En marzo de 2023 Hacienda investigaba a Ferrovial tras su ‘portazo fiscal’ a España para instalarse en los Países Bajos. Ahora, la compañía que lidera Rafael del Pino se acaba de hacer con un contrato público de 174 millones para diseñar y construir un acelerador de partículas en Granada

Ferrovial vuelve a situarse en el centro del tablero político, económico y empresarial español.

Esta misma semana, el grupo ha alcanzado un acuerdo para traspasar su filial de ingeniería industrial Siemsa a Serveo, la compañía heredera de Ferrovial Servicios de Infraestructuras que controla la gestora española Portobello desde 2021, según fuentes del mercado.

La operación se encuadra en la estrategia de desinversión en negocios no estratégicos iniciada hace cinco años por la compañía presidida por Rafael del Pino, explican fuentes del sector a elcierredigital.com.

Pero el verdadero foco está en otro movimiento de mucho mayor calado: Ferrovial, junto a FCC Construcción y la constructora granadina Añil, se ha adjudicado un contrato público de 174 millones de euros para diseñar y construir el IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) y que será clave para el desarrollo de la energía de fusión.

Esta adjudicación resulta llamativa si se recuerda el enfrentamiento entre la empresa de los Del Pino y el Gobierno central tras la marcha fiscal del grupo a Países Bajos.

De la guerra fiscal al contrato estratégico
En marzo de 2023, el Ejecutivo no ocultaba su malestar con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social fuera de España.

Hacienda llegó a estudiar si la operación carecía de sustancia económica, lo que habría obligado a la empresa a pagar más de 350 millones de euros en impuestos.

Incluso se deslizó la posibilidad de considerar el movimiento como una “evasión fiscal encubierta” al no existir, según el criterio inicial del Ministerio, “una justificación económica viable”.

La compañía siempre defendió que su salida no obedecía a un menor pago de impuestos, aunque lo cierto es que el régimen neerlandés bonifica al 100% el gravamen del 5% sobre dividendos, algo inexistente en España.

El choque fue frontal. Ferrovial se convirtió en símbolo del gran capital enfrentado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y Rafael del Pino fue duramente cuestionado desde el Gobierno y amplios sectores sociales.

Aquel pulso parecía marcar un antes y un después. Sin embargo, casi tres años después, La Moncloa no solo no ha excluido a Ferrovial de los grandes concursos públicos —algo legalmente imposible—, sino que ha avalado su participación en la mayor infraestructura científico-técnica de la historia de España.

La adjudicación del IFMIF-DONES supone mucho más que un contrato de obra civil. Se trata de una infraestructura clave para el futuro de la energía de fusión, capaz de simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear.

El objetivo es testar materiales y tecnologías que permitan avanzar hacia una fuente de energía limpia, segura y prácticamente ilimitada, como la que genera el Sol.

El proyecto movilizará hasta 700 millones de euros en su construcción, lo que lo convierte en la mayor inversión internacional en I+D+i jamás realizada en España.

El país se ha comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% de la operación, en una iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Junta de Andalucía. La instalación comenzará a operar a finales de 2029 y aspira a ser única en el mundo.

Ferrovial, pese a haber trasladado su sede social a Países Bajos en junio de 2023 y a cotizar en la Bolsa de Ámsterdam además de la española, presume de su experiencia en el sector.

La compañía lleva 13 años participando en el desarrollo del ITER, el mayor proyecto internacional de fusión nuclear que se construye en Francia, y es la empresa con más contratos adjudicados en ese programa, ocho desde 2012.

Una paradoja política difícil de explicar
La adjudicación resulta paradójica. Especialmente si se recuerda que algunas voces del propio Gobierno cuestionaron en su día que las empresas que «dan un portazo fiscal» a España siguieran beneficiándose de grandes contratos públicos.

Tampoco hay que olvidar el historial de sanciones: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó a Ferrovial, junto a otras grandes constructoras, por alterar licitaciones de obra civil entre 1992 y 2017.

Aun así, el Estado no puede excluir a Ferrovial sin incurrir en ilegalidad.

Y el Ejecutivo parece haber optado por un pragmatismo que contrasta con la dureza de los discursos de 2023. La familia Del Pino, que siempre ha reivindicado su españolidad y su compromiso con el país, protagoniza ahora un episodio que muchos consideran “incoherente: abandonar fiscalmente España, criticar al Gobierno por “inseguridad jurídica”, pese al récord de inversión extranjera en el Estado, y, al mismo tiempo, seguir siendo un actor central en los grandes proyectos financiados con dinero público”, expresan fuentes del sector.

Mientras mantiene su presencia en España, Ferrovial ha redoblado su apuesta por Estados Unidos: en octubre de 2025 anunció la construcción de dos grandes instalaciones hidráulicas en Texas por más de 720 millones de dólares.

Además, ese mismo año registró unos ingresos de 6.911 millones de euros en los nueve primeros meses, con un fuerte impulso de su negocio de autopistas en Norteamérica, que ya representa casi la mitad de su cartera de pedidos en construcción.

La compañía cotiza en el Nasdaq y ha reducido su exposición a activos europeos, como demuestra la venta de su participación en Heathrow y AGS Airports. Al mismo tiempo, ha reforzado su presencia en grandes infraestructuras estratégicas en Canadá y Estados Unidos, donde concentra buena parte de su crecimiento futuro.

Pese a la aparente normalización institucional, la relación con Hacienda sigue bajo vigilancia. La Agencia Tributaria mantiene una auditoría general sobre Ferrovial y sus filiales, que abarca el impuesto de sociedades, retenciones e IVA de varios ejercicios. La propia compañía reconoce que si la Administración considerara que la fusión con su matriz neerlandesa tuvo como objetivo principal una ventaja fiscal, podría revertir el régimen especial aplicado.

En paralelo, Rafael del Pino ha activado su sucesión, promocionando a su hijo Ignacio del Pino a puestos clave dentro del grupo. Un movimiento interpretado por algunos analistas como un intento de estabilizar la compañía en un momento de transición, tanto empresarial como política.

Las sombras que regresan: Montoro y el Palau
Cuando el presente ya resulta incómodo, los episodios del pasado reaparecen para pasar factura.

Ha trascendido que Ferrovial supuestamente “abonó entre 2012 y 2014 un total de 583.824 euros al despacho Equipo Económico”, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Durante ese periodo, la compañía logró relevantes adjudicaciones de la administración pública.

“Estos vínculos con el entorno del exministro reavivan las dudas sobre la frontera entre los intereses públicos y privados”, analizan fuentes del sector.

Los viejos escándalos tampoco han quedado enterrados. La Agencia Tributaria destapó en su día que Ferrovial habría pagado cerca de seis millones de euros en comisiones ilegales a Convergència i Unió.

Los pagos se canalizaron a través de la Fundación Palau de la Música, en un esquema fraudulento que servía para financiar al partido de Jordi Pujol a cambio de contratos públicos.

La investigación fue concluyente y puso negro sobre blanco lo que entonces se calificó como «financiación ilegal de Convergència».

En definitiva, pese a sus decisiones corporativas y episodios controvertidos, Ferrovial continúa desempeñando un papel relevante en proyectos de interés público. Su actividad sigue bajo atención institucional, pero forma parte de grandes iniciativas que marcan la agenda científica y económica del país.