Los acreedores de las renovables también accederán a los movimientos canalizados por los sistemas CHIPS o SWIFT y abrirán la puerta a nuevos embargos.

Los acreedores internacionales del Reino de España han intensificado en 2026 su ofensiva judicial en Estados Unidos y, según ha podido saber LD, han activado nuevas órdenes de descubrimiento de activos (discovery orders) dirigidas a rastrear transacciones financieras del Gobierno español a través de organismos como la Reserva Federal norteamericana (Fed) o la principal cámara de compensación bancaria del mundo, conocida como The Clearing House Payments Company.

Según la documentación judicial consultada por Libertad Digital, los equipos legales de los inversores afectados por los impagos de las renovables han remitido requerimientos formales tanto a la Fed como a la entidad que opera el sistema CHIPS, que constituye una de las infraestructuras más importantes del mundo para pagos interbancarios en dólares.

Estas actuaciones se producen después de que los tribunales estadounidenses hayan reconocido siete condenas contra España por un valor conjunto cercano a los 688 millones de euros, abriendo la puerta a procedimientos de localización de activos y rastreo de movimientos financieros vinculados al Estado español.

Los acreedores buscan identificar cuentas, activos, transferencias y flujos de pagos relacionados con organismos del Reino de España, incluyendo ministerios, empresas públicas, entidades estatales, firmas privadas participadas por el Estado, etc. Los requerimientos judiciales reclaman información sobre operaciones procesadas en dólares mediante sistemas de pagos como Fedwire, SWIFT o CHIPS, incluyendo derechos de cobro, transferencias electrónicas, transacciones ordinarias, redireccionamiento de pagos hacia terceros países o todo tipo de documentación bancaria y financiera.

Una deuda millonaria

En el requerimiento judicial remitido a la Reserva Federal, los acreedores exigen información sobre “todos los activos y cuentas del Reino de España o de entidades vinculadas al Estado español que hayan pasado por dicha institución desde noviembre de 2021”, fecha en que los tribunales del país norteamericano empezaron a reconocer las obligaciones de pago del Gobierno español con sus acreedores. También solicitan registros de transferencias, pagos, depósitos y movimientos asociados a operaciones superiores a 500 dólares, lo que supondría el acceso casi total a las actuaciones económicas del Estado no solamente en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo.

De forma paralela, el requerimiento enviado a The Clearing House busca acceder a los registros de pagos procesados a través de CHIPS, el sistema privado de compensación interbancaria utilizado para canalizar enormes volúmenes de transferencias internacionales en dólares entre grandes entidades financieras. La documentación judicial define además de forma extraordinariamente amplia el concepto de “España”, incluyendo no solo a la Administración General del Estado, sino también al Banco de España, la Sepi, entes como el Instituto Cervantes, Renfe y una larga lista de organismos públicos, empresas dependientes de la Administración o firmas privadas que cuentan con el Estado como accionista.

Los acreedores pretenden utilizar esta información para avanzar en futuros procedimientos de embargo y ejecución internacional, dentro de una estrategia que ya ha dado lugar a medidas contra activos españoles en distintas jurisdicciones.

En los últimos meses, los fondos afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables han intensificado sus acciones tras años de impagos por parte del Estado español, cuya deuda total supera ya los 2.300 millones de euros entre principal, intereses y costas.

Las actuaciones abiertas en EEUU se apoyan en las reglas federales de discovery, que permiten a los acreedores reclamar información financiera a terceros para localizar activos embargables o reconstruir circuitos de pagos vinculados al deudor condenado.

En este caso, la ofensiva alcanza infraestructuras centrales del sistema financiero norteamericano, incluyendo mecanismos utilizados para compensar y liquidar pagos internacionales en dólares.

Conviene recordar que, ante el impago de los 688 millones de deuda que ya han reconocido los tribunales competentes, los acreedores también han empezado a mover ficha contra otro tipo de activos u operaciones, caso de los pagos ligados a la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026.

La Roja se está viendo afectada por los requerimientos judiciales que pueden bloquear su capacidad de operar con proveedores o socios comerciales como la FIFA, Adidas, Hilton o el centro de entrenamiento de Baylor donde se celebrará la concentración durante la fase de grupos.

**Título: Ofensiva Contra Sánchez: EEUU Rastreará los Pagos y Transferencias Financieras del Gobierno a Través de la FED**

### **Introducción**

En un giro inesperado de los acontecimientos políticos, se ha revelado que Estados Unidos ha iniciado una ofensiva para rastrear los pagos y transferencias financieras del Gobierno español a través de la Reserva Federal (FED). Esta medida ha generado preocupación en el entorno político de Pedro Sánchez, quien ya enfrenta múltiples crisis y acusaciones de corrupción. La decisión de EE. UU. de involucrarse en las finanzas del Gobierno español plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de Sánchez.

### **Contexto de la Ofensiva**

La decisión de rastrear las transacciones financieras del Gobierno español se produce en un momento en que la administración de Sánchez se enfrenta a crecientes críticas por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos.

Las acusaciones de corrupción han puesto en entredicho la credibilidad del Ejecutivo, y la intervención de EE. UU. podría intensificar la presión sobre Sánchez y su administración.

El rastreo de pagos y transferencias a través de la FED sugiere que hay un interés significativo en la forma en que se manejan los recursos públicos en España. La medida podría estar motivada por preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras del Gobierno, especialmente en un momento en que la confianza pública está en juego.

### **Reacciones en el Ámbito Político**

La noticia ha generado una ola de reacciones en el panorama político español. La oposición ha acogido con entusiasmo la decisión de EE. UU., interpretándola como un respaldo a sus denuncias sobre la falta de transparencia en la gestión de Sánchez.

Líderes de partidos como el Partido Popular (PP) y Vox han exigido una investigación exhaustiva sobre las finanzas del Gobierno, señalando que la intervención de EE. UU. refuerza sus argumentos sobre la necesidad de rendición de cuentas.

Por otro lado, los aliados del Gobierno han expresado su preocupación ante la injerencia de un país extranjero en los asuntos internos de España. Desde el Ejecutivo, se ha instado a mantener la calma y a confiar en que las operaciones financieras están dentro del marco legal.

Sin embargo, la situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza que podría afectar la estabilidad del Gobierno de Sánchez.

### **Implicaciones para el Gobierno de Sánchez**

La ofensiva de EE. UU. podría tener serias repercusiones para el futuro político de Pedro Sánchez. La posibilidad de que se descubran irregularidades en las finanzas del Gobierno podría llevar a un aumento de la presión sobre el Ejecutivo y a una crisis de confianza pública.

La administración de Sánchez ya se encuentra en una situación delicada, y esta nueva amenaza podría agravar aún más la situación.

Además, la intervención de EE. UU. en los asuntos financieros de España plantea preguntas sobre la soberanía y la autonomía del Gobierno español. La percepción de que un país extranjero está monitoreando las finanzas del Estado podría generar descontento entre la ciudadanía y afectar la relación entre ambos países.

### **Conclusión**

La decisión de Estados Unidos de rastrear los pagos y transferencias financieras del Gobierno español marca un punto de inflexión en la política española.

A medida que la situación se desarrolla, será fundamental observar cómo reacciona el Gobierno de Pedro Sánchez y qué medidas tomará para abordar las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

La presión sobre el Ejecutivo está aumentando, y la forma en que se maneje esta crisis podría determinar el futuro político de Sánchez.

En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, la capacidad del Gobierno para demostrar su integridad y compromiso con la legalidad será esencial para restaurar la fe pública en la administración.