Desde la moción de censura, la recaudación del Estado ha escalado un 64%, mientras que el IPC solo ha avanzado una cuarta parte en el mismo periodo.

Nada menos que 325.356 millones de euros cobrados en 2025 por los distintos impuestos nacionales y sin tener en cuenta la subida de la Seguridad Social, otro gigantesco impuesto al que él y su equipo se niegan incluso a denominar como impuesto.

Todo un hito, afirma él… Todo un hito que sale de los bolsillos de los españoles para tener la peor administración en mucho tiempo.

Y todo un hito que ha supuesto que el cobro anual por el IRPF casi duplique ya el último previo a su llegada al poder en 2018.

¿Cuánto han subido los impuestos con respecto a 2017, el último año previo a la llegada de Pedro Sánchez al poder? Sánchez llegó a la Moncloa fruto de la moción de censura que se desarrolló entre mayo y junio de 2018.

Es decir, que el último ejercicio no tocado por él fue el de 2017. Y si se hace la comparativa con respecto a ese ejercicio, las conclusiones son escalofriantes.

El IRPF de 2017 recaudó 77.038 millones de euros, tal y como reflejan los boletines oficiales de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

En 2025, esa cifra se ha elevado hasta los 142.466 millones de euros. Es decir, que el incremento de recaudación de los bolsillos de todos los españoles asciende a nada menos que 65.428 millones de euros, casi un IRPF entero de aquel 2017.

Traducido: el esfuerzo de los españoles en el pago del IRPF casi se ha duplicado pasados estos ocho años: ha crecido un 84,9%.

Una auténtica locura, especialmente cuando la inflación en ese mismo periodo ha subido un 24,7%.

Es decir, que el IRPF ha subido 3,4 veces lo que lo ha hecho la inflación.

No es distinta la tendencia en el saqueo fiscal a las empresas.

El Impuesto sobre Sociedades de 2017 fue de 23.143 millones de euros. Y en 2025, de 42.266 millones de euros. Se ha disparado la recaudación en 19.123 millones de euros, un 82,6%.

En cuanto al IVA, en 2017 se recaudaron 63.647 millones de euros.

Y en 2025, 99.532 millones, con un aumento de 35.885 millones de euros.
En Impuestos Especiales, la recaudación de 2017 quedó en 20.308 millones.

Y en 2025, en 23.083 millones, con un aumento de 2.775 millones de euros.
Y todo ello supone que la recaudación tributaria total de 2017 quedó en 198.101 millones de euros, mientras que en 2025 se ha elevado hasta los 325.356 millones de euros.

Lo que supone que de los bolsillos de los españoles han salido 127.255 millones de euros más que antes de la llegada de Sánchez al poder.

El mismo presidente que afirmaba que nunca subiría los impuestos de los trabajadores y no ha dejado de hacerlo hasta en 97 ocasiones normativas.

Y todo ello es sin tener en cuenta la subida de la recaudación de la Seguridad Social con sus cotizaciones sociales, otro impuesto que golpea a empresas —por el pago a los empleados— y a los propios trabajadores.

En 2017, esta entidad sacó de los bolsillos de empleadores y empleados 125.967 millones de euros.

Y en 2025, según las estimaciones de cierre de año, lo hará por volumen de 180.000 millones de euros (cifra estimativa, a falta de confirmar el mes de diciembre), con un aumento de 54.033 millones de euros.

Traducido: que entre impuestos puros e impuestos sociales, el aumento de recaudación del Gobierno de Sánchez superará los 180.000 millones de euros: 181.288 de incremento de esfuerzo tributario.

Y, en caso de que se pueda justificar que la inflación deba ser trasladada íntegramente a la recaudación —cosa más que debatible porque esa inflación resta riqueza y, por lo tanto, reduce poder de compra—, por esa inflación,

el crecimiento de la recaudación se debería haber limitado al 24,7%, es decir, a 80.044 millones de euros.

En resumen, que Pedro Sánchez ha subido los impuestos y cotizaciones sociales 2,2 veces la inflación.

La situación fiscal en España ha alcanzado un punto crítico, y muchos ciudadanos se sienten atrapados en lo que consideran el “mayor atraco fiscal” de la historia del país.

En el centro de esta controversia se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez, que ha implementado una serie de medidas que han llevado a un aumento significativo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los trabajadores.

Este artículo explora las implicaciones de estas decisiones y cómo están afectando a la economía y a la vida diaria de los españoles.

**El Aumento del IRPF: Contexto y Justificación**

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, su gobierno ha enfrentado numerosos desafíos económicos, exacerbados por la pandemia de COVID-19 y la crisis energética.

En un intento por recaudar fondos para hacer frente a estos problemas, el gobierno ha decidido aumentar el IRPF, lo que ha llevado a que muchos trabajadores vean casi duplicado el porcentaje que deben pagar de sus ingresos.

La justificación oficial del gobierno es que estos aumentos son necesarios para financiar servicios públicos esenciales y para reducir la deuda pública.

Sin embargo, muchos ciudadanos y analistas económicos argumentan que este enfoque es insostenible y que penaliza a la clase media y trabajadora, que ya está luchando por mantenerse a flote.

**Impacto en los Trabajadores y la Clase Media**

El aumento del IRPF ha tenido un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores.

Muchos han notado que sus nóminas han disminuido significativamente, lo que ha llevado a un aumento en el descontento social.

La clase media, que tradicionalmente ha sido el pilar de la economía española, se siente especialmente golpeada por estas medidas.

Los trabajadores que antes podían disfrutar de un nivel de vida relativamente cómodo ahora se ven obligados a ajustar sus presupuestos y recortar gastos en áreas como ocio, educación y salud.

Este cambio no solo afecta a la economía familiar, sino que también tiene repercusiones en el consumo y, por ende, en el crecimiento económico del país.

**Reacciones Políticas y Sociales**

La respuesta a estas medidas ha sido contundente.

La oposición política ha criticado duramente al gobierno de Sánchez, acusándolo de llevar a cabo una política fiscal agresiva que perjudica a los ciudadanos.

Partidos como el PP y Vox han llamado a movilizaciones y protestas, argumentando que el aumento del IRPF es un ataque directo a la clase trabajadora.

Las redes sociales también han sido un hervidero de críticas.

Los ciudadanos han expresado su frustración y descontento con frases como “no puedo más” y “esto es un atraco”, reflejando el sentimiento generalizado de que el gobierno no está escuchando las necesidades de la población.

**Alternativas y Soluciones Propuestas**

Ante este panorama, muchos economistas y analistas han comenzado a proponer alternativas al enfoque del gobierno.

Algunas de estas soluciones incluyen:

1. **Revisión de Gastos Públicos**: Una auditoría exhaustiva de los gastos del gobierno podría identificar áreas donde se pueden realizar recortes sin afectar servicios esenciales.

2. **Impuestos Progresivos**: En lugar de aumentar el IRPF de manera generalizada, se podrían implementar impuestos más progresivos que gravaran más a quienes tienen mayores ingresos, aliviando así la carga sobre la clase media y trabajadora.

3. **Fomento del Emprendimiento**: Apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) podría generar empleo y aumentar la recaudación fiscal a través de un crecimiento económico sostenido.

**Conclusión**

El aumento del IRPF bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha generado un clima de descontento y frustración entre los trabajadores españoles.

Lo que muchos consideran el “mayor atraco fiscal” de la historia de España ha llevado a una crisis de confianza en el gobierno y ha puesto de relieve la necesidad de un enfoque más equilibrado y justo en la política fiscal.

A medida que el descontento social crece, será crucial que el gobierno escuche las voces de sus ciudadanos y busque soluciones que no solo aborden la recaudación de fondos, sino que también protejan el bienestar de la clase media y trabajadora.

El futuro económico de España depende de encontrar un equilibrio entre las necesidades del Estado y la capacidad de sus ciudadanos para contribuir sin verse ahogados por la carga fiscal.