El Santander de Ana Patricia Botín deberá indemnizar con 2,7 millones de euros a una entidad de personas con discapacidad auditiva por ‘falta de transparencia’ en un producto financiero.

Mientras, la Fiscalía de Barcelona le reprocha que un cliente perdiera 160.000 euros por una estafa sobre su web

El Banco Santander afronta un doble revés judicial.

La poderosa entidad de crédito presidida por Ana Patricia Botín ha sido derrotada en los tribunales en dos frentes especialmente sensibles: la comercialización de productos financieros complejos y los mecanismos de control frente al fraude digital.

Dos casos recientes, muy distintos entre sí, convergen en un mismo diagnóstico: los tribunales y la Fiscalía cuestionan que el banco haya cumplido con los estándares de diligencia, transparencia y protección al cliente que exige la normativa, especialmente cuando el cliente es vulnerable o carece de conocimientos financieros especializados.

El episodio más contundente desde el punto de vista judicial es la condena firme que obliga a Banco Santander a indemnizar con 2.785.027 euros a la Cooperativa de Enseñanza Instituto Hispanoamericano de la Palabra, promotora del colegio Gaudem, un centro de educación inclusiva para alumnos con discapacidad auditiva.

El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando la cooperativa acudió al banco en busca de financiación para construir el centro educativo.

Santander articuló la operación como un project finance condicionado a la contratación obligatoria de una permuta financiera (swap), presentada como un instrumento de cobertura frente a las fluctuaciones de los tipos de interés.

La realidad fue muy distinta. El producto generó pérdidas millonarias durante años y acabó siendo impugnado judicialmente por la cooperativa, que alegó no haber recibido información suficiente ni comprensible sobre los riesgos reales de la operación.

El Juzgado de Primera Instancia nº 87 de Madrid, en su sentencia nº 8/2019, estimó íntegramente la demanda y declaró la responsabilidad contractual del banco por un “incumplimiento del deber de información y transparencia” exigido por la normativa del mercado de valores.

El fallo subraya que el banco no diseñó una operación adaptada a las necesidades del cliente, sino que impuso una estructura cerrada, sin margen de negociación y sin explicar adecuadamente sus consecuencias económicas.

El juez considera probado que el swap se comercializó como un producto de cobertura cuando, en realidad, tenía un componente claramente especulativo y podía generar costes variables “potencialmente ilimitados”, algo que nunca fue explicado de forma clara al cliente.

Falta de información y reconocimiento interno
Durante el procedimiento judicial, un empleado del banco reconoció que no se informa a los clientes de los márgenes comerciales obtenidos por la entidad ni se explican con claridad las cláusulas de vencimiento anticipado, un extremo que el juzgado tuvo en cuenta para reforzar la apreciación de falta de transparencia.

La sentencia condena al banco a devolver las liquidaciones negativas abonadas entre mayo de 2009 y noviembre de 2017, así como 211.570,71 euros en comisiones y costes no informados, además de intereses y costas.

Uno de los elementos más relevantes del fallo es el reconocimiento explícito de la especial vulnerabilidad del cliente, al tratarse de una cooperativa educativa sin conocimientos financieros especializados y dedicada a un colectivo especialmente protegido por la normativa.

Banco Santander recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, que inicialmente rebajó la cuantía al excluir las liquidaciones posteriores a la presentación de la demanda. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrigió esa decisión y restableció la indemnización íntegra fijada en primera instancia.

El Alto Tribunal estableció que el resarcimiento debía ser completo e incluir también los daños posteriores a la demanda, fijando un criterio jurisprudencial relevante en materia de comercialización indebida de productos financieros complejos. El Supremo subraya la necesidad de un “resarcimiento íntegro del daño”, reforzando la tutela judicial efectiva frente a prácticas bancarias opacas.

Desde el banco, la reacción ha sido la habitual en estos casos. A preguntas de elcierredigital.com, la entidad señala que no hace “comentarios sobre sentencias judiciales”.

Un segundo frente: estafas digitales y controles fallidos
Paralelamente, Banco Santander se enfrenta a otro reproche institucional, esta vez en el ámbito penal. La Fiscalía de Barcelona ha cuestionado la actuación del banco en un caso de estafa digital que provocó la pérdida de 160.000 euros a una pareja que creyó estar contratando una hipoteca a través de una web que simulaba ser la del Santander.

La Audiencia de Barcelona ha fijado para el 23 de enero la vista oral de este procedimiento, vinculado a una falsa hipoteca en París. Según la Fiscalía, la entidad no activó “en tiempo y forma” los mecanismos de control que habrían permitido detectar y frenar las transferencias fraudulentas.

El reproche no se centra tanto en la existencia de la estafa —un fenómeno creciente en todo el sector financiero— como en la respuesta tardía del banco, que permitió que se ejecutaran varias transferencias de elevado importe sin activar alertas suficientes.

Aunque el procedimiento penal se dirige contra los presuntos estafadores, la Fiscalía pone el foco en la actuación de la entidad financiera como pieza clave en la prevención del fraude, en línea con la doctrina cada vez más exigente de los tribunales en materia de diligencia bancaria.

Un contexto de presión reputacional
Estos episodios judiciales se producen en un momento delicado para la reputación del grupo en España. Bajo la dirección de Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España desde septiembre de 2024, la entidad ha acelerado su proceso de digitalización, cierre de oficinas y reducción de costes.

Entre junio de 2024 y junio de 2025, Santander concentró el 75% de las sucursales cerradas en España, según datos sectoriales, en un contexto de beneficios récord. En los nueve primeros meses de 2025, el grupo obtuvo un beneficio neto de 10.337 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

Los sindicatos han denunciado que esta transformación se está realizando “a costa del empleo y del servicio presencial”, especialmente en zonas rurales y barrios urbanos donde la oficina bancaria sigue siendo un elemento clave de inclusión financiera.