Cuando Pedro Sánchez aterrizó en La Moncloa en 2018, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy, su aproximación al poder económico parecía más cercana a la de José Luis Rodríguez Zapatero que a la de otros líderes europeos con mayor vocación intervencionista. En aquellos primeros compases, Sánchez no mostró un especial interés por influir en los equilibrios del Ibex 35 ni por moldear el liderazgo de las grandes corporaciones españolas. Su prioridad era estabilizar el Gobierno y consolidar una mayoría parlamentaria compleja, no abrir frentes con el tejido empresarial. Pero hoy seis años después, le ha dado ya la vuelta a la tortilla. La económica.

El presidente socialista Pedro Sánchez ha ido mutando con el paso de los años. La combinación de crisis sucesivas —pandemia, inflación, guerra en Ucrania, Palestina, etc.—,l así como la creciente importancia de sectores considerados estratégicos (como el negocio de Defensa) ha empujado al Ejecutivo a una mayor implicación en el ámbito corporativo. A ello, se suma una lectura cada vez más política del poder económico, en la que la presencia del Estado no solo busca proteger intereses nacionales, sino también influir en centros clave de decisión.

Analistas consultados por elcierredigital.com, consideran que “este giro es legítimo e incluso necesario”. Y argumentan que en un contexto global marcado por la competencia geopolítica, “ante la entrada de capital extranjero en empresas sensibles o en la consolidación bancaria, los gobiernos deben jugar y anteponer un papel activo”.

Bajo este prisma se enmarcarían las actuaciones gubernamentales en Telefónica, Indra o Banco Sabadell. En el caso de la operadora de telecomunicaciones, la irrupción del grupo saudí STC activó las alarmas en Moncloa y justificó, según esta visión, el regreso del Estado a su accionariado a través de la SEPI. En Indra, la preocupación giraba en torno a la decisión del presidente Ángel Escribano de comprar su propia empresa familiar, mientras que en el Banco Sabadell pesaban tanto su arraigo territorial catalán como el impacto que una eventual absorción del BBVA tendría sobre el tejido empresarial del Mediterráneo.

La caída de Pallete en Telefónica

Sin embargo, las críticas no se centran tanto en el fondo como en las formas. Sectores empresariales y parte de la oposición cuestionan que algunas de estas intervenciones del Gobierno Sánchez se hayan ejecutado con métodos considerados propios de otra época, más cercanos a la injerencia política directa que a una gobernanza moderna y transparente.

El episodio más simbólico de esta tensión fue la caída hace un año del todopoderoso José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica.

José María Álvarez-Pallete
EP

Álvarez-Pallete no era un directivo más en el entorno de Sánchez. Su relación personal con el presidente, forjada en encuentros informales e, incluso, sesiones de footing en La Moncloa, le situaba en una posición singular dentro del Ibex 35. Fue uno de los pocos grandes ejecutivos que recibió con simpatía al líder socialista en sus inicios. Sin embargo, el deterioro bursátil de Telefónica, unido a la percepción de una ‘alfombra roja’ a la entrada de capital saudí, acabaron erosionando su posición y su figura.

El desenlace de su desaparación se llevó en una operación en la que confluyeron intereses públicos y privados. El Gobierno Sánchez, a través de la SEPI, recuperó peso en el accionariado de la teleco y abrió así paso a un relevo en la cúpula. La llegada a Telefónica de Marc Murtra, hasta entonces presidente de Indra, marcó desde entonces un nuevo rumbo para la compañía, con un plan de desinversiones en Latinoamérica y también de despidos.

Pero más polémica aún resultó la reorganización interna posterior de la teleco, con decisiones que alimentaron el debate sobre el amiguismo. El ascenso a la vicepresidencia de Carlos Ocaña, coautor del libro en el que se basa la polémica tesis de Sánchez, o la promoción del socialista Javier de Paz a la presidencia de Movistar Plus+ fueron interpretados por críticos como señales de una creciente politización de la compañía Telefónica.

En paralelo, el papel de actores clave como el empresario catalán Isidre Fainé añadió complejidad al tablero. El presidente de la Fundación CriteriaCaixa, con participaciones relevantes en grandes corporaciones, respaldó inicialmente movimientos alineados con el Gobierno, como el nombramiento del socialista Ángel Simón al frente de su brazo inversor tras dejar la poderosa empresa Aguas de Barcelona. Sin embargo, las tensiones no tardaron en aflorar. Simón fue cesado por Fainé tras evidenciarse discrepancias estratégicas y una supuesta excesiva autonomía en decisiones sensibles, sobre todo en Cataluña. Su relevo y la posterior designación del conservador Francisco Reynés como vicepresidente reflejan los equilibrios cambiantes entre poder político y económico.

La OPA al Sabadell y ‘la toma’ de Indra

Otro frente relevante del Gobierno Sánchez ha sido el de Banco Sabadell. La tentativa de la OPA por parte de BBVA al Sabadell reactivó el debate sobre la concentración bancaria en España. Desde Moncloa, con un papel activo de su equipo económico, se maniobró para dificultar la citada operación; apelando al impacto que tendría sobre la competencia y el tejido empresarial del Mediterráneo.

Si cambiamos al ámbito industrial, la tecnológica Indra también ha estado en el centro de la acción gubernamental, tal y como ocurrió a su vez en anteriores gobiernos del PSOE y del PP. La compañía, clave en defensa y tecnología, ha reorientado su estrategia en los últimos meses. Finalmente, ha descartado la compra de la empresa vinculada a la familia Escribano, operación que provocó el cese como presidente de Ángel Escribano por supuesto conflicto de intereses. Y, todo, tras las exitosas maniobras del consultor Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez; así como el relevo de Escribano por Ángel Simón, un hombre afín al PSC-PSOE, que ya ha sellado una alianza con el gigante alemán Rheinmetall para la fabricación de vehículos militares.

Ángel Escribano
EP

Este acuerdo, que contempla la creación de una joint venture para optar a contratos del Ejército español, abre la puerta a una relación más estrecha entre ambas compañías y refuerza el posicionamiento de España en la industria de Defensa en toda Europa.

Control gubernamental de empresas públicas estratégicas

Más allá de estas grandes operaciones, el Gobierno Sánchez ha reforzado su control en empresas públicas y organismos estratégicos. Por ejemplo, Correos, bajo la dirección de Pedro Saura, ha emprendido una etapa de estabilización tras años de polémicas. Por su parte, Renfe, liderada por Álvaro Fernández Heredia, como RTVE, con José Pablo López al frente, forman parte de un entramado en el que el Ejecutivo mantiene una influencia directa.

Sobre todo, en el caso de la radiotelevisión pública, donde el modelo de gobernanza ha sido objeto de acalorados debates públicos, con críticas sobre su evidente falta de independencia editorial, ajena a la simple labor informativa de un medio público.

Pero también las relaciones con el sector privado no han estado exentas de fricciones. El presidente Pedro Sánchez ha chocado con grandes corporaciones como el Banco Santander o Ferrovial. En el primer caso, la entidad presidida por Ana Patricia Botín ha combinado gestos de acercamiento al poder establecido—como su papel en la reconfiguración accionarial de Prisa— con críticas al impuesto extraordinario a la banca del Gobierno Sánchez. En el segundo caso, la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fiscal fuera de España desató un enfrentamiento político de alto voltaje; al interpretarse como un cuestionamiento del marco económico nacional por parte del siempre polémico empresario Rafael del Pino.

Sin embargo, Pedro Sánchez sí ha cultivado vínculos con multinacionales tecnológicas y del entretenimiento. La relación con la china Huawei, escenificada por el apoyo de Rodríguez Zapatero y en las visitas institucionales; como el impulso a la industria audiovisual a través de productoras como la norteamericana Netflix. Todo ello refleja una apuesta de Sánchez por atraer inversión y posicionar a España como hub de producción. Pero este auge del sector audiovisual en España -que ha generado empleo y dinamismo-, también ha abierto un debate sobre la identidad de los contenidos y su creciente internacionalización.

La apuesta de Sánchez por las energéticas y los medios

De cara al futuro, el Gobierno Sánchez afronta ahora varios frentes. Uno de los más inmediatos es el del control de las energéticas. El impuesto extraordinario impuesto a los beneficios del sector ha sido aprobado en varios países europeos, pero las compañías se niegan a aportar por ‘beneficios caídos del cielo’.

En 2024, compañías como Repsol lograron articular una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para frenar la continuidad del impuesto. Sin embargo, el Ejecutivo no ha renunciado a esta herramienta -clave para ellos- y trabaja en Bruselas de la mano del vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para reconfigurarla. Esta actitud anticipa ya nuevos choques con gigantes como la propia Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy.

Francisco Reynés
EP

Otro de los ámbitos es el mediático, que constituye otro campo de batalla. Tras estabilizar el Gobierno Sánchez la situación en RTVE, y normalizar relaciones con algunos grupos, el foco se ha desplazado hacia Mediaset y, sobre todo, hacia el Grupo Prisa. La evolución de Prisa es especialmente significativa.

Su presidente Joseph Oughourlian, inicialmente alineado con el Gobierno del PSOE—Pedro Sánchez le ayudó a alcanzar la presidencia de Prisa a cambio de entregarle su línea editorial a ‘su peón’ José Miguel Contreras—, ha tomado ahora distancia tras serias discrepancias estratégicas, especialmente en torno a proyectos audiovisuales futuros con claras connotaciones políticas.

Precisamente, el intento de lanzar un canal de TDT vinculado a intereses próximos al Ejecutivo generó grandes tensiones; y llevó a la destitución de José Miguel Contreras dentro de Prisa. Finalmente, se alcanzó un equilibrio a través de las negociaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un hecho que ha permitido al Gobierno Sánchez mantener una línea editorial favorable en cabeceras clave. Para ello, se han colocado nuevas direcciones en las filiales de Prisa con vínculos históricos con el entorno socialista. Aun así, el futuro del Grupo Prisa sigue abierto, con La Moncloa interesada en facilitar la entrada de nuevos inversores que aseguren su estabilidad.

Pedro Sánchez quiere el control mediático. Lo necesita. El PSOE logró hacerse con el control de RTVE hace aproximadamente un año y medio, tras una etapa marcada por la inestabilidad bajo los mandatos de Rosa María Mateo, José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa. Ahora, su siguiente objetivo pasa por frenar el giro conservador del grupo italiano Mediaset, que ha derivado en tensiones internas y en la dimisión de su presidenta, la exministra socialista Cristina Garmendia, ante la línea editorial de espacios de gran audiencia como ‘Horizonte’ o ‘En boca de todos’.

El presidente del Gobierno lo tiene claro: dos principales movimientos lo contemplan: Por un lado, orientar la adjudicación del nuevo canal de TDT hacia un proyecto vinculado al asesor gubernamental José Miguel Contreras, que podría servir como una salida para perfiles de RTVE, en caso de perder el control de la Corporación ante un cambio político, como pudieran ser Silvia Intxaurrondo o Javier Ruiz; y, por otro, propiciar la entrada de un potente inversor que se haga con el Grupo Prisa.

Y, por último, Cataluña continúa siendo para Sánchez un eje central de su política económica. El Ejecutivo, en coordinación con la Generalitat de Salvador Illa, trabaja desde hace meses para revertir el éxodo empresarial provocado por el procés. El regreso de sedes sociales y fiscales de compañías relevantes se ha convertido en un objetivo clave para Sánchez, tanto por su impacto económico como por el simbolismo que arrastra.

Por eso, el president de la Generalitat Salvador Illa y el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, han celebrado el regreso fiscal de compañías ‘catalanas’ como CriteriaCaixa, Banco Sabadell y la cementera Molins; un movimiento simbólicamente relevante en el contexto de la recuperación del tejido empresarial en Cataluña.