RUFIÁN ESTALLA Y REVIENTA MODELO AYUSO SANIDAD CHANCHULLOS. JUGADA MAESTRA SE SALTAN FISCAL AYUSISTA.

 

 

 

 

 

 

Escándalo en la sanidad madrileña: Rivera Salud, listas de espera y el modelo privatizado bajo el foco judicial y político.

 

 

 

El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid está en el epicentro de una tormenta política y social sin precedentes.

 

 

La filtración de audios internos de Rivera Salud, empresa gestora del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, ha destapado una estrategia deliberada para engordar las listas de espera, seleccionar pacientes según su rentabilidad y derivar los casos menos lucrativos a la sanidad pública.

 

 

El objetivo: maximizar los beneficios empresariales a costa de la atención sanitaria de miles de madrileños.

 

 

El escándalo, revelado por el diario El País, ha provocado una reacción en cadena que va mucho más allá de la gestión de un hospital concreto.

 

 

La denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la exigencia de explicaciones parlamentarias y el debate sobre el modelo privatizado de la sanidad pública han puesto en cuestión la política sanitaria impulsada por Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular en Madrid.

 

 

El modelo, lejos de ser una excepción, se revela como la norma en la gestión de varios hospitales de la región.

 

 

En una reunión celebrada el 25 de septiembre, Pablo Gallart, CEO de Rivera Salud, instruyó a una veintena de directivos sobre la necesidad de revertir los esfuerzos previos para reducir las listas de espera y, en cambio, aumentar el número de pacientes en espera para incrementar los ingresos.

 

 

“Hay que engordar las listas para ganar más dinero”, afirma Gallart en los audios, añadiendo que el objetivo es alcanzar entre cuatro y cinco millones de euros por hospital. La lógica empresarial se impone: menos intervenciones, menos gastos, más beneficio.

 

 

La elasticidad de la cuenta de resultados respecto a las listas de espera es, según el CEO, directa.

 

 

La gestión privada no duda en priorizar las operaciones más rentables y derivar los pacientes menos lucrativos a la sanidad pública, generando sufrimiento y desigualdad.

 

 

Los testimonios de pacientes y trabajadores del hospital de Torrejón confirman la precariedad, la fuga de personal y la falta de recursos, mientras se denuncian esperas de hasta dos años para intervenciones básicas.

 

 

La Defensora del Paciente, Carmen Flores, ha trasladado el caso a la Fiscalía General del Estado, denunciando no solo la discriminación y la denegación del deber de asistencia, sino también posibles delitos de prevaricación y corrupción.

 

 

Flores advierte que no se trata de un caso aislado, sino de un modelo que afecta a toda la sanidad madrileña. “Madrid privatiza” se ha convertido en el eslogan de una política que, según la defensora, “atenta contra la vida y la salud de los pacientes”.

 

 

 

La carta enviada a la fiscal general Teresa Peramato subraya la desconfianza en la Fiscalía Superior de Madrid y exige una investigación a fondo de todos los contratos y procedimientos de la Comunidad.

 

 

El dinero público, denuncia Flores, está llegando a manos privadas mientras los pacientes ven vulnerados sus derechos fundamentales.

 

 

El escándalo de Torrejón revela la cara más perversa del modelo Alcira, implantado originalmente en la Comunidad Valenciana y exportado a Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre y consolidado por Isabel Díaz Ayuso.

 

 

El sistema consiste en que una empresa privada construye y gestiona un hospital público durante décadas, recibiendo un canon anual de la administración.

 

 

Cuando las cuentas no salen, como ha ocurrido en Torrejón, la Comunidad acude al rescate con fondos públicos: solo este año, Rivera Salud ha recibido 32,7 millones de euros para compensar sus pérdidas.

 

 

La lógica de “riesgo empresarial” desaparece cuando las pérdidas se socializan y los beneficios quedan en manos privadas.

 

 

El modelo Alcira ha fracasado en varios lugares, obligando a la administración a intervenir y rescatar a las empresas con dinero público.

 

 

En Madrid, hay al menos cuatro hospitales gestionados bajo este sistema, que incentiva la reducción de servicios y el aumento de beneficios.

 

 

La aplicación de criterios empresariales a la sanidad pública tiene consecuencias devastadoras.

 

 

El retraso en las listas de espera, la selección de intervenciones por rentabilidad y la derivación de casos complejos a la sanidad pública generan sufrimiento y ponen en riesgo la vida de miles de madrileños.

 

 

“La falta de una atención o de una prueba puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, advierte la Defensora del Paciente.

 

 

El modelo privatizado también afecta a otros servicios públicos, como la educación y el transporte, y ha convertido Madrid en un laboratorio de privatizaciones.

 

 

La media de seguros privados en la región supera el 40%, muy por encima del 25% nacional, y la Cámara de Cuentas ha detectado pagos desproporcionados a hospitales privados por servicios que deberían prestarse en la red pública.

 

 

El escándalo sanitario se suma a las sospechas de corrupción que rodean al gobierno de Ayuso.

 

 

Los vínculos entre la presidenta y las empresas privadas son cada vez más evidentes: su pareja ha sido beneficiario de contratos millonarios con el grupo Quirón, principal socio de negocios de Rivera Salud.

 

 

La externalización de servicios y el pago de millones a clínicas privadas para realizar abortos son solo la punta del iceberg de un sistema que favorece a los amigos del poder y convierte la gestión pública en una fuente de enriquecimiento privado.

 

 

La oposición denuncia que Ayuso está en el centro de la trama de corrupción y que la privatización de la sanidad sirve para beneficiar a sus allegados.

 

 

“Las privatizaciones sirven para esto, para entregar dinero a tus amigos y que luego tus amigos beneficien a tus familiares.

 

 

Es una trama perfecta en la que siempre salen beneficiados los mismos”, afirman desde Más Madrid.

 

 

El escándalo de Torrejón ha abierto un debate profundo sobre el futuro de la sanidad pública en España.

 

 

¿Es un caso aislado o el reflejo de un modelo estructural? Los expertos advierten que el incentivo perverso de la gestión privada está presente en todos los hospitales que operan bajo el modelo Alcira o Ayuso.

 

 

Los fondos de inversión buscan rentabilidad rápida y no tienen interés en la continuidad ni en la calidad asistencial. “La única forma de obtener el pelotazo es bajando la calidad”, explican los analistas.

 

 

La colaboración público-privada no puede convertirse en una excusa para el negocio a costa de la salud de los ciudadanos.

 

 

La sociedad exige transparencia, control y un compromiso firme con el derecho a la salud.

 

 

La Comunidad de Madrid ha reaccionado enviando equipos multidisciplinares para inspeccionar el hospital de Torrejón y ha prometido reunirse con la cúpula directiva de Rivera Salud.

 

 

“No vamos a tolerar una atención sanitaria defectuosa”, aseguran desde la Consejería.

 

 

Sin embargo, la desconfianza de los pacientes y la opinión pública es máxima, y muchos temen que la investigación se diluya como ha ocurrido en otros casos polémicos.

 

 

El Ministerio de Sanidad, por su parte, apuesta por la alta inspección y por la reforma legislativa para poner coto a los abusos.

 

 

La ley de gestión de integridad de la sanidad pública y el observatorio de corrupción sanitaria son herramientas que pretenden garantizar la transparencia y la calidad asistencial.

 

 

El escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de un pacto nacional para blindar la sanidad pública frente a la mercantilización y los intereses privados.

 

 

La colaboración público-privada no puede convertirse en una excusa para el negocio a costa de la salud de los ciudadanos. La sociedad exige respuestas, responsabilidades y un compromiso firme con el derecho a la salud.

 

 

El escándalo de Rivera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz son el síntoma de un modelo que amenaza la esencia de la sanidad pública.

 

 

La privatización, la selección de pacientes y la búsqueda de rentabilidad empresarial ponen en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas. La reacción política y jurídica debe ser contundente, y la sociedad debe exigir transparencia, control y justicia.

 

 

 

El futuro de la sanidad madrileña y española depende de la capacidad de las instituciones para resistir la presión de los intereses privados y garantizar que la salud sea un derecho, no un negocio.

 

 

El modelo Ayuso y el modelo Alcira están bajo sospecha, y la ciudadanía exige un cambio profundo para recuperar la confianza en el sistema sanitario.