“Es una auténtica barbaridad negativa”. Oriol Riera explota contra el gasto descontrolado en el Ministerio de Transportes. Mientras las infraestructuras fallan, el dinero público vuela. ¿En qué se está gastando realmente nuestro dinero? ¡La auditoría social ha empezado!
Aquí tienes un análisis profundo y detallado sobre la crisis de las infraestructuras en España y la gestión presupuestaria del Ministerio de Transportes, manteniendo el formato de separación solicitado de dos líneas después de cada frase.
El colapso de las infraestructuras en España: Las cifras que sentencian la gestión de Óscar Puente
La seguridad de las redes de transporte en España ha pasado de ser un orgullo nacional a convertirse en una de las mayores fuentes de preocupación para la ciudadanía.
Los recientes y trágicos sucesos en las vías ferroviarias han puesto el foco sobre una realidad contable que muchos expertos califican de “auténtica barbaridad”.
Para entender la magnitud del problema, es necesario analizar fríamente los datos de ejecución presupuestaria que maneja el Ministerio de Transportes desde finales de 2023.
José Ramón Riera, analista experto en la materia, ha puesto sobre la mesa una serie de cifras que dejan en una posición muy delicada al actual ministro, Óscar Puente.
Óscar Puente asumió la cartera de Transportes el 21 de noviembre de 2023, heredando una estructura que, hasta ese momento, mantenía un ritmo de gasto relativamente estable.
En el año 2023, su antecesora en el cargo logró ejecutar un total de 14.500 millones de euros de los 14.800 millones que tenía presupuestados inicialmente.
Esto suponía un nivel de eficiencia en el gasto cercano al 98%, lo que permitía que el dinero llegara efectivamente a las obras y al mantenimiento necesario.
Sin embargo, la llegada del nuevo equipo ministerial supuso un cambio de rumbo drástico en la contabilidad nacional y en la inversión real sobre el terreno.
Durante el primer año completo de gestión de Puente, la ejecución presupuestaria cayó en picado, alcanzando únicamente los 10.500 millones de euros.
Estamos hablando de una diferencia de 4.000 millones de euros que, por razones aún no explicadas por la Intervención General, dejaron de invertirse en el país.
Pero el dato más alarmante no es solo el recorte del gasto total, sino la naturaleza de ese gasto y hacia dónde se está derivando realmente el dinero.
Históricamente, el Ministerio de Transportes dedicaba aproximadamente el 51% de su presupuesto a lo que se denominan “inversiones reales” y transferencias de capital.
Las inversiones reales son aquellas que se ejecutan directamente para construir o arreglar infraestructuras, mientras que las transferencias van a organismos como Renfe o ADIF.
Bajo el mandato de Óscar Puente, este porcentaje de inversión directa ha sufrido un desplome vertical, situándose en un raquítico 35% del total del gasto.
Esto significa que, de un presupuesto ya de por sí mermado, se dedica una proporción mucho menor a garantizar que las vías sean seguras para los pasajeros.
Si analizamos los datos más recientes del año 2025, la situación adquiere tintes de emergencia nacional debido a la parálisis casi total de las transferencias.
En los primeros once meses de 2025, el gasto total del ministerio apenas ha superado los 7.000 millones de euros, una cifra irrisoria comparada con ejercicios anteriores.
Lo más grave es que el dinero enviado a ADIF y Renfe para el mantenimiento de la red se ha reducido en un asombroso 88% respecto a periodos previos.
Solo se han transferido unos 500 millones de euros a estos organismos clave, una cantidad que resulta insuficiente para cubrir siquiera las reparaciones de urgencia.
Esta falta de oxígeno financiero explica por qué las infraestructuras ferroviarias españolas están, en palabras de los expertos, “completamente descoajeringadas”.
El deterioro no es una percepción subjetiva de los usuarios, sino una realidad técnica que la propia ADIF ha tenido que reconocer en sus informes internos.
En la actualidad, existen más de 750 tramos en la red ferroviaria española que tienen impuestas limitaciones de velocidad por motivos estrictos de seguridad.
Muchos trenes que deberían circular a 250 o 300 kilómetros por hora se ven obligados a reducir su marcha por debajo de los 150 kilómetros por hora.
Esto ocurre porque el estado de los raíles, el balasto o los sistemas de señalización ya no ofrece las garantías necesarias para la alta velocidad real.
El trágico accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 45 personas, es el exponente más doloroso de lo que sucede cuando se deja de invertir en lo esencial.
No se trata de falta de recursos por parte del Estado, ya que la recaudación de la Agencia Tributaria ha alcanzado niveles históricos en los últimos dos años.
Los impuestos recaudados han crecido cerca de un 7%, y las cotizaciones sociales han subido casi un 6%, inyectando miles de millones extra en las arcas públicas.
A pesar de este flujo de dinero récord, el Gobierno ha preferido desviar los fondos hacia subvenciones y gastos corrientes en lugar de proteger la infraestructura.
En 2024, España destinó más de 42.000 millones de euros a subvenciones de diversa índole, algunas de ellas con destinos tan cuestionables como proyectos en el extranjero.
Resulta difícil de explicar al ciudadano que se envíen millones a otros países mientras las carreteras nacionales están llenas de baches y los aeropuertos sufren carencias.
La Asociación de Constructores SEOPAN estima que España arrastra un déficit de inversión estructural que asciende ya a los 150.000 millones de euros.
Para recuperar un nivel de seguridad y eficiencia óptimo, el país necesitaría invertir un mínimo de 30.000 millones de euros anuales durante los próximos cinco años.
Con el ritmo de gasto actual de Óscar Puente, que apenas roza los 10.000 millones anuales en el mejor de los casos, la brecha de seguridad seguirá creciendo.
El problema no se limita al ferrocarril; el sistema eléctrico español también muestra signos de colapso, con trece provincias incapaces de absorber nuevas conexiones.
La falta de inversión en la red eléctrica está frenando el desarrollo industrial y poniendo en riesgo la estabilidad del suministro para millones de hogares.
España vive una paradoja económica peligrosa: gasta más que nunca en su historia, pero invierte menos que nunca en sus cimientos estratégicos.
El gasto público se ha disparado de los 500.000 millones a casi 800.000 millones de euros anuales, pero la eficiencia de ese dinero brilla por su ausencia.
Si la tendencia de desinversión continúa, “dará pánico subirse a un tren” porque la red dejará de ser fiable para el transporte masivo de personas.
Los ciudadanos exigen que el Ministerio de Transportes recupere su función inversora y deje de priorizar el debate político sobre la seguridad técnica.
La vida de los españoles que utilizan a diario el tren o las carreteras no puede estar supeditada a recortes presupuestarios arbitrarios o a una gestión ineficiente.
La fotografía que dejan los datos contables es la de un país que se está consumiendo por dentro mientras sus responsables miran hacia otro lado.
