EL EXPEDIENTE IGLESIAS: ¿CONSPIRACIÓN DE ESTADO O ERROR JUDICIAL?

Introducción: El Silencio Roto de una Leyenda

¡Bienvenidos a mi canal! En este video te cuento que Julio Iglesias ha denunciado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó la condición de testigo protegido de forma irregular a las dos exempleadas que le denunciaron por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores.

El artista solicita además al Ministerio Público poder acceder a la propia denuncia.

El Ministerio Público archivó el pasado viernes la denuncia de las dos extrabajadoras de Julio Iglesias, auspiciadas por la asociación Women’s Link Worldwide, argumentando que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar estos hechos.

En un escrito de 7 páginas, al que ha tenido acceso Medidas Cautelares, la defensa de Julio Iglesias que lidera el letrado José Antonio Choclán señala que “las denunciantes son mayores de edad, y los hechos no presentan ningún punto de conexión con España.

Y es obvio que se han difundido por determinados medios de comunicación, en connivencia con la Organización denunciante Women’s Link Worldwide, las circunstancias de hecho que permitían la plena identificación de las denunciantes.

Incluso habrían concedido entrevistas a estos medios, difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional a mi representado en el plano nacional e internacional,

lo que se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar de esperar al resultado de la investigación,

manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática contra mi representado,

al mismo tiempo que se aprovechaban de la negativa de las autoridades a que pudiera actuar normalizadamente en el seno del proceso, con grave indefensión.

Por tanto, un juicio paralelo contra el denunciado, impulsado por las mismas denunciantes que solicitaban de la Fiscalía, al mismo tiempo,

la protección de su intimidad, una vez que habían asegurado el esperado debate público”.

La historia de España no se puede entender sin la voz de Julio Iglesias.

Sin embargo, en los últimos meses, el eco de sus baladas ha sido sustituido por el estrépito de los mazos judiciales y los susurros en los pasillos de la Audiencia Nacional.

Lo que comenzó como una denuncia laboral y de presunta agresión por parte de dos exempleadas, ha mutado en algo mucho más oscuro: un presunto uso irregular de las instituciones del Estado para acorralar a un ciudadano que, casualmente, es el artista latino más exitoso de todos los tiempos.

Hoy, en Medidas Cautelares, desvelamos la trama completa.

No se trata solo de una acusación; se trata de cómo la Fiscalía de Pedro Sánchez —como se le denomina críticamente en los círculos de oposición— pudo haber saltado por encima de la legalidad vigente para otorgar privilegios procesales a quienes buscaban destruir la reputación del cantante.

Capítulo I: El Escandalazo de los Testigos Protegidos

El núcleo de la bomba informativa que hoy sacude los cimientos de la justicia española reside en la concesión de la condición de testigo protegido a las dos denunciantes.

En el derecho procesal, esta es una medida excepcional, reservada para casos de terrorismo, narcotráfico o mafias organizadas donde la vida del testigo corre un peligro inminente y real.

Sin embargo, en el caso de Julio Iglesias, la defensa liderada por el magistrado en excedencia José Antonio Choclán ha denunciado algo inaudito: la Fiscalía otorgó estos números de protección (1/2026 y 2/2026) a dos mujeres que, lejos de esconderse, estaban orquestando una gira mediática.

¿Protección o Estrategia de Marketing?

¿Cómo se puede ser “testigo protegido” y al mismo tiempo conceder entrevistas exclusivas a cadenas internacionales como Univisión?

Es la pregunta del millón. Según el escrito de siete páginas al que hemos tenido acceso, la defensa sostiene que existió una connivencia clara entre las denunciantes, la organización Wom’s League Worldwide y ciertos sectores de la prensa.

El objetivo no era la justicia, sino el daño reputacional.

Al otorgarles el estatus de testigos protegidos, la Fiscalía impidió que Julio Iglesias y su equipo legal pudieran conocer quiénes eran formalmente sus acusadoras dentro del proceso, privándoles de un derecho fundamental: el derecho a la defensa y a la contradicción.

Capítulo II: La Incompetencia de la Jurisdicción Española

Este es, quizás, el punto más surrealista de todo el proceso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició diligencias preprocesales, tomó declaraciones y movilizó recursos del Estado para investigar unos hechos que, por ley, no podía investigar.

Los hechos son claros:

Sin conexión territorial: Los supuestos incidentes ocurrieron fuera de España.

Sin residencia: Las denunciantes no residen en territorio español.

Fuera de la UE: Los hechos no se enmarcan en el ámbito de la Unión Europea.

La ley es cristalina: la justicia española solo puede intervenir si hay víctimas residentes en España o si el delito tiene una conexión directa con el país.

Al no existir nada de esto, la Fiscalía estaba, literalmente, “jugando a ser juez” en un terreno donde no tenía portería.

¿Por qué se forzó la maquinaria? ¿Había un interés político en ver a Julio Iglesias sentado en el banquillo bajo un gobierno que ha hecho de ciertas banderas sociales su eje central?

Capítulo III: El Archivo y la “Indefensión” de Iglesias

El pasado viernes, la Fiscalía finalmente archivó la denuncia. Lo hizo admitiendo que, efectivamente, no tenía jurisdicción.

Pero el daño ya estaba hecho. Durante meses, el nombre de Julio Iglesias ha sido arrastrado por el fango, vinculado a delitos de trata de seres humanos y agresiones, sin que él pudiera siquiera leer la denuncia completa.

El abogado Choclán es tajante: la Fiscalía se excedió en sus diligencias.

No solo tomó declaración a las “testigos protegidas” de forma irregular, sino que ahora se niega a entregar una copia íntegra de las actuaciones a la defensa del cantante. E

s el mundo al revés: se archiva el caso por falta de competencia, pero se mantiene el secreto sobre lo actuado, dejando a la víctima de la difamación sin herramientas para limpiar su nombre en los tribunales por calumnias.

Capítulo IV: La Conexión con OnlyFans y el Factor “Exclusiva”

Uno de los puntos más polémicos desvelados por este canal fue la existencia de una cuenta en la plataforma OnlyFans por parte de una de las denunciantes. Este detalle no es menor.

En un proceso donde se alega trauma y victimización extrema, la defensa de Iglesias argumenta que este tipo de actividades y la búsqueda activa de foco mediático contradicen la narrativa de “víctima desvalida” que requiere la protección del Estado.

La organización Wom’s League Worldwide ha sido señalada como la arquitecta de esta campaña.

Se les acusa de utilizar la estructura de la Fiscalía para validar una denuncia que sabían que no prosperaría en España, con el único fin de obtener un “sello de credibilidad” oficial que luego pudieran vender a los tabloides internacionales.

Capítulo V: ¿Qué sigue para Julio Iglesias?

El cantante no se va a quedar quieto. Fuentes cercanas al artista aseguran que está “indignado pero fortalecido”.

La estrategia ahora es pasar a la ofensiva.

Exigencia de Transparencia: Se ha solicitado formalmente el acceso a todo lo que la Fiscalía escribió y grabó durante estos meses.

Acciones por Daño al Honor: Una vez que se obtengan los nombres y las pruebas de las falsedades, se interpondrán querellas criminales por calumnias y falsedad documental.

Responsabilidad Patrimonial: No se descarta exigir responsabilidades al Estado por el uso irregular de fondos y recursos públicos en una investigación sin base legal.

Conclusión: Un Precedente Peligroso

Lo que le ha pasado a Julio Iglesias le podría pasar a cualquier ciudadano, pero con la diferencia de que no todos tienen los recursos para contratar a un equipo legal de élite.

Si la Fiscalía puede otorgar protecciones arbitrarias y realizar investigaciones paralelas sin jurisdicción, el Estado de Derecho en España está en cuidados intensivos.

La “Fiscalía de Sánchez” queda bajo la lupa.

¿Fue una negligencia administrativa o una persecución ideológica contra un símbolo de la España tradicional y exitosa?

El tiempo, y las próximas querellas de Julio Iglesias, nos darán la respuesta.