Esta madrugada se ha producido un incidente que ha sacudido la calma habitual en Cincinnati, Ohio, y que ha puesto de nuevo bajo los focos la seguridad de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos.
En torno a las 00:15 horas de la madrugada del lunes, agentes del Servicio Secreto coordinaron con la Policía de Cincinnati para detener a un individuo que causó daños a la residencia privada del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ubicada en el barrio de East Walnut Hills.
Aunque en las primeras informaciones parecía que se habían escuchado disparos, lo que realmente ocurrió fue un acto de vandalismo con un arma contundente, según han confirmado fuentes oficiales.
El sospechoso, identificado posteriormente como William D. DeFoor, de 26 años, fue arrestado por agentes del Servicio Secreto tras causar daños materiales en la vivienda.

Las autoridades han detallado que DeFoor, según el expediente del caso, actuó solo y no llegó a entrar en el interior de la casa del vicepresidente.
Los daños incluyen la rotura de al menos catorce cristales históricos de la vivienda, valorados en aproximadamente 28 000 dólares, y daños en algunos elementos de seguridad alrededor de las ventanas
Además, el sospechoso también intentó dañar un vehículo no marcado del Servicio Secreto estacionado en la entrada de la propiedad con un martillo, según los cargos presentados en la declaración judicial.
Pese a lo alarmante de la situación, no se han registrado heridos, ya que JD Vance y su familia no se encontraban en Ohio en el momento del incidente.
La oficina de Vance confirmó que el vicepresidente y su familia regresaron a Washington, D.C., el domingo por la tarde, horas antes de que comenzara el suceso.
En una publicación en la red social X (antes Twitter), Vance expresó su agradecimiento a las fuerzas de seguridad por su rápida actuación.
“As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows,” escribió Vance, refiriéndose al sospechoso con la expresión “una persona loca”.
El Servicio Secreto, responsable de la protección de altos funcionarios federales, ha señalado que está trabajando conjuntamente con la Policía de Cincinnati y la Fiscalía del Distrito Sur de Ohio para determinar los cargos pertinentes.
DeFoor fue acusado de varios delitos, incluidos cargos estatales de vandalismo, allanamiento criminal, daño criminal y obstrucción de negocios oficiales.
Además, el caso federal presentado podría incluir cargos por dañar propiedad gubernamental, usar violencia física contra bienes en un área restringida y resistir u obstruir a oficiales federales.
Estos cargos son graves: los dos primeros pueden conllevar penas de hasta diez años de prisión cada uno, mientras que el último puede acarrear hasta veinte años de condena.
Un juez fijó una fianza total de 11 000 dólares por los cargos estatales que enfrenta DeFoor, quien compareció ante dos tribunales distintos para responder por las acusaciones en curso.
El sospechoso ya había sido hallado incompetente para ser juzgado en un caso anterior de allanamiento en 2023, y había sido referido para tratamiento en un programa de salud mental tras una acusación de vandalismo en 2024.
La próxima audiencia ante el gran jurado federal fue programada para el 15 de enero, mientras que una vista para evaluar la posible liberación bajo fianza se fijó para el próximo viernes en el Tribunal de Distrito en Cincinnati.
La intervención del Servicio Secreto fue rápida y eficaz, lo que evitó que la situación escalara a un riesgo mayor, y los agentes consiguieron detener al sospechoso sin incidentes adicionales.
El hecho de que los daños se limitaran a propiedades y no a personas ha sido un alivio para las autoridades y la familia del vicepresidente, pero ha generado inquietud en la opinión pública.
El acontecimiento llega en un momento de atención constante hacia la seguridad de funcionarios de alto rango en Estados Unidos, tras varios incidentes violentos contra políticos en años recientes.
El propio Vance tuvo que lidiar con la noticia mientras su nombre era trending topic en redes sociales debido al arresto del expresidente venezolano Nicolás Maduro y otros eventos de política exterior.
La combinación de sucesos internacionales y la atención mediática global han intensificado la percepción de vulnerabilidad de figuras públicas en suelo estadounidense.
Expertos en seguridad han señalado que, aunque no se trate de un ataque con motivación política clara, la protección de residencias privadas de altos funcionarios es un reto cada vez mayor.
La reacción de las fuerzas del orden y la coordinación entre agencias como el Servicio Secreto y la policía local de Cincinnati ha sido destacada por analistas como un ejemplo de respuesta efectiva.
Las autoridades locales cerraron temporalmente algunas vías alrededor de la residencia durante la madrugada para permitir la investigación y evitar el acceso de curiosos.
El incidente también ha reavivado el debate sobre la salud mental y la violencia dirigida a propiedades de figuras públicas en Estados Unidos.
Familiares y abogados del detenido han señalado en audiencias preliminares que problemas de salud mental podrían haber influido en la conducta de DeFoor, aunque las autoridades aún investigan si existe alguna motivación específica.
La posible relación entre actos de vandalismo y trastornos psicológicos ha generado un debate más amplio sobre cómo el sistema de justicia estadounidense maneja estos casos.
Organizaciones de derechos civiles y defensa de la salud mental han pedido que se garantice la atención adecuada para personas con antecedentes de dificultades psicológicas antes de que se conviertan en una amenaza pública.
Mientras tanto, los residentes de East Walnut Hills se han mostrado consternados por el incidente, describiéndolo como algo “inusual y perturbador” para un vecindario considerado seguro y tranquilo.
Varios vecinos han expresado su solidaridad con la familia de Vance, aunque también han manifestado su esperanza de que este hecho no tenga consecuencias más graves para la comunidad.
La administración del vicepresidente ha evitado politizar el suceso, insistiendo en que se trata de una investigación en curso y que se trabaja para esclarecer los motivos detrás del incidente.
La policía de Cincinnati, por su parte, ha dicho que continuará apoyando al Servicio Secreto y a la Fiscalía hasta que se esclarezcan todos los detalles del caso.
Este tipo de eventos, aunque desafortunados, subrayan la importancia de protocolos de seguridad robustos para proteger a altos funcionarios, incluso fuera de sus lugares de trabajo oficiales.
La Casa Blanca no ha hecho una declaración oficial extensa sobre el incidente, más allá de reiterar que la seguridad del vicepresidente y su familia fue preservada y que las fuerzas del orden actuaron con diligencia.
En un contexto más amplio, este episodio coincide con una creciente preocupación sobre la polarización política en Estados Unidos y el riesgo de que actos individuales se conviertan en ataques simbólicos contra instituciones democráticas.
Organizaciones de seguridad federal han recordado la importancia de denunciar comportamientos sospechosos, especialmente cuando están dirigidos a figuras públicas, para prevenir escaladas.
Este caso en particular no solo afectará legalmente a William DeFoor, sino que podría servir de ejemplo para reforzar estrategias de prevención en futuras amenazas a oficiales del gobierno.
A medida que se desarrolla la investigación y se acerca la fecha de la siguiente audiencia judicial, la nación observa con atención este incidente que, aunque no dejó heridos, plantea interrogantes sobre seguridad, motivación y salud mental en tiempos de alta tensión sociopolítica.
La historia continúa evolucionando y se espera que en los próximos días se conozcan detalles adicionales a medida que los fiscales federales avancen en su caso.
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