Repsol vuelve a mover ficha en un tablero cada vez más explosivo. La petrolera española logró maniobrar en la sombra para tumbar el polémico impuesto a las energéticas impulsado por el Gobierno de Sánchez y ahora afronta un desafío aún mayor: proteger su patrimonio en Venezuela. La irrupción del llamado trumpismo petrolero ha alterado las reglas del juego y amenaza intereses millonarios. ¿Qué estrategia está preparando Repsol? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar sus activos? La partida acaba de empezar y promete giros inesperados. Entra y descubre los detalles.
La compañia española de hidrocarburos Repsol logró maniobrar para tumbar el impuesto a las energéticas de Sánchez y ahora está jugando sus fichas para salvar su patrimonio en Venezuela tras la irrupción del ‘trumpismo’ en el petróleo
Cuando Josu Jon Imaz, director ejecutivo de Repsol, decidió librar la batalla contra el impuesto extraordinario a las energéticas impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, no estaba defendiendo principios estratégicos ni industriales, sino los márgenes de su empresa a corto plazo, tal y como detallaron fuentes del sector a elcierredigital.com.
Hoy, con Estados Unidos interviniendo militarmente en Venezuela, Nicolás Maduro secuestrado y el país caribeño bombardeado en varios puntos estratégicos, aquel pulso interno aparece conectado con un escenario geopolítico extremo.
Imaz ahora intenta no quedar atrapado en Washington y Caracas, tal y como señalan fuentes del sector a este medio.
La eliminación del gravamen a las energéticas a finales de 2024 “no fue una victoria técnica, sino el resultado de una presión política agresiva”, expresan.
Repsol había pagado 444 millones de euros en 2023 y otros 335 millones en 2024 por un impuesto que la compañía tachó de «confiscatorio», mientras mantenía dividendos y beneficios de récord.
“Imaz presionó sin disimulo, amenazó con paralizar inversiones y activó alianzas parlamentarias coyunturales”, apuntan estas fuentes.
PP, Vox, PNV y Junts per Catalunya acabaron coincidiendo en una mayoría negativa que dejó al Gobierno sin margen.
Pedro Sánchez encajó la derrota, pero el mensaje quedó claro: una gran energética podía condicionar la política fiscal del Estado.
La caída del impuesto desbloqueó inversiones en Tarragona y en otras zonas estratégicas, “utilizadas como herramienta de presión territorial más que como apuesta industrial sostenida”, señalan estas fuentes del sector de los hidrocarburos.
Junts, sensible a la amenaza de deslocalización, fue uno de los actores clave.
“El episodio confirmó que Repsol no buscaba estabilidad regulatoria, sino imponer sus condiciones.
Fue un precedente inquietante”, apostillan. El siguiente movimiento se trasladó fuera de España.
Venezuela, clave para Repsol
El verdadero riesgo para Repsol nunca desapareció: Venezuela. La compañía arrastra una exposición de 504 millones de euros vinculada a préstamos a la pública PDVSA y a participaciones en proyectos como Petroquiriquire o la gasista Cardón IV.
Durante años, Repsol convivió plácidamente con el régimen chavista, cobrando parte de la deuda en especie y exportando unos 67.000 barriles diarios gracias a una licencia especial de la Administración Biden, según datos oficiales.
Ese paraguas expiró el 27 de mayo de 2025. Y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la situación se volvió crítica.
Las sanciones se endurecieron y Repsol quedó atrapada entre dos fuegos: un gobierno desgastado y una Casa Blanca dispuesta a usar la energía como arma política.
La disyuntiva era clara: o lograba una excepción política o tendría que asumir una provisión de más de 500 millones de euros, con impacto directo en resultados y en bolsa.
La respuesta de Imaz fue un alineamiento con el trumpismo energético.
“No por convicción, sino por necesidad”, añaden fuentes del mercado de hidrocarburos.
Repsol abrazó el plan trumpista, intensificando inversiones fósiles en Estados Unidos y adaptando su discurso a la agenda republicana.
“No fue una transición estratégica, sino una señal política”, continúan.
Los nuevos campos offshore en Luisiana y el impulso al proyecto Pikka en Alaska —presentado como el mayor hallazgo de crudo en décadas— formaron parte de esa operación de seducción.
El mensaje era transparente: Repsol quería ser útil a la agenda energética estadounidense, aunque ello implicara alejarse aún más de los compromisos climáticos que proclama en Europa.
La apuesta por las renovables en EE. UU., con proyectos como Pecan Prairie u Outpost en Texas, no contradice esa lógica.
En territorio estadounidense, la solar es aceptable si genera empleo y no cuestiona el dominio fósil. Los más de 2.800 MW renovables y los 24.000 millones invertidos desde 2014 funcionan también como moneda de cambio política.
La reunión de Imaz con el secretario de Energía, Chris Wright, en Alaska en junio de 2025, escenificó ese acercamiento.
“No fue diplomacia energética: fue lobby en estado puro, con Venezuela como telón de fondo”, analizan fuentes del sector en conversación con elcierredigital.com.
Podemos se revolvió contra Repsol
Mientras tanto, en España, Repsol optó por el silencio cuando Podemos lanzó su propuesta de renacionalización, ya que el PSOE ya había decidido no acompañarla.
Imaz evitó el debate público mientras mantenía dividendos pese al desplome del beneficio: un 44% en 2024 y otro 62% en el primer trimestre de 2025.
A ello se suman las críticas por su bloqueo a la transición energética, los choques con la exvicepersidenta Teresa Ribera, la ruptura con Iberdrola —que acabó en los tribunales por la publicidad promovida por Imaz, que se vende como líder en renovables a pesar de que más del 99% de su negocio depende de combustibles fósiles— y una demanda colectiva de 120 gasolineras por presunto pacto de precios durante décadas.
“Nada de eso ha modificado la estrategia: resistir, presionar y ganar tiempo”, apuntan fuentes del sector.
Y agregan: “Más que pragmatismo, la estrategia de Imaz refleja dependencia: del poder político en España primero, del trumpismo después. Ha impuesto su agenda cuando ha podido y ha callado cuando le convenía. El coste reputacional en Europa y el riesgo moral de su papel en Venezuela quedan en segundo plano frente a un único objetivo: proteger balance y dividendos”.
