La crónica judicial en los juzgados de Plaza de Castilla ha dado un giro inesperado que ha vuelto a situar el foco mediático sobre la figura de Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de dirigir la investigación, ha puesto de manifiesto en sus últimos autos una serie de actitudes y movimientos por parte de la esposa del presidente que, según su criterio, podrían calificarse como un “comportamiento sospechoso”.

Este nuevo capítulo en la instrucción no solo añade presión al entorno más cercano de la Moncloa, sino que abre un debate profundo sobre los límites de la transparencia y la colaboración con la justicia en las más altas esferas del poder.

Mejor te cuento que el magistrado ha resaltado con especial énfasis la falta de claridad en torno a ciertos movimientos de la investigada durante las fases críticas del procedimiento.

Según el juez, existen indicios de que se habrían producido gestiones destinadas a entorpecer el acceso a información clave, especialmente en lo relativo a sus vínculos profesionales y la gestión de cátedras universitarias que están bajo la lupa judicial.

El comportamiento que Peinado califica de inusual se centra en la aparente resistencia a entregar documentación requerida en tiempo y forma, lo que el juzgado interpreta no como un ejercicio de defensa legítimo, sino como una estrategia deliberada de dilación.

Esta postura ha provocado que el magistrado endurezca su tono, recordando que en un Estado de derecho nadie, independientemente de su posición, está exento del deber de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Al igual que Ana Rosa Quintana lidiaba con la tensión de su plató o Javier Cárdenas señalaba presuntas irregularidades en otros ámbitos, el juez Peinado parece decidido a no dejarse influir por la relevancia política del caso.

En sus escritos, subraya que la actitud de Begoña Gómez ante las citaciones y los requerimientos judiciales se aleja del estándar de cooperación que se espera de cualquier ciudadano bajo investigación.

Mejor te cuento que el entorno de la defensa ha calificado estas observaciones del juez como “valoraciones subjetivas” y parte de una “causa prospectiva” que carece de base sólida.

Sin embargo, para el juez instructor, la suma de estas pequeñas anomalías en el comportamiento de la investigada configura un patrón que justifica la continuidad y la profundización de las pesquisas actuales.

La tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo se ha tensado hasta el límite con este nuevo señalamiento.

Mientras el Gobierno cierra filas en torno a Gómez, denunciando una persecución política, el juez Peinado insiste en que su único norte es la ley y que los comportamientos detectados requieren una explicación coherente que, por el momento, no ha llegado al juzgado.

Este escenario de sospecha y contraacusaciones ha convertido el caso en una batalla de relatos donde la verdad judicial intenta abrirse paso entre el ruido de la política y el hermetismo de la Moncloa.

El comportamiento resaltado por el juez no es un detalle menor; es la base sobre la cual se está construyendo una instrucción que promete marcar un antes y un después en la relación entre el poder político y la justicia en España.

En cuanto a Pedro Sánchez, el magistrado no le reprocha falta de colaboración, a pesar de proteger a su mujer

El juez Juan Carlos Peinado ha hecho una petición a la Oficina de Información del Pasajero (OINP), organismo adscrito al Ministerio del Interior.

Ha pedido que le remita en un plazo improrrogable de diez días el detalle de los viajes realizados por la mujer de Pedro Sánchez.

También a su asesora, Cristina Álvarez, desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad.

En particular, solicita que se confirme si efectuaron desplazamientos a República Dominicana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau o a la Federación Rusa.

En el auto, el magistrado ha señalado la actitud de las imputadas.

Más concretamente, el magistrado señala que la práctica de estas diligencias resulta necesaria ante la “escasa o prácticamente inexistente colaboración con la Administración de Justicia” por parte de las investigadas.

Recuerda que ambas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, con la única excepción de María Begoña Gómez Fernández, quien respondió únicamente a las preguntas formuladas por su abogado.

En cuanto a Pedro Sánchez, el magistrado no le reprocha falta de colaboración.

Cuando tuvo ocasión de intervenir en la causa se acogió a la dispensa prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez Peinado admite la excepcionalidad de sus pedidos. Sin embargo, lo respalda en la excepcionalidad que supone también que la mujer del presidente del Gobierno esté imputada.

“Ostentando la condición de esposa del presidente del Gobierno, está dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas”.

Pedro Sánchez se ha mostrado muy a favor de proteger a su mujer.

Desde el primer momento, el Gobierno y el PSOE han cerrado filas alrededor de Begoña Gómez. Sánchez ha dado órdenes claras: silencio total en el partido. Nadie del PSOE hablará en público sobre el tema.

Begoña, cada vez que ha acudido al juzgado, ha usado la puerta trasera, por el garaje, así evita las cámaras y los flashes.

Todo esto, sumado al operativo especial, cortes de tráfico en las calles y coche oficial con escolta.