BOMBAZO “FISCALÍA PIDE INVESTIGAR A AYUSO” AUDIOS DEMOLEDORES ESTALLA ESCÁNDALO SANIDAD.

 

 

 

 

 

 

 

El escándalo sanitario que sacude Madrid: Rivera Salud y el modelo privatizado bajo el foco judicial y político.

 

 

 

La sanidad madrileña vive uno de sus momentos más convulsos tras la filtración de unos audios que han destapado la cara más oscura del modelo privatizado impulsado en la Comunidad de Madrid. Pablo Gallart, CEO de Rivera Salud, empresa gestora del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, fue grabado en una reunión interna recomendando a sus directivos engordar las listas de espera y seleccionar pacientes en función de su rentabilidad.

 

 

El objetivo, según sus propias palabras, es claro: “ganar entre 4 y 5 millones por hospital”, priorizando los beneficios empresariales por encima de la atención sanitaria.

 

 

La grabación, publicada por El País, ha provocado un incendio político y jurídico de primer orden.

 

 

El escándalo no solo afecta al hospital de Torrejón, sino que pone en cuestión todo el sistema de gestión privada de la sanidad pública madrileña, un modelo que se repite en otros centros y que amenaza con extenderse a nivel nacional.

 

 

 

En los audios, Gallart expone sin tapujos la fórmula para aumentar los beneficios: más listas de espera, menos intervenciones quirúrgicas y derivación de pacientes “no rentables” a la sanidad pública.

 

 

“La elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, afirma el CEO, dejando claro que la gestión empresarial está por encima del bienestar de los 150.000 habitantes que dependen del hospital de Torrejón.

 

 

La reacción social ha sido inmediata. Pacientes y trabajadores denuncian la precariedad, la fuga de personal y la falta de recursos, mientras la Defensora del Paciente ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

 

 

Carmen Flores, en una carta dirigida a la nueva fiscal general Teresa Peramato, advierte que “la sanidad madrileña se ha convertido en un desecho” y que el modelo privatizado podría estar vulnerando derechos fundamentales y cometiendo delitos de prevaricación y corrupción.

 

 

 

El escándalo de Torrejón no es un caso aislado. El modelo privatizado, conocido como “modelo Alcira”, consiste en que una empresa privada construye y gestiona un hospital público durante décadas, recibiendo un canon anual de la administración.

 

 

Cuando las cuentas no salen, como ha ocurrido en Torrejón, la Comunidad de Madrid acude al rescate con fondos públicos: solo este año, Rivera Salud ha recibido 33 millones de euros para compensar sus pérdidas.

 

 

El riesgo empresarial desaparece y las pérdidas se socializan, mientras los beneficios quedan en manos privadas.

 

 

Esta lógica perversa se repite en otros hospitales madrileños y en regiones como la Comunidad Valenciana y Galicia, donde Povisa en Vigo opera bajo el mismo sistema.

 

 

El incentivo es claro: cuanto menos actividad y menos gasto, mayor es el beneficio. La sanidad pública se convierte en un negocio donde el paciente deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser cliente.

 

 

El impacto político del escándalo ha sido inmediato. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que se están siguiendo los protocolos “con rigurosidad”, pero la oposición y los movimientos sociales exigen explicaciones urgentes.

 

 

Más Madrid y el PSOE han solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y estudian acciones legales contra Rivera Salud y el modelo privatizado.

 

 

Desde Moncloa, el ministro de función pública y líder de los socialistas madrileños denuncia que “se está haciendo negocio con los derechos de los madrileños”.

 

 

El gobierno central acusa de hipocresía al ejecutivo madrileño y advierte que lo ocurrido en Torrejón es “la norma, no la excepción”.

 

 

El modelo Ayuso, heredero del modelo Alcira y de las políticas de Esperanza Aguirre, se basa en convertir la sanidad pública en un mercado persa donde los pacientes son clientes y los derechos se subordinan al beneficio económico.

 

 

La lógica empresarial aplicada a la sanidad pública tiene consecuencias graves para los pacientes.

 

 

El retraso en las listas de espera, la selección de intervenciones por rentabilidad y la derivación de casos complejos a la sanidad pública generan sufrimiento y ponen en riesgo la vida de miles de madrileños.

 

 

“La falta de una atención o de una prueba puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, advierte la Defensora del Paciente.

 

 

El modelo privatizado también afecta a otros servicios públicos, como la educación y el transporte, y ha convertido Madrid en un laboratorio de privatizaciones.

 

 

La media de seguros privados en la región supera el 40%, muy por encima del 25% nacional, y la Cámara de Cuentas ha detectado pagos desproporcionados a hospitales privados por servicios que deberían prestarse en la red pública.

 

 

El escándalo sanitario se suma a las sospechas de corrupción que rodean al gobierno de Ayuso.

 

 

Los vínculos entre la presidenta y las empresas privadas son cada vez más evidentes: su pareja ha sido beneficiario de contratos millonarios con el grupo Quirón, principal socio de negocios de Rivera Salud.

 

 

La externalización de servicios y el pago de millones a clínicas privadas para realizar abortos son solo la punta del iceberg de un sistema que favorece a los amigos del poder y convierte la gestión pública en una fuente de enriquecimiento privado.

 

 

La oposición denuncia que Ayuso está en el centro de la trama de corrupción y que la privatización de la sanidad sirve para beneficiar a sus allegados.

 

 

“Las privatizaciones sirven para esto, para entregar dinero a tus amigos y que luego tus amigos beneficien a tus familiares.

 

 

Es una trama perfecta en la que siempre salen beneficiados los mismos”, afirman desde Más Madrid.

 

 

El escándalo de Torrejón ha abierto un debate profundo sobre el futuro de la sanidad pública en España.

 

 

¿Es un caso aislado o el reflejo de un modelo estructural? Los expertos advierten que el incentivo perverso de la gestión privada está presente en todos los hospitales que operan bajo el modelo Alcira o Ayuso.

 

 

Los fondos de inversión buscan rentabilidad rápida y no tienen interés en la continuidad ni en la calidad asistencial.

 

 

“La única forma de obtener el pelotazo es bajando la calidad”, explican los analistas.

 

 

La colaboración público-privada no puede convertirse en una excusa para el negocio a costa de la salud de los ciudadanos.

 

 

La sociedad exige transparencia, control y un compromiso firme con el derecho a la salud.

 

 

El escándalo de Rivera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz son el síntoma de un modelo que amenaza la esencia de la sanidad pública.

 

 

La privatización, la selección de pacientes y la búsqueda de rentabilidad empresarial ponen en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas.

 

 

La reacción política y jurídica debe ser contundente, y la sociedad debe exigir transparencia, control y justicia.

 

 

El futuro de la sanidad madrileña y española depende de la capacidad de las instituciones para resistir la presión de los intereses privados y garantizar que la salud sea un derecho, no un negocio.

 

 

El modelo Ayuso y el modelo Alcira están bajo sospecha, y la ciudadanía exige un cambio profundo para recuperar la confianza en el sistema sanitario.