LA FUGA DE DOÑANA: EL DESAFÍO DEFINITIVO DE LA “PRIMERA DAMA” AL ESTADO DE DERECHO

I. EL TRONO VACÍO EN PLAZA DE CASTILLA

El silencio en la sala del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid esta mañana no era un silencio ordinario; era el sonido de una institución burlada.

Sobre la mesa del juez Juan Carlos Peinado reposaba el expediente del artículo 25 de la Ley del Jurado, una cita ineludible para cualquier ciudadano español bajo la lupa de la justicia.

Sin embargo, la silla destinada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, permaneció vacía.

Mientras los letrados y el Ministerio Fiscal aguardaban una presencia que nunca llegó, la realidad se filtraba por los pasillos del juzgado como un veneno: la investigada no solo había plantado al magistrado, sino que se encontraba a cientos de kilómetros, atrincherada en el Palacio de las Marismillas, en el corazón del Parque Nacional de Doñana.

Lo que en términos jurídicos es una incomparecencia, en el lenguaje de la calle se ha bautizado ya como “la fuga de Doñana”.

II. EL ARTÍCULO 25: DONDE LA LEY NO ADMITE EXCUSAS

Para entender la gravedad del desplante, hay que desgranar el tecnicismo legal que la defensa de Gómez ha intentado ignorar.

El artículo 25 de la Ley del Jurado es taxativo: el imputado debe comparecer personalmente para que se le traslade la acusación formal y se concrete la imputación ante el tribunal popular que, tarde o temprano, decidirá su destino.

La ley es cristalina: “El imputado estará necesariamente asistido de letrado”.

Esta frase no es una invitación a que el abogado vaya en representación del ausente; es la orden de que el investigado acuda flanqueado por su defensa.

Al no presentarse, Begoña Gómez no solo ha ignorado un trámite; ha enviado un mensaje de soberanía personal por encima de la soberanía nacional.

Es el ejercicio de una “rebeldía” que solo aquellos que se sienten protegidos por los muros de la Moncloa pueden permitirse.

III. DOÑANA: EL REFUGIO DEL PODER ABSOLUTO

Mientras en Madrid se debatía la legalidad de su ausencia, Begoña Gómez disfrutaba de la brisa de las marismas onubenses.

Junto a Pedro Sánchez, la investigada se ha recluido en el Palacio de las Marismillas, una joya del patrimonio estatal que cuenta con 18 cuartos de baño y todas las comodidades que el dinero público puede sufragar.

Es una estampa sangrante para la sociedad española: un despliegue de seguridad digno de un jefe de Estado —comparable a los protocolos que rodean a figuras como Donald Trump— financiado por el contribuyente, utilizado no para representar a la nación, sino para evadir la acción de su justicia.

La “fuga” a Doñana no es solo un viaje de vacaciones; es un repliegue estratégico hacia un búnker de impunidad donde los mandatos judiciales parecen no tener jurisdicción.

IV. EL JURADO POPULAR: UN DESTINO YA ESCRITO

Pero hay un factor que el entorno de la Moncloa no ha podido controlar, un mecanismo de relojería democrática que ya se ha puesto en marcha: la elección del Jurado Popular.

Contrario a lo que la propaganda oficial intenta sugerir, los ciudadanos que juzgarán a Begoña Gómez no han sido elegidos a dedo ayer.

La Ley del Jurado, en un alarde de inteligencia institucional, establece que los candidatos se seleccionan por sorteo cada dos años.

Los hombres y mujeres que tendrán en sus manos el veredicto de este caso fueron elegidos mediante sorteo del censo electoral en septiembre de 2024.

Son ciudadanos de a pie, ajenos a las presiones de los consejos de ministros y a los editoriales de los medios subvencionados.

Este jurado “ciego” es la mayor garantía de justicia y, al mismo tiempo, el mayor temor de la defensa. En España, más del 90% de los procesos juzgados por tribunales populares terminan en condena.

El ciudadano común no entiende de interpretaciones laxas de la ley ni de privilegios de alcoba; el ciudadano común solo entiende de hechos.

V. ¿HABRÁ ORDEN DE DETENCIÓN? EL DILEMA DEL JUEZ PEINADO

La pregunta que hoy quita el sueño en los despachos de la abogacía del Estado es si el juez Peinado se atreverá a firmar lo que ya advirtió en 2025: una orden de detención por incomparecencia.

El magistrado se enfrenta a una presión mediática y política sin precedentes.

El aparato del “sanchismo” ha activado todos sus resortes para maniatar al instructor, intentando convertir cualquier medida cautelar en un escándalo de proporciones internacionales.

¿Dictará el juez la orden de busca y captura? Las fuentes jurídicas consultadas coinciden: la interpretación de la ley permitiría la detención inmediata para asegurar la notificación de la imputación.

Sin embargo, la prudencia política del sistema judicial español suele actuar como un freno ante figuras de tal relevancia.

Aun así, el desplante de hoy deja al juez en una posición donde la inacción podría interpretarse como debilidad ante el poder político.

VI. EL “MURO” CONTRA LA JUSTICIA

Lo que estamos viviendo es un ejemplo nefasto de pedagogía social.

Cuando el ciudadano medio es citado por un juez, acude con temor y respeto. Cuando la mujer del Presidente es citada, huye a un palacio pagado por todos.

Esta conducta de creerse por encima del Código Penal, de negarse a entregar el pasaporte o de boicotear las sesiones de instrucción, genera una erosión irreversible en la confianza institucional.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez parecen haber levantado un muro, pero no para proteger a España, sino para protegerse de ella.

Pero el “pico y pala” de la acusación popular y la persistencia de un sector de la judicatura que se niega a arrodillarse aseguran que el juicio llegará.

No importa cuántos cuartos de baño tenga el palacio de Doñana, ni cuántos policías cierren las plantas del juzgado; al final del camino, habrá un estrado, doce ciudadanos y una verdad que ninguna fuga podrá ocultar.