Torbe permanece en libertad provisional tras ser detenido en febrero y abril de 2025 en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de agresión sexual y organización criminal.

A la espera de resolución judicial, el productor habla en exclusiva para El Cierre Digital

El productor porno Ignacio Allende Fernández, más conocido públicamente como Torbe, atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria personal y profesional.

A día de hoy el productor y director de cine para adultos convive con “la avalancha mediática” que le generó una condena firme dictada en 2023 y con una investigación penal aún abierta, que motivó dos detenciones en 2025 y que, por ahora, no ha desembocado en juicio ni en sentencia.

“Hay mucha gente que cree que todavía estoy en la cárce  l. Es curioso”, comenta al inicio de su conversación con elcierredigital.com.

La afirmación resume bien el escenario en el que se mueve: una mezcla de percepción pública, procesos judiciales prolongados y un relato mediático que, en su opinión, no siempre ha distinguido entre hechos probados y causas aún en fase de instrucción.

Torbe reconoce haber pasado seis meses en prisión en 2016, pero subraya que desde entonces no ha vuelto a ingresar en un centro penitenciario.

“Desde entonces la cárcel no la he pisado”, explica, aunque matiza que en el último año “he tenido que pasar por el calabozo” como consecuencia del procedimiento abierto desde el año pasado.

Además, sostiene que el sistema judicial se ha vuelto “persecutorio con la industria clásica del porno. La nueva ola ‘woke’ de izquierdas pone en el punto de mira este tipo de industrias y algunas veces apoyados en denuncias falsas”.

“Esto tiene que cambiar. No puede ser que revienten la vida de una persona por algo que es denuncia falsa y a esa señorita no le hacen absolutamente nada. Esto es un disparate. Esto es una guerra, hombre-mujer y tenemos las de perder ahora mismo los hombres.

Es una locura, sinceramente”.

Torbe y sus dos detenciones en 2025, una causa que sigue en instrucción
El último frente judicial se abrió en febrero de 2025, cuando Torbe fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras aterrizar en España.

La detención se produjo a raíz de la denuncia de una joven que le acusa de agresión sexual, detención ilegal y trata de seres humanos. Tras pasar a disposición judicial, el productor quedó en libertad provisional, sin que se acordaran medidas cautelares como prisión preventiva.

“Me han dicho los abogados que no hable mucho, porque el caso está abierto. Pero yo mantengo la teoría de que todo es una denuncia falsa. Estoy tranquilo porque sé que se hará justicia”, explica Torbe para elcierredigital.com.

La investigación se amplió dos meses después, en abril de 2025, con una segunda detención en el marco de una operación policial que incorporó nuevos presuntos delitos al procedimiento.

Entre ellos organización criminal, coacciones, prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores, además de la agresión sexual denunciada inicialmente. También en esta ocasión, el juez decretó su libertad provisional tras tomarle declaración.

Torbe sostiene que la causa se ha fragmentado de manera artificial. “La causa principal la han dividido en dos y entonces ahora tengo dos causas abiertas, un completo disparate”, afirma.

Desde su punto de vista, el procedimiento se ha convertido en una espera sin plazos claros, lo que considera una “guerra de desgaste”. El productor denuncia que “nadie sabe cuándo va a terminar esto. Puede ser un año, dos años o tres”.

Torbe
Más allá del recorrido judicial, el impacto personal ha sido notable, explica. “A mí me han quitado todo: el móvil, el ordenador, las redes sociales, el correo electrónico”, en referencia al material intervenido y a las restricciones derivadas de la investigación.

“He estado así un año, con un desajuste total, sin mi equipo y sin la posibilidad de poder volver a grabar. Vivir así es una locura”.

La condena de 2023 y la decisión de evitar un juicio largo
En paralelo a la causa actualmente abierta, la situación judicial de Torbe está marcada por una condena firme dictada en 2023, relacionada con la difusión de material sexual y revelación de secretos en un caso que se remonta a 2016 con el vídeo viral ‘Aupa Athletic’.

El procedimiento se cerró mediante un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, con una pena de dos años de prisión, suspendida conforme a la legislación vigente, y una multa económica elevada.

Ese acuerdo es uno de los aspectos que más controversia ha generado en el debate público. Torbe lo explica como una decisión pragmática: “Aceptar la conformidad no fue porque me declarara culpable sin más. Fue una decisión muy pensada”.

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Según relata, enfrentarse a un juicio suponía prolongar el proceso. “Ir a juicio me suponía seguir pagando más dinero, unos 50.000 euros más, y esperar unos cinco años a que se terminase esto”.
También alude a la incertidumbre judicial: “Perfectamente podía tocarme una jueza que dijera: te meto tres, cuatro o cinco años. Por encima de dos años y un día ya sabes lo que pasa”.

En ese contexto, decidió cerrar el procedimiento para evitar un riesgo mayor. “Al final, cuando ves que esto se ha convertido en algo político y mediático, tienes que proteger tu libertad”, afirma.

Sobre la multa impuesta, Torbe la considera desproporcionada. “Me condenan a pagar 60.000 euros. Mi abogada me dijo que no había visto nada igual en su carrera”, asegura, insistiendo en que, a su juicio, se trataba de un delito que habitualmente conlleva sanciones muy inferiores.

El coste personal, la imagen pública y un futuro incierto
El impacto de los procesos judiciales va más allá de las resoluciones. Torbe reconoce que su imagen pública ha quedado gravemente dañada. “La imagen ya está totalmente destruida. Lo han conseguido”, afirma con crudeza.

En su entorno profesional, asegura que las consecuencias son directas: “Ya no vienen chicas como antes y ahora tengo miedo de grabar y que venga una chica y me denuncie”.

Esa situación le ha llevado a reducir drásticamente su actividad como productor, algo que describe como una forma de autoprotección.

“Te ponen una denuncia y puedes estar dos o tres años esperando. Si te ponen otra, otros dos o tres años más. Esto no se acaba nunca”, lamenta.

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El coste económico también es significativo. Solo desde que se reactivó el procedimiento en 2025, cifra en unos 40.000 euros el gasto en defensa legal.

“Yo no me la juego con un abogado de oficio. Pago a un equipo con experiencia”, explica, convencido de que la causa debería archivarse: “No hay nada detrás, pero no me la juego”.

En su relato, insiste en que los rodajes se realizaban con protocolos estrictos de consentimiento. “Desde que entra una chica hasta que sale está todo grabado, con cámaras y sonido”, asegura.

Añade que se graba un vídeo específico en el que las participantes manifiestan acudir “de forma libre y voluntaria” y que se solicita documentación y firma de contratos.

Será la investigación judicial la que determine si esos procedimientos resultan suficientes o no ante las acusaciones formuladas.

Un proceso sin desenlace y un debate abierto
A día de hoy, la situación judicial de Torbe se mueve entre una condena ya cerrada y una investigación abierta cuyo desenlace es incierto.

No hay todavía fecha de juicio ni resolución sobre las denuncias que motivaron las detenciones de 2025. Mientras tanto, el productor permanece en libertad provisional y a la espera de que la instrucción avance.

“Esto es una guerra de desgaste”, resume. “No se puede reventar la vida de una persona durante años por algo que es falso”.