La polémica adquirió una dimensión política relevante debido a la posición clave de Montalvá en el gobierno municipal

La Justicia ha decidido reabrir la causa por presunto acoso sexual contra Enrique Montalvá, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Alzira y concejal de Seguridad, Agricultura y Servicios para la Ciudad.

El edil, que continúa en su cargo con el respaldo de PSOE y Compromís, está imputado por comentarios de carácter sexual dirigidos presuntamente a quien fuera su compañera de partido, Mar Chordá.

La reapertura del procedimiento judicial llega tras la estimación de varios recursos presentados por la Fiscalía y por la propia denunciante, después de que la causa fuera archivada de forma provisional.

La investigación se reactiva ahora con la citación del denunciado y de varios testigos que, según la acusación, podrían corroborar la versión de la víctima.
Los hechos denunciados se remontan a 2024, cuando Mar Chordá acusó a Montalvá de realizarle comentarios reiterados de índole sexual en el ámbito laboral y político.En la denuncia constan frases como «menudo escote llevas hoy», «ven aquí que yo te calentaré» o «tápate un poco que se me van los ojos», además de otras expresiones que la denunciante considera humillantes y vejatorias. Según su relato, algunos de estos comentarios se habrían producido incluso en actos públicos y delante de otras personas.

La polémica adquirió una dimensión política relevante debido a la posición clave de Montalvá en el gobierno municipal.

Los dos concejales de UCIN, formación a la que pertenecían tanto el denunciado como la denunciante, resultaron determinantes para que la izquierda mantuviera el control del Ayuntamiento de Alzira, pese a que el PP fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023.

Tras estallar el caso, Mar Chordá acabó abandonando la corporación municipal, mientras que su partido defendió la inocencia de Montalvá.

Lejos de apartarlo de sus responsabilidades, PSOE y Compromís mantuvieron su apoyo para que el edil asumiera la segunda tenencia de alcaldía y áreas especialmente sensibles como la de Seguridad, de la que depende la Policía Local.

En su momento, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez (Compromís), adoptó una posición que calificó de prudente, asegurando que no debía ponerse en duda ni la veracidad de la denunciante ni la presunción de inocencia del denunciado.

Desde entonces, la estructura del gobierno municipal se ha mantenido intacta durante más de un año.

La reapertura de la causa vuelve a situar el foco sobre la gestión política del caso y sobre el papel de los partidos que sostienen al edil investigado.

Mientras el proceso judicial avanza, Enrique Montalvá continúa ejerciendo sus funciones, en un contexto de creciente debate público sobre la coherencia entre los discursos institucionales contra el acoso y las decisiones políticas adoptadas en casos concretos.