JUECES, SOCIOS Y VENGANZAS POLÍTICAS: EL TERREMOTO QUE SACUDE LOS CIMIENTOS DEL ESTADO

LA FURIOSA REACCIÓN DE UNA LÍDER: CUANDO LA RAZÓN JUDICIAL CHOQUE CON EL ORGULLO POLÍTICO

La escena política se ha visto sacudida por un estallido de indignación que ha llevado a una destacada líder regional a alzar la voz contra el máximo órgano de garantías constitucionales del país.

La figura en cuestión, que estaba peligrosamente “mal acostumbrada” a que sus argumentos prevalecieran en determinadas esferas judiciales, ha entrado en una fase de nerviosismo palpable tras un revés legal de proporciones.

El motivo de la discordia es la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el recurso que su gobierno regional había interpuesto contra una ley clave.

Es irónico, y profundamente revelador del estado actual del debate, que la formación de esta líder (el Partido Popular, PP) ya hable poco de esta misma ley, a pesar de haberla convertido en la bandera de innumerables protestas masivas y recursos institucionales

. ¿Dónde quedaron las grandes manifestaciones en la calle? ¿Qué fue de la ofensiva legal total?

Esta ferviente oposición inicial contrasta hoy con una realidad desoladora para algunos: los mismos actores políticos que fueron tildados de “prófugos” y “villanos” por la derecha, son ahora vistos, con una urgencia casi suplicante, como posibles “socios respetadísimos” necesarios para desbancar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un giro de guion que muchos observadores califican de triste y de pragmatismo político llevado al extremo.

La reacción de la líder en una conocida red social, clamando “¿Qué esperaban del [partido en el gobierno]?” y añadiendo el explosivo término “Orgullosa” (de que se haya tumbado su recurso, implícitamente), no ha hecho sino echar más leña al fuego.

Este desafío directo al TC y el aparente orgullo ante el fracaso legal demuestran un desprecio inquietante por las instituciones y se suman a una tendencia peligrosa de desacreditar a los poderes del Estado cuando no se alinean con la agenda política del momento.

El TC: ¿Garante de la Constitución o “Sanchismo puro y duro”?

Este no es el primer ataque al corazón de las instituciones. Hace algún tiempo, un alto cargo del partido de esta líder se atrevió a calificar al Constitucional como “el cáncer del estado de derecho” (afirmación por la que tuvo que retractarse).

Ahora, la líder regional se suma a la teoría de que el TC es parte de una gran confabulación política, sugiriendo que cualquier fallo adverso es producto de un complot de la izquierda.

La líder está “mal acostumbrada”: acostumbrada a que ciertos procedimientos de su entorno más íntimo se dilaten y a que ciertas figuras judiciales actúen de una manera que le resulta favorable.

Cuando se le niega la razón, la respuesta es el desacreditación total del tribunal.

Es legítimo criticar una decisión judicial, ya sea un fallo o una sentencia, en un sistema democrático.

Pero lo que resulta peligroso y antidemocrático es desacreditar a un tribunal entero (el máximo garante de la Carta Magna) calificándolo de estar totalmente al servicio del gobierno.

Los que se autoproclaman “defensores del estado de derecho” son a menudo los primeros en minar su credibilidad cuando las resoluciones no les son favorables.

El Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad de la región de Madrid, aplicando la misma doctrina que ha desestimado las impugnaciones presentadas por el propio PP, el Tribunal Supremo, y una docena de otras regiones.

Todos esos recursos, la gran ofensiva legal del partido opositor, han fracasado en el pleno del TC.

Tras meses de debate intenso, manifestaciones y argumentos catastrofistas sobre la “ruptura de España”, el clavo ardiendo al que se agarró la oposición se ha apagado.

EL DRAMA DE LOS PACTOS Y LA LEY: SÁNCHEZ Y LA AGUJA DE COSIDO EN CATALUÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado esta mañana varias entrevistas centradas en un desafío clave para la continuidad de la legislatura: la tensa relación con un socio crucial, la formación independentista catalana (Junts).

El titular que ha inundado los medios es claro: “Sánchez busca remendar su relación con Junts para intentar recomponer la mayoría”.

Hace poco, Junts había declarado públicamente la “ruptura” con el Gobierno, alegando que Sánchez no había cumplido con los acuerdos firmados, lo que, en la práctica, destruye la mayoría parlamentaria y bloquea la aprobación de cualquier nueva legislación.

Esta situación se debe a una alianza inusual y precaria: cada vez que el PP, la extrema derecha (Vox) y Junts (las “tres derechas”, dos españolas y una catalana) se unen, crean una mayoría alternativa capaz de tumbar cualquier iniciativa.

Sánchez, en un acto de aparente humildad política, ha asumido los “incumplimientos y retrasos” criticados por Junts.

Ha extendido la “mano tendida” y ha reafirmado una “voluntad de negociación inequívoca” para cumplir los pactos.

Argumenta que el acuerdo de investidura fue una gran oportunidad no solo para el Gobierno, sino para “resolver un conflicto político que viene de largo”.

El presidente defiende que la receta de su gobierno (diálogo y amnistía) ha sido mucho más efectiva para “tranquilizar” la situación en la región catalana que la receta de la oposición (prisión y judicialización).

Sin embargo, la voluntad de Sánchez podría no ser suficiente.

Un líder de la izquierda catalana (Gabriel Rufián) ha ofrecido una visión más cruda y, para muchos, acertada: “Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos. Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos”.

Junts, esencialmente, ha decidido transitar por la senda de la derecha española, con intereses en rebajar impuestos a las grandes fortunas y alinearse con posiciones ideológicas de centro-derecha, incluso a riesgo de tumbar al Gobierno que les concedió una ley tan reclamada como la amnistía.

La situación parlamentaria sigue siendo, por tanto, extremadamente inestable.

EL ESCÁNDALO DE LA OFICINA DEL EXPRESIDENTE: EL PREMIO AL SILENCI

En un giro que muchos ciudadanos encontrarán profundamente indignante, un expresidente regional (Mazón) acaba de activar su “Oficina del Expresidente” con un coste considerable para las arcas públicas.

Este político resistió hasta el final en el cargo, en contra del criterio de las víctimas de una grave tragedia, para poder cumplir los dos años mínimos que le otorgan el derecho a este “premio”.

Este derecho, contemplado en el estatuto regional, le garantiza ahora un sueldo anual de 86.000 € durante 15 años (prácticamente hasta su jubilación), además de acceso a dos asesores y un conductor, todos a cargo del erario público.

El cinismo alcanza su punto álgido: esta oficina se activa el mismo día en que su “número dos” toma posesión como nuevo presidente, una figura que en su momento amparó y protegió al expresidente.

Es un acto que, para muchos, se siente como una burla hacia el sufrimiento de las víctimas que clamaban por su dimisión.

Además de este privilegio, el político ha asegurado su continuidad como diputado para mantener su aforamiento, un movimiento transparente para evitar una posible imputación por parte de la jueza instructora en una causa sensible.

Para compensar la bajada de sueldo como diputado, su partido le ha puesto al frente de una comisión con un sueldo extra.

En un contexto de asfixia mediática por los casos de corrupción que salpican al partido de gobierno, y con una ofensiva diaria de titulares que buscan sangrar al Ejecutivo, la activación de esta costosa oficina de Mazón, envuelta en polémicas pasadas, emerge como un recordatorio de los privilegios y las redes de protección que operan en las altas esferas del poder, ajenas al sentir popular.