Mientras el pueblo duerme en la calle rogando por un hogar , la élite política saquea en secreto las viviendas públicas. ¿Quién protege a esta mafia intocable del ladrillo? -(hn)

Los escándalos de las VPO destapan las grietas de un sistema que debía garantizar el acceso a la vivienda

Las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la urbanización de Les Naus, en Alacant, ha sacado a la luz casos similares en otras comunidades y reabren el debate de la falta de controles más estrictos.

Una promoción de 144 VPO en alquiler, a 5 de marzo de 2025, en Bilbao.David de Haro / Europa Press

Decenas de jóvenes acampando día y noche a las puertas de la sede de una promotora con la única intención de tener más papeletas para conseguir una vivienda pública.

Sucedió hace unas semanas en Alzira, un municipio valenciano donde a principios de año se anunció la primera promoción de este tipo en dos décadas.

La preinscripción, según había anunciado la empresa, se haría por orden de llegada.

Resultaba entonces inevitable comparar las historias que contaban los jóvenes a los medios, desde sus colchonetas y sillas de camping –lo mal que estaba la cosa, el tiempo que habían esperado para poder independizarse…–, con el escándalo de las VPO de Les Naus, del que se siguen conociendo nuevos detalles y que ahora se está investigando judicialmente.

 La urbanización, a pocos metros de la playa de San Juan, en Alacant, cuenta entre sus vecinos con familias y miembros del Ayuntamiento de la ciudad, funcionarios y otras personas de su entorno.

Tras el caso de Alacant, se ha producido una cascada de titulares repartidos por todo el territorio, que ponen en duda la transparencia y efectividad de los sistemas de control en la construcción, venta y alquiler de las VPO.

Todo esto llega en plena reactivación de la fiebre del ladrillo, que pretende dar salida a varias generaciones afectadas por la crisis de la vivienda.

Una larga lista de escándalos

Sin salir del País Valencià, la oposición ha denunciado en València que parte de las viviendas de un edificio del barrio de Patraix, que va a comprar el Ayuntamiento a una promotora para hacer 29 VPO, ya habían sido comercializadas.

Algo parecido ha sucedido con la promotora de las viviendas de Nou Nazareth, en Sant Joan (Alacant), donde el PSOE ha denunciado la “captación de clientes” previa a la adjudicación de la parcela.

El consistorio, según ha informado, ya mantenía bajo investigación a la empresa por anomalías en la comercialización.

Otro de los casos que han vuelto a resonar es el de “Villa Gaviota”, en Valladolid. La Junta de Castilla y León ha desclasificado esta finca, que recibió el apodo tras conocerse que buena parte de sus pisos, construidos en 2003, acabaron en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento.

En aquellos años, las promotoras tenían libertad para adjudicar las casas a su propia discreción, así que, aunque el tema acabó en los tribunales, se archivó. Diez años después, los agraciados podrán venderlas a precio de mercado.

La adjudicación de un chalet a una concejala del PP en Palencia (en 2019) también ha salido a la luz esta semana, previa a las elecciones autonómicas.

La mujer, que en su momento llevaba la concejalía de Cultura, ha asegurado en un comunicado que las acusaciones son “malintencionadas” y que accedió al inmueble de forma legal.

Desde el PSOE piden a Alfonso Fernández Mañueco que aclare por qué no se celebró un sorteo.

En Logroño, la oposición solicita conocer las listas de compradores de más de un centenar de viviendas públicas que se han entregado este año y denuncia que el Gobierno local haya delegado la potestad de seleccionar a los agraciados en las promotoras.

Son las primeras VPO desde 2009 en la capital logroñesa.

El Gobierno de Aragón atraviesa una situación parecida. La Cámara de Cuentas ha publicado un informe (referente a los años 2023 y 2024) que desvela la falta de información sobre el número de solicitantes y de viviendas protegidas.

Desde 2013, cuando dejó de ser obligatorio el registro en la CCAA, no existe una base de datos común entre provincias sobre los inmuebles que se incorporan o se dan de baja de la protección.

Málaga es una de las ciudades españolas que más está sufriendo la presión del turismo y la gentrificación.

Mientras los alquileres se disparan y los vecinos denuncian verse expulsados de la ciudad, el consistorio ha anunciado una nueva promoción de 62 apartamentos para solicitantes con rentas de hasta 53.700 euros anuales.

La cifra ha indignado a vecinos y asociaciones de consumidores, que piden que la vivienda pública se destine a las familias más vulnerables.

Además, ante las preguntas remitidas por parte de la oposición, el Consistorio ha reconocido que en 2025 se entregaron exclusivamente dos VPO y que, en el último lustro, esta cifra superó por poco el centenar.

Por su parte, en Euskadi, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la legalidad de la sanción impuesta por el Ejecutivo autonómico tras detectarse prácticas fraudulentas en la comercialización de VPO. 

En concreto, se había condicionado la compraventa a la compra de una serie de muebles. Además, entre ese supuesto mobiliario se incluían elementos que forman parte de la estructura de la casa, como la bañera o el inodoro.

17 modelos de VPO diferentes

Las competencias sobre las VPO recaen mayoritariamente en las 17 comunidades autónomas y cada una de ellas aplica sus propias normas.

La capacidad de acción del Gobierno central en esta materia es muy limitada, más allá de repartir fondos o ceder terreno bajo su propiedad.

De hecho, con la aprobación de la última ley de vivienda, se trató de establecer un tiempo mínimo de 30 años de protección, entre otras limitaciones, pero, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía, se anuló el artículo 14 de dicha norma, referente a estas cuestiones, “por invasión de competencias”.

La principal diferencia entre regiones está en el tiempo de protección de la vivienda, que puede oscilar entre los diez y los cincuenta años, incluso ser permanente.

Esta última opción es la que el Estado está tratando de impulsar y que ya están poniendo en marcha algunas regiones.

Durante el margen de años que dura esta protección, la venta de los inmuebles está limitada a un precio máximo y los alquileres están sujetos a una serie de requisitos.

Otra de las discrepancias está en la existencia o no de registros de demandantes y de viviendas protegidas.

Para el experto en vivienda y jurista Javier Burón, extender estos registros sería la primera medida que deberían de aplicar los parlamentos autonómicos.

“Todos los demandantes de vivienda protegida, para cualquiera de sus tipos, deberían pasar por un registro único, autonómico, con unas reglas decididas en un reglamento, que sean conocidas, transparentes, objetivas y discutibles”, detalla.

Este sistema es el que se aplica actualmente en Euskadi, Navarra y Catalunya, pero en el resto de comunidades las normas varían.

Por ejemplo, en el País Valencià, aunque existen estas listas, no se utilizan cuando una empresa privada está a cargo de la adjudicación, como sucede en la mayoría de las veces. También existen registros parciales, que se abren para promociones concretas.

“Este registro universal es el único que garantiza que las adjudicaciones estén completamente controladas por la Administración, que es el primer requisito de limpieza, y quienes no lo hacen es porque no quieren, porque, porque esto es lo que lleva haciendo el Gobierno vasco treinta años”, añade el experto en vivienda.

El siguiente nivel de control que debería aplicarse, de acuerdo al análisis de Burón, sería tener acotadas todas las viviendas protegidas con calificación vigente.

Para ello, resalta, “es indispensable que todos los procedimientos de adjudicación pasen por la Administración”: “Tiene que saberse en todo momento quién es el comprador o el inquilino.

Es decir, tiene que haber un control universal del conjunto de viviendas con calificación vigente de vivienda protegida”. Este nivel de seguimiento ya se cumple en las comunidades donde las VPO no se descalifican nunca (Euskadi desde 2003, en Catalunya desde 2019 y en Navarra desde 2020).

“¿En qué se traduce que estas viviendas se mantengan bajo la misma protección siempre? Que cuando alguien quiere alquilarlas, tiene que pedir permiso y se le dará o no, en base a unos datos objetivos: motivos de salud, laborales, familiares… Hay que cumplir unos requisitos”, explica Burón.

De igual manera, las ventas tienen que ajustarse al precio marcado por la Administración y, además, ésta tiene derecho a la compra preferente del piso.

¿Quién puede acceder a estas casas?

Los requisitos que deben cumplir los demandantes también son diferentes entre unas zonas u otras de España, aunque la mayoría utilizan el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) como referente y piden una serie de años de empadronamiento en el municipio.

En el caso de Les Naus no se hizo un estudio real sobre ingresos y patrimonio, lo que ha permitido que haya premiados con sueldos por encima de los 60.000 euros.

La consellera de Vivienda, Susana Camarero, ya ha anunciado que se creará un órgano colegiado que supla el sistema actual, por el que una única persona de la Dirección Territorial de Vivienda se encargaba de validar estos requisitos.

Desde Facua denuncian que el reparto de estas promociones no se hace de forma justa y racional en todas las situaciones y recuerdan que, recientemente, en Sevilla, se han adjudicado viviendas que rozaban los 300.000 euros, a las que “difícilmente” puede acceder una familia de bajos ingresos.

“Los ayuntamientos deberían revisar los precios y los márgenes de beneficio que tienen las promotoras, porque evidentemente aquí se está permitiendo que se haga un pedazo de negocio, con márgenes descomunales”, sentencia Rubén Sánchez, presidente de la organización.

Respecto a la posibilidad de vetar a políticos o altos cargos en estos procesos –una idea que ha propuesto el Ayuntamiento de Alacant– Burón deja claro que sería inconstitucional, porque ningún cargo público, per se, “y menos aún por ordenanza municipal”, puede perder el derecho a acceder a bienes y servicios públicos.