El empresario tiene una copia del contenido de dos teléfonos móviles incautados
Víctor de Aldama llega este jueves a la Audiencia Nacional dispuesto a sacudir la investigación sobre el caso de las mascarillas.
El empresario, implicado en la trama que salpica a varios ministerios, lleva días preparando una declaración que promete generar un fuerte impacto político.
Su objetivo principal será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Pero no será el único nombre que aparezca.
Aldama carga contra el Gobierno
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 autorizó el lunes pasado la entrega de una copia del contenido de los teléfonos móviles del empresario.
Esta decisión ha permitido a Aldama acceder a nuevos datos clave para reforzar su defensa.
Según informan desde El Independiente, el expresidente del Zamora C.F. ha trabajado intensamente en la recopilación de evidencias que podrían comprometer a Torres y a otros altos cargos del Gobierno.
Entre la información que ya obra en su poder destacan varias conversaciones con otros investigados por el pelotazo de las mascarillas.
En esos mensajes se menciona a ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las fuentes consultadas señalan, en concreto, a las carteras de Sanidad e Interior.
También aparece el Gobierno balear de Francina Armengol.
El último informe de la UCO ya apuntaba en esa dirección. La Guardia Civil subrayó que varios ministerios se apoyaron en la gestión logística de José Luis Ábalos durante los primeros meses de la pandemia.
Aldama ya está en el Supremo
Esa vía permitió acelerar compras millonarias de material sanitario.
Un flujo de contratos en el que, según la investigación, la empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión S.L., tuvo un papel relevante.
El papel de Koldo García también será central este jueves.
El exasesor actuó como mediador entre distintas administraciones autonómicas y el Ministerio del Interior.
Su papel como enlace entre Soluciones de Gestión, la Secretaría de Estado de Seguridad y los servicios de salud de Canarias y Baleares es clave.
En los mensajes analizados por la UCO, y de los que Aldama ya tiene copia, aparecen referencias a contratos cerrados con organismos como Puertos del Estado e Interior.
La Secretaría de Estado del departamento de Fernando Grande-Marlaska firmó un contrato de 3,5 millones de euros con la empresa de la red investigada.
Sanidad y Baleares, bajo presión
El nombre de Salvador Illa podría aparecer también en la declaración.
El exministro de Sanidad fue quien tuvo la última palabra en varias operaciones que investiga la Guardia Civil.
En informes previos ya se apuntaba a la necesidad de que Torres negociara directamente con Illa para cerrar un contrato de test PCR con la empresa Eurofins Megalab.
Otra figura destacada es Francina Armengol. Su nombre aparece desde el inicio en las evidencias recogidas por la UCO.
Según fuentes consultadas, la actual presidenta del Congreso estuvo invitada a una cena clave.
En esa reunión coincidieron Torres, Aldama y uno de sus socios.
Pero finalmente no asistió.
Su presencia era necesaria para tratar asuntos relacionados con pagos pendientes vinculados a contratos de mascarillas.
La declaración de Aldama podría marcar un punto de inflexión.
Su testimonio llega en un momento de máxima tensión política.
Y las revelaciones que aporte podrían abrir nuevas líneas de investigación en un caso que no deja de crecer.
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