AYUSO ENTRA EN SHOCK “PRESENTAN QUERELLA PREVARICACIÓN ANTE FISCAL GENERAL ESTADO CORRUPCIÓN MADRID”.

 

 

 

 

 

 

Escándalo en la sanidad madrileña: el modelo privatizado bajo sospecha tras las revelaciones sobre las listas de espera y la gestión de Rivera Salud.

 

 

 

Madrid, diciembre de 2025. El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de unos audios que han desatado un auténtico incendio político y jurídico.

 

 

En ellos, Pablo Gallart, CEO de Rivera Salud, recomienda a sus directivos engordar las listas de espera, seleccionar los tratamientos más rentables y derivar a los pacientes menos lucrativos a la sanidad pública, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios empresariales.

 

 

La grabación, destapada por el diario El País, ha provocado una reacción en cadena: la ministra de Sanidad ha anunciado una inspección, la Defensora del Paciente ha trasladado la denuncia a la Fiscalía General del Estado y los partidos políticos exigen explicaciones parlamentarias inmediatas.

 

 

 

El contenido de los audios es demoledor. En una reunión celebrada el 25 de septiembre con más de veinte directivos del grupo y del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Gallart expone sin tapujos que el objetivo es alcanzar un EBITDA de entre cuatro y cinco millones de euros, “engordando las listas de espera” y priorizando las intervenciones quirúrgicas más rentables.

 

 

 

“Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, afirma el CEO, dejando claro que la gestión empresarial está por encima del bienestar de los pacientes.

 

 

“Lo único que pido es desandemos el camino”, añade, en referencia al esfuerzo realizado en años anteriores por reducir las listas de espera.

 

 

 

La reacción de los pacientes no se ha hecho esperar. En las inmediaciones del Hospital de Torrejón, el ambiente es de indignación y frustración.

 

 

Decenas de personas han relatado cómo sus citas y operaciones se han ido retrasando de forma sistemática, con esperas de más de un año para intervenciones como cataratas.

 

 

“Es una vergüenza”, denuncia uno de los afectados, mientras otros prefieren no dar la cara por miedo a represalias.

 

 

La situación es insostenible y la sensación de indefensión crece entre los usuarios de la sanidad pública madrileña.

 

 

La Defensora del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta durísima a Teresa Peramata, la nueva fiscal general del Estado, en la que denuncia que la sanidad madrileña se ha convertido en un “desecho” y advierte de posibles delitos de prevaricación y corrupción.

 

 

Flores explica que no se ha dirigido a la Fiscalía Superior de Madrid porque “no confía en su trabajo”, y pide que se investigue el modelo de gestión de Rivera Salud en más hospitales madrileños.

 

 

“Hablamos de la gestión del dinero público y de la merma de derechos de los ciudadanos”, señala, exigiendo una investigación a fondo de todos los contratos y procedimientos de la Comunidad.

 

 

En el plano político, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha ordenado la intervención de la alta inspección sanitaria y ha anunciado la creación de un observatorio de corrupción sanitaria.

 

 

Sumar y Más Madrid han solicitado la comparecencia del responsable de Rivera Salud y de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid y el Congreso, mientras los servicios jurídicos del Partido Socialista Madrileño estudian emprender acciones legales.

 

 

“Convertir a los pacientes en clientes es una vergüenza absoluta”, ha afirmado Óscar López, portavoz socialista.

 

 

La polémica no es nueva. El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, de titularidad pública pero gestionado por Rivera Salud, atiende a más de 150.000 habitantes y ha recibido inyecciones millonarias de dinero público para cubrir su deuda, que en 2022 ascendía a 124 millones de euros.

 

 

La Comunidad de Madrid ha aportado 32,7 millones en el último ejercicio, mientras el sector privado acumula beneficios extraordinarios: 1.300 millones para Quirón y casi 90 millones para Rivera en los últimos años.

 

 

El modelo de gestión, conocido como “modelo Alcira”, consiste en que un grupo privado construye y explota un hospital durante 30 años, recibiendo un canon anual de la administración.

 

 

Cuando el modelo ha fracasado en otras regiones, como Valencia, la Generalitat ha tenido que rescatar a las empresas con dinero público.

 

 

El modelo, lejos de representar un riesgo empresarial, garantiza rentabilidad privada a costa del presupuesto público y de la calidad asistencial.

 

 

En Madrid, hay al menos cuatro hospitales gestionados bajo este sistema, que incentiva la reducción de servicios y el aumento de beneficios.

 

 

“Como a mí me pagan lo mismo, haga lo que haga, me viene bien hacer menos y hacer más barato”, explica Pablo Linde, periodista de El País que ha destapado el escándalo.

 

 

El incentivo perverso está en el corazón del modelo: menos actividad, menos gastos, más beneficio empresarial.

 

 

La lógica empresarial choca frontalmente con los principios de la sanidad pública.

 

 

La selección de pacientes, el retraso de intervenciones y la derivación de casos no rentables a otros hospitales públicos ponen en riesgo la vida y la salud de miles de madrileños.

 

 

“La falta de una atención o de una prueba puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, advierte Carmen Flores.

 

 

El escándalo no se limita a la sanidad. La privatización se extiende a la educación, el transporte público y las residencias de mayores, convirtiendo Madrid en un “mercado persa” donde todo se subasta y los ciudadanos pasan de ser pacientes o estudiantes a clientes.

 

 

La media de seguros privados en Madrid supera el 40%, muy por encima del 25% nacional, y la Cámara de Cuentas ha constatado que la Fundación Jiménez Díaz recibe siete veces más dinero público por el mismo tratamiento que un hospital público.

 

 

La colonización del sector público por empresas como Quirón y Rivera Salud se ha visto favorecida por la presencia de antiguos directivos en puestos clave del gobierno regional.

 

 

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, trabajó más de una década en Quirón, y la relación entre el sector privado y la administración es cada vez más estrecha.

 

 

La polémica ha abierto un debate profundo sobre el modelo sanitario. ¿Es un problema puntual de un hospital o el reflejo de una categoría estructural? Para la ministra Mónica García y muchos expertos, es evidente que se trata de un modelo político deliberado, promovido por el Partido Popular y consolidado por Isabel Díaz Ayuso. “Madrid privatiza” se ha convertido en el eslogan de una política que prioriza el negocio sobre la salud.

 

 

 

Los fondos de inversión que controlan los hospitales privatizados buscan rentabilidad a corto plazo, no continuidad ni calidad asistencial. “La única forma de obtener el pelotazo es bajando la calidad”, explica un analista.

 

 

La mercantilización de derechos fundamentales como la salud exige regulación, vigilancia y control estrictos, para evitar que el beneficio empresarial se imponga sobre el interés general.

 

 

La Comunidad de Madrid ha reaccionado enviando equipos multidisciplinares para inspeccionar el hospital de Torrejón y ha prometido reunirse con la cúpula directiva de Rivera Salud.

 

 

“No vamos a tolerar una atención sanitaria defectuosa”, aseguran desde la Consejería. Sin embargo, la desconfianza de los pacientes y la opinión pública es máxima, y muchos temen que la investigación se diluya como ha ocurrido en otros casos polémicos.

 

 

El Ministerio de Sanidad, por su parte, apuesta por la alta inspección y por la reforma legislativa para poner coto a los abusos.

 

 

La ley de gestión de integridad de la sanidad pública y el observatorio de corrupción sanitaria son herramientas que pretenden garantizar la transparencia y la calidad asistencial.

 

 

El escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de un pacto nacional para blindar la sanidad pública frente a la mercantilización y los intereses privados.

 

 

La colaboración público-privada no puede convertirse en una excusa para el negocio a costa de la salud de los ciudadanos. La sociedad exige respuestas, responsabilidades y un compromiso firme con el derecho a la salud.

 

 

El escándalo de Rivera Salud y las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz son el síntoma de un modelo que amenaza la esencia de la sanidad pública.

 

 

La privatización, la selección de pacientes y la búsqueda de rentabilidad empresarial ponen en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas.

 

 

La reacción política y jurídica debe ser contundente, y la sociedad debe exigir transparencia, control y justicia.

 

 

El futuro de la sanidad madrileña y española depende de la capacidad de las instituciones para resistir la presión de los intereses privados y garantizar que la salud sea un derecho, no un negocio.

 

 

El modelo Alcira, el modelo Ayuso, el modelo Rivera Salud están bajo sospecha, y la ciudadanía exige un cambio profundo para recuperar la confianza en el sistema sanitario.