Hacia un Nuevo Orden de Responsabilidad Cero

Este precedente establece que, en futuras emergencias, el Estado podrá imponer medidas experimentales sin asumir ninguna responsabilidad por las consecuencias.

Estamos ante la erosión definitiva del contrato social.

El ciudadano entrega su cuerpo bajo presión, pero cuando el cuerpo falla, el ciudadano queda solo.

La resistencia ahora se traslada a los tribunales internacionales.

Grupos de abogados y plataformas de afectados están preparando demandas ante el Tribunal de Estrasburgo, alegando que la justicia española ha fallado en proteger el derecho más básico de todos: la integridad física.

La batalla por la verdad solo acaba de empezar, y el Supremo puede haber cerrado una puerta, pero ha abierto una grieta en la confianza de todo un pueblo.