Y más en particular al ministro Óscar Puente, titular de Transportes.

Ahora, cuando la investigación judicial sigue en marcha y la Guardia Civil y la juez de Montoro (Córdoba) tratan de aclarar las causas —con la rotura de una soldadura en la vía como principal hipótesis—,

salta un nuevo escándalo que huele a irregularidad grave: Adif retiró piezas y materiales clave del lugar del siniestro sin autorización judicial expresa y antes de que terminara la inspección ocular de los agentes de la Benemérita.

Según informaciones publicadas por medios como ‘El Mundo‘, ‘ABC‘ y ‘El Español’, operarios de Adif se llevaron fragmentos de vía —incluidos cupones con soldaduras relevantes— de madrugada y sin el permiso del juez instructor.

La Guardia Civil tuvo que requerir explicaciones sobre el paradero de ese material «de interés para la investigación», logró localizarlo y devolverlo al escenario del accidente para que las diligencias pudieran continuar.

La juez reaccionó con dureza: dictó una providencia en la que ordena expresamente a Adif que se abstenga de retirar nuevos materiales de la zona y que entregue de inmediato al juzgado cualquier elemento que tenga en su poder.

Además, prohíbe realizar pruebas sobre ellos sin autorización judicial.

Sobre los fragmentos ya trasladados se practicaron pruebas «no destructiva», pero la maniobra ha generado sospechas evidentes: ¿por qué tanta prisa?

¿Se pretendía alterar o eliminar pruebas? ¿O simplemente hubo una “imprudencia” en plena tragedia?

La gestión de Óscar Puente vuelve a estar bajo el foco judicial tras revelarse que Adif manipuló el escenario del trágico accidente de Adamuz antes de que la Guardia Civil finalizara sus peritajes.

El escándalo no solo afecta a la operativa técnica, sino que apunta directamente a una posible obstrucción a la justicia en una tragedia que se cobró la vida de 45 personas el pasado mes de enero.

Los hechos, que han salido a la luz a través de un informe de la Policía Judicial, describen una actuación “sin advertencia ni solicitud previa” por parte de la empresa pública dependiente del Gobierno.

Se confirma que varios materiales críticos para determinar las causas del descarrilamiento fueron retirados de la vía, rompiendo la cadena de custodia necesaria en cualquier instrucción penal.

Mejor te cuento que, ante la presión de los investigadores, Adif se vio obligada a devolver los materiales a su ubicación original para que pudieran ser examinados correctamente por los peritos de la Guardia Civil.

La gravedad de la situación radica en que el tramo de Adamuz había sido renovado hace menos de un año, lo que sitúa la responsabilidad directamente sobre la calidad de las obras y la supervisión del Ministerio.

Óscar Puente, que inicialmente atribuyó el accidente a un “complejo defecto de fábrica” en el carril, se enfrenta ahora a la acusación de haber permitido una intervención que contamina la investigación.

Al igual que en México las escenas de guerra tras la muerte de un líder criminal exigen una custodia férrea del escenario, en Adamuz la justicia exige que las pruebas ferroviarias no sean “limpiadas” antes de tiempo.

Los documentos internos de Adif, analizados por medios como The Objective y El Debate, demuestran contradicciones flagrantes entre las fechas de las inspecciones declaradas y la realidad de la vía.

La Guardia Civil mantiene abiertas ocho hipótesis, desde el fallo de una soldadura defectuosa hasta el sabotaje, pero la retirada de materiales por parte de Adif dificulta enormemente descartar cualquiera de ellas.

La lógica del “Facts and Logic” que tanto defendemos se ve aquí empañada por una gestión de crisis que prioriza el relato político sobre la transparencia técnica y judicial.

Mejor te cuento que la Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias previas contra el ministro Óscar Puente por una posible infracción penal derivada de esta gestión.

Aunque la Fiscalía ha cuestionado la competencia de la Audiencia debido al aforamiento de Puente, el Tribunal Supremo ya observa de cerca un caso que podría terminar con la carrera política del titular de Transportes.

Las familias de las víctimas, que aún lidian con el dolor de la pérdida, han expresado su indignación ante lo que consideran un intento de “maquillar” las pruebas del siniestro.

Al igual que el serrín que le sacaron a Mariscal en el famoso meme, la imagen de gestor eficiente de Óscar Puente se está desmoronando ante la crudeza de los informes policiales.

Mientras se espera el volcado definitivo de las cajas negras, el Ministerio ha impuesto cláusulas de confidencialidad a las empresas constructoras que impiden cualquier desmentido público hasta el año 2030.

Este “apagón informativo” impuesto por decreto solo ha servido para alimentar las sospechas de que el accidente de Adamuz oculta negligencias mucho más profundas de las admitidas.

La tensión en el Congreso es máxima, con la oposición exigiendo una comisión de investigación que no dependa de los órganos internos de Transportes.

¿Cómo puede garantizarse la imparcialidad cuando el propio investigado es quien custodia las pruebas materiales del accidente?

Esta es la pregunta que resuena hoy en los tribunales madrileños, mientras los peritos intentan reconstruir lo que ocurrió en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad.

La salud institucional del Gobierno, ya dañada por el caso de Pedro Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal, recibe ahora un impacto directo en su pilar de infraestructuras.

España asiste a un espectáculo de contradicciones donde las notas de prensa de Moncloa chocan frontalmente con los autos judiciales y los informes de la Benemérita.

Solo la verdad judicial, libre de injerencias de Adif, podrá dar descanso a las 45 víctimas de una tragedia que nunca debió ocurrir en una vía supuestamente renovada.