La noticia ha caído como una descarga eléctrica en el tablero político y social de España en este convulso 10 de febrero de 2026. Pedro Sánchez, en un movimiento que muchos analistas califican como el “órdago definitivo” para recuperar el favor de las familias tras los últimos reveses electorales, acaba de anunciar una medida sin precedentes en la historia de la democracia española: una prestación universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, sin tener en cuenta el nivel de renta de los progenitores.

Este anuncio, realizado con la solemnidad de las grandes ocasiones desde la Moncloa, busca dar un golpe de timón inmediato a la narrativa de “desgaste” que perseguía al Ejecutivo tras los resultados de Aragón. El presidente, consciente de que la calle pedía medidas tangibles frente a la asfixia económica, ha decidido romper la baraja con una ayuda que llegará a todos los hogares, desde los barrios más humildes hasta las urbanizaciones más exclusivas, bajo el lema de la “igualdad real de los menores”.

Mejor te cuento que la medida ha dejado en fuera de juego tanto a sus socios de Gobierno como a la oposición, ya que supone un despliegue presupuestario de dimensiones colosales que redefine por completo el concepto de Estado del Bienestar. Según el anuncio de Sánchez, la ayuda se activará de forma automática y se mantendrá hasta que el menor alcance la mayoría de edad, convirtiéndose en un “sueldo de infancia” destinado a sufragar los costes crecientes de la crianza en un entorno de inflación persistente.

La reacción de las redes sociales y de los sectores económicos no se ha hecho esperar, con un debate encendido sobre la sostenibilidad de una partida que obligará a una reestructuración profunda de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras los partidarios de Sánchez celebran la medida como una victoria histórica de la justicia social, sus detractores señalan que se trata de una estrategia de “voto comprado” para frenar el ascenso de Vox y el PP, quienes ya cuestionan de dónde saldrá el dinero para financiar este desembolso mensual millonario.

Al igual que los artistas del Benidorm Fest se juegan su futuro en tres minutos, Sánchez parece haber apostado todo su capital político a esta carta única, buscando reconectar con una clase media que se sentía abandonada por la administración. La universalidad de la ayuda, eliminando los filtros de renta, es el punto más polémico y a la vez más revolucionario, ya que rompe con la tradición de las ayudas asistenciales para convertirla en un derecho ciudadano por el simple hecho de ser padre o madre.

Mejor te cuento que este anuncio ha eclipsado por completo el resto de la actualidad mediática, desde los choques entre Ana Rosa y sus colaboradores hasta las crisis internas en los partidos de izquierda. El país entero está ahora mismo calculando el impacto de esos 200 euros en su economía doméstica, mientras los expertos en economía advierten de que una medida de tal calibre podría tener efectos imprevisibles en el consumo y en la deuda pública a largo plazo.

Sánchez ha comparecido con un tono firme, intentando borrar la imagen de líder “destrozado” de jornadas anteriores, y presentándose como el garante de una protección social que no distingue entre clases. Sin duda, este 10 de febrero se recordará como el día en que la política de familia en España cambió de paradigma, lanzando una moneda al aire cuyo resultado final solo se conocerá cuando los ciudadanos vuelvan a pasar por las urnas.

La onda expansiva de este anuncio ha provocado un cortocircuito en los cuarteles generales de la oposición, donde los equipos económicos trabajan a contrarreloj para intentar desmontar la viabilidad de lo que ya se denomina el “Plan Sánchez para la Infancia”.

Mejor te cuento que la decisión de otorgar estos 200 euros mensuales de forma universal, sin importar si el beneficiario es el hijo de un alto directivo o de un trabajador en paro, supone una ruptura total con la lógica redistributiva que ha imperado en España durante décadas.

El presidente ha justificado esta falta de filtros de renta argumentando que la burocracia no debe ser un obstáculo para la protección de los menores y que, al igual que la sanidad o la educación, la crianza debe ser un derecho blindado por el Estado para todos los ciudadanos.

Sin embargo, tras la euforia inicial de muchas familias, ha surgido la gran pregunta que flota sobre el Congreso de los Diputados: ¿cómo piensa el Ministerio de Hacienda financiar un gasto que se estima en más de 15.000 millones de euros anuales sin recurrir a una subida masiva de impuestos?

Las voces críticas sugieren que este movimiento es un acto de “ilusionismo financiero” diseñado para desviar la atención de los escándalos que salpicaban a RTVE o de la tensión interna provocada por figuras como Irene Montero, buscando un golpe de efecto que anestesie el descontento social.

Mejor te cuento que el sector bancario y los organismos internacionales ya han puesto la lupa sobre España, advirtiendo que una medida de esta magnitud, de no estar respaldada por un crecimiento real de los ingresos, podría disparar la prima de riesgo y poner en peligro la estabilidad fiscal exigida por Bruselas.

Sánchez parece haber ignorado estas advertencias, proyectando una imagen de audacia política que busca recuperar el relato de “presidente de la gente” y alejarse de la imagen de agotamiento que proyectó tras el descalabro electoral en Aragón.

Los sindicatos han recibido la noticia con cautela, celebrando el apoyo a las familias pero exigiendo que esta ayuda no sirva de excusa para frenar las subidas salariales necesarias en los convenios colectivos que se están negociando actualmente.

En el otro extremo, la derecha más dura ha calificado la medida de “populismo irresponsable”, asegurando que el Gobierno está hipotecando el futuro de los propios menores que pretende ayudar, al cargar sobre sus hombros una deuda pública que será impagable en la próxima década.

La batalla por el decreto ley que debe validar esta ayuda promete ser una de las más feroces de la legislatura, con un Sánchez que está dispuesto a todo para que el primer pago de los 200 euros llegue a las cuentas bancarias antes de las próximas citas con las urnas.

Este giro hacia el universalismo total marca un antes y un después en la estrategia de supervivencia de la coalición, demostrando que el presidente está dispuesto a quemar todas las naves presupuestarias con tal de mantener el control de la narrativa nacional.

El país se divide ahora entre quienes ven en estos 200 euros un respiro vital para llegar a fin de mes y quienes sospechan que estamos ante el mayor ejercicio de ingeniería electoral visto en Europa en lo que va de siglo.

Mejor te cuento que, mientras el debate técnico se recrudece, el impacto emocional en la calle es innegable, colocando a Pedro Sánchez de nuevo en el centro de todas las conversaciones, logrando que por primera vez en meses no se hable de sus derrotas, sino de su capacidad para transformar la realidad a golpe de talonario público.