Xabier Fortes desvela en qué punto se encuentra la demanda del novio de Ayuso: “Creo que no va a ir ‘p’alante”.
González Amador se querelló contra el presentador después de que se refiriera a él como “defraudador confeso”.

El pulso judicial entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el periodista Xabier Fortes ha trascendido el ámbito privado para convertirse en símbolo del debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información en España.
La querella presentada por González Amador contra Fortes, a quien exige 10.000 euros por referirse a él como “defraudador confeso”, ha sido interpretada por el comunicador gallego como un intento de coacción, una maniobra para silenciar la labor informativa y condicionar el ejercicio profesional de los periodistas.
Fortes, presentador de “La Noche en 24 horas” en TVE y uno de los rostros más reconocibles del periodismo político español, ha relatado en una reciente entrevista en El País el punto en que se encuentra el proceso judicial.
Con humor y resignación, el periodista ha explicado que sus compañeros de programa le regalaron una hucha en forma de cerdito, en la que sigue depositando monedas y billetes para afrontar una posible condena.
“Cuando llegue, llegará. Ya no es una cuestión de libertad de expresión, es una cuestión de verdad”, afirma con rotundidad, subrayando que lo que dijo en antena era cierto: González Amador es “defraudador confeso” porque su abogado reconoció ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales.
La querella de González Amador, interpuesta en diciembre de 2024, se basa en las palabras pronunciadas por Fortes en su programa, donde calificó al empresario como “autor confeso de fraude fiscal”.
El burofax recibido por el periodista, minutos antes de comenzar la emisión, le instaba a participar en un acto de conciliación previo a la interposición de una demanda por injurias y calumnias.
Fortes, lejos de retractarse, denunció públicamente el “intento de coacción” y reivindicó su derecho a informar sobre hechos contrastados y de interés público.
El periodista sostiene que la querella es “chocante” porque el propio González Amador, a través de su abogado, había remitido a la Fiscalía un documento en el que reconocía la comisión de los delitos.
“No encuentro otra forma más ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador”, afirma Fortes, reafirmándose en sus palabras y en la legitimidad de su trabajo profesional.
La filtración del documento, validada por el propio empresario al denunciarla, refuerza aún más la posición del comunicador, que insiste en que la expresión utilizada no solo es veraz, sino también ajustada al lenguaje jurídico y periodístico.
El caso ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre el derecho al honor y la libertad de información, especialmente cuando se trata de personajes públicos y hechos de relevancia social.
La sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre la filtración del mail del abogado de González Amador ha marcado un precedente importante, al reconocer que los hechos eran “de público conocimiento” y que las expresiones empleadas por periodistas y políticos, aunque puedan resultar hirientes, no constituyen una vulneración del honor en el contexto del debate público.
Fortes, en su entrevista, recuerda que cuando González Amador alegó que su abogado actuó sin su consentimiento, él empezó a referirse a él como “ex defraudador confeso”, adaptando la terminología a la nueva versión de los hechos.
Sin embargo, el periodista considera que la querella no prosperará y que la justicia terminará avalando el derecho a informar sobre hechos probados y reconocidos por el propio afectado.
“Estoy esperando que se sustancie, pero creo que no va a ir ‘p’alante’”, comenta, aludiendo irónicamente a la célebre frase de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.
La querella contra Fortes se inscribe en una estrategia más amplia de González Amador, que ha reclamado indemnizaciones a diversas figuras del ámbito político y mediático por referirse a él como defraudador.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la notoriedad pública del empresario y la veracidad de los hechos amparan el ejercicio de la libertad de expresión y la crítica política.
La indemnización solicitada por González Amador ha sido reducida a una cifra simbólica de 10.000 euros, muy lejos de los 300.000 euros inicialmente reclamados, y las demandas contra periodistas y personalidades han sido desestimadas.
El caso Fortes-González Amador es un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrenta el periodismo en España ante los intentos de judicializar el debate público y de utilizar el derecho al honor como herramienta para condicionar la labor informativa.
La reivindicación de Fortes, que se reafirma en la verdad de sus palabras y en la legitimidad de su trabajo, es también una defensa de la función social del periodismo y de la necesidad de proteger la libertad de información frente a las presiones y amenazas de los poderosos.
La reacción del periodista ante la querella —convertida en anécdota por la hucha de cerdito que sus compañeros le regalaron— es también una muestra de la resiliencia y el compromiso de quienes, desde los medios de comunicación, ejercen su labor con rigor y responsabilidad.
Fortes ha convertido la amenaza judicial en motivo de reflexión y de denuncia pública, alertando sobre el peligro de que las demandas por injurias y calumnias se utilicen como mecanismo de censura y de intimidación.
En última instancia, el proceso judicial iniciado por González Amador contra Xabier Fortes es mucho más que una disputa personal: es el reflejo de la tensión entre verdad y poder, entre derecho al honor y libertad de información, y entre la necesidad de transparencia y la tentación de silenciar a quienes informan sobre hechos incómodos.
La defensa de Fortes, basada en la veracidad de sus palabras y en el reconocimiento expreso de los delitos por parte del empresario, es también una reivindicación del periodismo como garante de la democracia y del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
El desenlace del caso, todavía pendiente de resolución judicial, marcará un precedente relevante para el futuro de la libertad de expresión en España y para la protección de los periodistas frente a los intentos de coacción y censura.
Mientras tanto, Xabier Fortes sigue metiendo monedas en su hucha de cerdito, convertido ya en símbolo de resistencia y de compromiso con la verdad. Porque, como él mismo afirma, “ya no es una cuestión de libertad de expresión, es una cuestión de verdad”.
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