España firma su nota más baja desde que existen registros comparables y coincide con el mandato del socialista

España ha registrado en 2025 su peor resultado de las últimas tres décadas en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

El informe sitúa al país en el puesto 49 de un total de 182 Estados, tres posiciones por debajo del año anterior, tras perder un punto en su valoración global.

Con 55 puntos sobre 100, España firma su nota más baja desde que existen registros comparables, un dato que coincide con los años de gobierno de Pedro Sánchez.

El retroceso consolida una tendencia negativa que se viene arrastrando desde hace varios ejercicios el Gobierno de Sánchez.

Algo que aleja a España de los estándares de transparencia de las democracias más avanzadas de su entorno.

Aunque el país se mantiene por encima de la media mundial, el descenso resulta especialmente significativo al compararlo con socios europeos. Que han logrado estabilizar o mejorar sus posiciones en el ranking.

La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, explicó en un acto público la caída española.

Señaló que “se enmarca en una tendencia general de descenso en la clasificación mundial”.

Aunque matizó que el caso español presenta elementos propios que agravan la situación.

Según Bacigalupo, el empeoramiento responde, entre otros factores, a la pérdida de posiciones en indicadores internacionales.

Unos que miden la transparencia institucional, el acceso a la información pública, la independencia judicial y la eficacia de los órganos de control.

Uno de los aspectos clave señalados por la organización es la brecha entre la normativa aprobada y su aplicación real.

España ha impulsado en los últimos años reformas legislativas en materia de transparencia y buen gobierno.

Pero estas no se han traducido, según el informe, en mejoras perceptibles en el funcionamiento de las instituciones.

Esta distancia entre el plano legal y la práctica cotidiana es, a juicio de Transparencia Internacional, una de las principales debilidades del sistema.

La organización también subraya la responsabilidad compartida del conjunto de las instituciones políticas.

“Corresponde a todos los diputados”, señaló Bacigalupo, avanzar en la implementación efectiva de las normas y en el fortalecimiento de los mecanismos de control.

En este sentido, reclamó la necesidad de políticas de consenso y de una estrategia nacional contra la corrupción que permita identificar disfunciones estructurales y corregirlas de forma sostenida.

El informe descarta la necesidad de crear nuevos organismos, pero insiste en la urgencia de coordinar y reforzar los ya existentes. Dotándolos de mayor independencia y recursos.

La debilidad de los controles, la lentitud de los procedimientos y la falta de consecuencias políticas claras ante determinados casos siguen lastrando la percepción pública.

El dato adquiere una dimensión política relevante al coincidir con un periodo marcado por tensiones institucionales y reformas controvertidas. Sumado a un clima de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política.

La caída en el índice de corrupción supone un toque de atención para el Gobierno y para el conjunto del sistema democrático.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre el Palacio de la Moncloa en este inicio de 2026, confirmando lo que muchos analistas y organismos internacionales venían advirtiendo con creciente preocupación: España ha retrocedido en sus estándares de transparencia hasta niveles que no se recordaban en la historia reciente.

Según los últimos datos del Índice de Percepción de la Corrupción, el país ha descendido hasta su peor posición en tres décadas, un dato demoledor que coincide directamente con el mandato de Pedro Sánchez y que sitúa a la cuarta economía del euro en una situación de vulnerabilidad institucional sin precedentes desde los años noventa.

Mejor te cuento que este desplome no es solo una cifra abstracta, sino el reflejo de una erosión sistemática de la confianza en las instituciones públicas, alimentada por los constantes escándalos que han salpicado al entorno del Ejecutivo, desde el caso de Begoña Gómez hasta las polémicas gestiones en RTVE y los ministerios clave.

El informe resalta que España ha perdido la batalla de la ejemplaridad, descendiendo peldaños frente a sus socios europeos y alejándose de los estándares de los países nórdicos para acercarse peligrosamente a zonas del ranking donde la inseguridad jurídica y el clientelismo son la norma.

Los expertos que elaboran este índice señalan con el dedo la falta de independencia real en los órganos de control y la colonización de las instituciones por parte del poder político, un fenómeno que ha alcanzado su punto álgido bajo la actual administración de Sánchez.

Al igual que Ana Rosa Quintana denunciaba la falta de respeto en su plató o el juez Peinado resaltaba comportamientos inusuales en sus autos, este índice internacional pone de manifiesto que el comportamiento de los gobernantes españoles está bajo la lupa de la comunidad global.

La caída en este ranking tiene consecuencias directas que van mucho más allá de la reputación; afecta a la llegada de inversiones extranjeras y aumenta la desconfianza de los mercados, que ven en la falta de transparencia un riesgo real para la estabilidad económica del país.

Mejor te cuento que la reacción de la Moncloa ha sido la de intentar minimizar el impacto del informe, atribuyendo el descenso a una “percepción subjetiva” motivada por el ruido mediático, una explicación que no ha convencido a una oposición que ya exige responsabilidades al más alto nivel.

El hecho de que España regrese a los niveles de corrupción percibida de hace 30 años supone un fracaso estrepitoso de la promesa de regeneración democrática con la que Pedro Sánchez llegó al poder, dejando un rastro de sospechas que empaña cualquier logro económico de la legislatura.

El país se encuentra hoy en una encrucijada ética: o se acomete una reforma profunda de la independencia judicial y de los organismos de control, o la sombra de la corrupción seguirá lastrando el futuro de una nación que parece haber olvidado las lecciones de su propio pasado.

Esta es la disección profunda del colapso institucional que España vive en este inicio de 2026.

Los datos publicados por Transparencia Internacional el 10 de febrero de 2026 no son solo una cifra, sino el acta de defunción de la regeneración democrática que prometió el sanchismo, situando al país en una posición de vulnerabilidad que no se conocía desde los años más oscuros de la década de los 90.

Mejor te cuento que España ha descendido hasta el puesto 49 del ranking mundial, perdiendo la estela de las democracias plenas y consolidándose en lo que los expertos internacionales ya califican abiertamente como una “democracia defectuosa”.

Este desplome se traduce en una puntuación de 55 sobre 100, lo que coloca a la cuarta economía del euro por debajo de países como Ruanda (58), Arabia Saudí (57) o Botsuana, un dato que hiere el orgullo nacional y pulveriza la imagen de España en los mercados internacionales.

La caída no es fruto del azar, sino de la acumulación de tramas que han cercado directamente al núcleo duro del Ejecutivo, con nombres propios que ya forman parte de la crónica judicial: el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, y la situación de libertad provisional de Santos Cerdán.

La estructura del escándalo es tan inteligible como devastadora para la confianza pública: se describe una red de favoritismos, tráfico de influencias y uso de recursos estatales para fines privados que ha dejado al sistema sin sus válvulas de autorregulación tradicionales.

Mejor te cuento que el informe de 2026 subraya un “agujero en la valoración” de España debido a la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos y la alarmante falta de independencia de los órganos de control judicial y regulatorios.

La erosión de la seguridad jurídica ha alcanzado su peor dato histórico, provocando que los inversores extranjeros empiecen a mirar con recelo a un país donde las reglas del juego parecen cambiar según la necesidad de supervivencia de quien habita en la Moncloa.

Expertos de la Universidad de Gotemburgo y de Transparencia Internacional coinciden en que la “fatiga institucional” de España es el resultado de un desprecio sistemático al derecho internacional y a los mecanismos de rendición de cuentas que deberían blindar la democracia.

Al igual que Ana Rosa Quintana señalaba el sabotaje en su programa o el juez Peinado ponía el foco en los movimientos de Begoña Gómez, la comunidad internacional ha puesto a Pedro Sánchez frente al espejo de una realidad que ya no puede ocultar con retórica ni con planes estatales “insuficientes”.

La falta de consensos básicos para renovar leyes anticorrupción y la parálisis legislativa en el Congreso han dejado 87 directivas comunitarias sin trasponer, lo que sitúa a España en el furgón de cola de la Unión Europea en materia de transparencia y buen gobierno.

Mejor te cuento que este retroceso de 30 años supone una condena a largo plazo para la competitividad del país, ya que la corrupción percibida funciona como un impuesto invisible que encarece la vida de los ciudadanos y ahuyenta el talento y el capital necesario para el progreso.

Sánchez, que llegó al poder con una moción de censura basada en la higiene democrática, preside hoy la etapa más sombría en términos de integridad pública, dejando un legado de instituciones debilitadas y una sociedad civil que empieza a mostrar signos de un profundo hartazgo.

La batalla por la credibilidad está perdida en los rankings internacionales; ahora la pregunta es si el sistema tiene todavía la capacidad interna de regenerarse o si la deriva hacia modelos de gobernanza opacos es ya una transformación estructural irreversible.

El país observa con estupor cómo la nación que aspiraba a liderar Europa se codea ahora en las tablas de corrupción con regímenes autocráticos, evidenciando que la verdadera crisis de España no es solo económica o política, sino profundamente ética e institucional.