La crisis interna del socialismo gallego ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad tras la admisión a trámite de una denuncia contra su actual dirección.
La Ejecutiva Federal del PSOE ha aceptado formalmente una queja presentada contra el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
La denuncia también afecta directamente a la número dos del partido en Galicia, Lara Méndez.
El motivo central de la acusación es la supuesta ocultación de al menos un caso de presunto acoso sexual vinculado al ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
La información ha sido adelantada por el diario ABC.
La decisión de Ferraz de abrir una investigación interna supone un golpe político de gran alcance para la organización socialista en Galicia.
Además, amenaza con profundizar aún más la división interna que atraviesa el partido desde hace semanas.
El caso pone en entredicho la gestión de un asunto extremadamente sensible para cualquier organización política.
Especialmente para una formación que ha situado la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista como uno de los ejes centrales de su discurso público.
La polémica estalló tras la emisión del programa televisivo Código 10.
En dicho espacio se difundieron testimonios de mujeres que denunciaban comportamientos de presunto acoso sexual por parte de José Tomé.
Las declaraciones generaron una inmediata conmoción tanto dentro como fuera del partido.
Numerosos militantes exigieron explicaciones claras.
Sectores feministas reclamaron transparencia y contundencia.
La reacción inicial de la dirección del PSdeG fue calificada por muchos como insuficiente.
También fue considerada tardía por parte de distintos cargos orgánicos.
La percepción generalizada fue que la cúpula gallega no actuó con la diligencia exigible en un caso de estas características.
Esa percepción se vio reforzada con la dimisión de la entonces secretaria de Igualdad, Silvia Fraga.
Fraga decidió abandonar su cargo como protesta ante lo que consideraba una gestión inaceptable del asunto.
Su salida provocó un fuerte impacto interno.
También evidenció que el malestar no era únicamente externo, sino que atravesaba las estructuras del propio partido.
Lejos de calmar las aguas, la crisis se intensificó con el paso de los días.
Inicialmente, tanto Besteiro como Méndez negaron tener conocimiento previo de las acusaciones.
Sin embargo, posteriormente admitieron que conocían al menos un caso desde hacía meses.
Esa contradicción debilitó notablemente su credibilidad.
También generó una sensación de desconfianza entre la militancia.
Numerosos cargos intermedios comenzaron a expresar su preocupación de forma pública y privada.
Algunos incluso cuestionaron abiertamente el liderazgo de la actual dirección.
La situación derivó en una fractura interna cada vez más evidente.
Las críticas no procedían únicamente de sectores minoritarios.
Varios referentes históricos del socialismo gallego manifestaron su inquietud por la gestión del caso.
El episodio ha tenido un impacto especialmente delicado debido a la naturaleza de las acusaciones.
El tratamiento de los casos de acoso sexual es un asunto que exige rigor, sensibilidad y transparencia.
Cualquier error de gestión puede tener consecuencias devastadoras a nivel político y reputacional.
Según la información publicada por ABC, un militante socialista presentó una denuncia formal ante los órganos internos del partido.
Dicha denuncia ha sido aceptada a trámite por la Ejecutiva Federal.
El escrito sostiene que la dirección gallega no activó el Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso Sexual.
Ese protocolo es de obligado cumplimiento dentro de la organización.
Su incumplimiento podría suponer una vulneración grave de la normativa interna.
La denuncia también acusa a la dirección de no haber informado adecuadamente a los órganos correspondientes.
Según el texto, esa omisión habría puesto en riesgo legal y reputacional al PSOE.
El documento menciona explícitamente la posible infracción de la Ley 2/2023.
Esa ley establece obligaciones claras en materia de prevención y actuación ante situaciones de acoso.
El denunciante considera que la conducta de Besteiro y Méndez pudo comprometer la seguridad de la organización.
Además, sostiene que se sustituyó el procedimiento reglado por una gestión política informal.
Ese punto resulta especialmente grave desde el punto de vista disciplinario.
La denuncia habla de “injerencia y obstrucción” en la gestión del caso.
Según el escrito, ambos dirigentes se dirigieron directamente al presunto agresor.
Ese contacto se habría producido fuera de los canales oficiales establecidos.
Con ello, según el denunciante, habrían usurpado funciones propias de la Comisión Instructora.
Esa actuación habría comprometido la imparcialidad de la investigación.
También habría debilitado la protección debida a las personas afectadas.
Otro de los aspectos más delicados del texto es la referencia a la situación de las víctimas.
La denuncia sostiene que tanto la víctima como la persona informante quedaron en situación de desprotección durante semanas.
Esa desprotección sería incompatible con el deber de diligencia exigido a cualquier organización política.
Especialmente cuando se trata de un partido que proclama el feminismo como seña de identidad.
El documento también señala que se habría vulnerado el derecho a la confidencialidad.
Asimismo, apunta a una falta de acompañamiento institucional adecuado.
Estos elementos agravan considerablemente la situación interna del PSdeG.
La admisión a trámite de la denuncia llega en un momento especialmente tenso para el partido en Galicia.
Hace apenas unos días se celebró un Comité Nacional extraordinario.
Ese encuentro fue convocado con el objetivo de contener la rebelión interna.
Durante su intervención, José Ramón Gómez Besteiro defendió su actuación.
Aseguró que la dirección actuó correctamente en todo momento.
También afirmó que en ningún caso se planteó dimitir por el llamado caso Tomé.
Sus palabras no lograron cerrar las heridas.
Por el contrario, intensificaron el malestar en determinados sectores del partido.
Varios militantes interpretaron su discurso como una falta de autocrítica.
Otros consideraron que la dirección está subestimando la gravedad del problema.
La sensación de desconexión entre la cúpula y parte de la militancia es cada vez más evidente.
La intervención de Ferraz marca ahora un punto de inflexión.
La Ejecutiva Federal deberá analizar con detalle los hechos.
También tendrá que determinar si se produjeron irregularidades.
En función de sus conclusiones, podrían derivarse consecuencias disciplinarias.
Estas podrían ir desde una amonestación hasta sanciones más severas.
El escenario político gallego observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.
La oposición ha comenzado a utilizar el caso como arma arrojadiza.
Algunos partidos han cuestionado públicamente la coherencia del PSOE en materia de igualdad.
El impacto mediático del caso no deja de crecer.
Cada nuevo detalle alimenta la presión sobre la dirección socialista.
El riesgo reputacional es considerable.
La credibilidad del partido está en juego.
También lo está su autoridad moral para liderar políticas de igualdad.
Dentro del PSOE existe preocupación por las consecuencias electorales del conflicto.
Galicia es un territorio estratégico para los socialistas.
La imagen de división interna puede debilitar su posición frente a otras fuerzas políticas.
El momento político no podría ser más delicado.
La ciudadanía observa con creciente escepticismo los comportamientos de las organizaciones políticas.
La gestión de casos sensibles se ha convertido en un termómetro de credibilidad.
El PSOE ha construido buena parte de su discurso en torno a la defensa de las mujeres.
Por eso, cualquier incoherencia entre el discurso y la práctica tiene un impacto mayor.
La investigación interna será clave para esclarecer los hechos.
También será determinante para reconstruir la confianza, si es que eso aún es posible.
La transparencia será un elemento fundamental en este proceso.
La opacidad solo agravaría la crisis.
La militancia exige respuestas claras.
La sociedad también.
La dirección gallega se enfrenta ahora a su momento más difícil desde su reconfiguración.
El liderazgo de Besteiro está seriamente cuestionado.
La posición de Lara Méndez también se encuentra bajo presión.
Ambos deberán afrontar el escrutinio interno y mediático.
El desarrollo de esta investigación marcará el futuro inmediato del socialismo gallego.
También enviará un mensaje al conjunto del partido a nivel nacional.
Un mensaje sobre cómo se gestionan los casos incómodos.
Sobre si se prioriza la protección de las personas o la protección de las estructuras de poder.
La credibilidad institucional depende en gran medida de esa respuesta.
El PSOE se enfrenta a una prueba de coherencia.
Una prueba de responsabilidad.
Y una prueba de liderazgo.
El desenlace aún está por escribirse.
Pero la crisis ya ha dejado una huella profunda.
Una huella que difícilmente podrá borrarse sin cambios reales.
Cambios en la forma de actuar.
Cambios en la cultura interna.
Cambios en la manera de asumir responsabilidades.
La militancia espera decisiones.
La ciudadanía espera ejemplaridad.
Y el partido se encuentra ante una de las encrucijadas más complejas de los últimos años en Galicia.
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