El dato resulta especialmente revelador: ni una sola denuncia interna ha sido registrada

Las nuevas denuncias de acoso sexual en La Moncloa han abierto una grieta profunda en los protocolos internos del Gobierno.

Y en la imagen de seguridad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta proyectar.

Las acusaciones contra Francisco Salazar —uno de los hombres del círculo de máxima confianza del presidente— se suman a la reciente entrada en prisión de José Luis Ábalos.

Dibujando un panorama político y moral devastador para el PSOE en pleno corazón del poder.
Las trabajadoras afectadas han relatado ante el PSOE comportamientos que califican de «indebidos» y de una gravedad extrema.Entre los testimonios recogidos destacan situaciones como que Salazar “salía del baño de su despacho a medio vestir”.

Que “escenificó una felación en medio del despacho sin venir a cuento”.

O que comentaba de manera explícita el cuerpo y la ropa de las empleadas, pidiéndoles incluso que le “enseñaran el escote”.

Estas declaraciones, difundidas por eldiario.es, no fueron presentadas en los canales anónimos habilitados por La Moncloa. Sino directamente ante el partido.
El dato resulta especialmente revelador: ni una sola denuncia interna ha sido registrada a pesar de que existe un protocolo antiacoso activo y cursos de formación impartidos recientemente.En verano, los trabajadores de Presidencia recibieron formación en prevención del acoso sexual.

Y en julio, se envió un correo interno recordando el protocolo oficial para activar estas denuncias. Sin embargo, ninguna de las mujeres afectadas confió en esos mecanismos.

Las trabajadoras han preferido acudir al partido o incluso a los medios de comunicación antes que activar las herramientas anónimas que el Gobierno afirma garantizar.

Una de las denunciantes lo expresa con crudeza: “No me transmite la seguridad de que esto no vaya a tener consecuencias. Y, en resumidas cuentas, sigo teniendo miedo”.

El protocolo antiacoso en la Administración General del Estado exige confidencialidad absoluta.

Incluye la habilitación de un buzón exclusivo al que solo accede personal especializado.

Sobre el papel, se trata de un sistema concebido para proteger a las víctimas y activar las medidas necesarias.

Pero la distancia entre la teoría garantista y la práctica real es ahora el núcleo del escándalo.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió tras el Consejo de Ministros que “Moncloa es un espacio seguro”.

Y calificó el comportamiento de Salazar como “vomitivo”.

Sin embargo, la contundencia verbal no logra disipar una evidencia inquietante.

Las mujeres de Moncloa no confiaron en los protocolos oficiales.

Prefirieron denunciar fuera del complejo presidencial, dando así un golpe demoledor a la credibilidad del sistema interno.

El Gobierno enfrenta ahora un doble desafío. Gestionar el impacto político de un caso que afecta a su círculo más cercano.

Y explicar por qué los mecanismos que presumía como ejemplares han sido ignorados por quienes más necesitaban protección.

En Moncloa, la palabra “miedo” resuena con más fuerza que cualquier protocolo.