Ayuso con la Casa de Correos y Almeida con la tapia de La Almudena: el rechazo de los líderes madrileños a la memoria democrática.

Mientras que la presidenta madrileña proclamó públicamente su negativa a este reconocimiento a las víctimas del franquismo, el alcalde de la capital española emprendió acciones legales en silencio.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. EP/Archivo.

La memoria democrática sigue siendo en España uno de los puntos más candentes y provocador de fricciones, aunque, quizás, probablemente lo sea mucho más en el choque de los discursos políticos que se pronuncian desde los atriles frente a las heridas que, verdaderamente, puedan reabrir o no el reconocimiento de determinados lugares por su peso histórico.

Derecha e izquierda siguen chocando constantemente. Por un lado, los segundos liberar al país del arraigo del franquismo basado en la simbología presente en las calles y hacer reconocimientos públicos a las víctimas del régimen no dejando caer en el olvido la opresión, torturas y fusilamientos que se llevaron a cabo en lugares concretos.

Por su parte, los primeros suelen ejercer un rechazo continuado al impulso de este tipo de iniciativas.

Prueba de ello son las polémicas que provocaron hace unos meses la Real Casa de Correos, edificio que acoge la sede de la Comunidad de Madrid, o, más recientemente, la tapia del cementerio de La Almudena. Ambos lugares provocaron el dolor y sufrimiento de multitud de personas tanto durante el transcurso de la guerra civil como en las décadas que Francisco Franco estuvo en el poder como dictador en España.

Ayuso llevó ante el Tribunal Constitucional el reconocimiento de la Real Casa de Correos.

Desde el Ejecutivo nacional se impulsó llevar a cabo un reconocimiento a las víctimas del franquismo recordando la represión y torturas que muchos sufrieron en la Real Casa de Correos, lugar escogido por el régimen dictatorial para convertirse en el edificio de Gobernación y acoger en sus sótanos multitud de celdas.

No obstante, Ayuso manifestó públicamente su rechazo a que se ejerciera este homenaje a las víctimas. Tal es así que, además de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, aseguró que esta medida era un intento “espurio” del Gobierno central de “dinamitar la Transición”.

Así, en su negativa a aceptar que esta infraestructura fuera apuntada como el espacio de opresión que fue, Ayuso sostuvo que  “la discordia, la amnesia, la manipulación de la historia y el guerracivilismo no vencerán, no nos quitarán la alegría, la unidad, las ganas de vivir juntos y libres”.

Almeida sigue los pasos de Ayuso y busca evitar que se reconozca la tapia del cementerio de La Almudena como lugar de opresión del franquismo.

Además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital española también está despertando controversia por su postura en relación a distintas iniciativas relacionadas con la memoria democrática.

La más reciente ha tenido que ver con la tapia del cementerio de La Almudena, punto en el que se llevaron a cabo multitud de fusilamientos, y que se ha negado a aceptar que se subraye el protagonismo que este lugar tuvo durante la guerra civil y el franquismo.

Allí fueron asesinadas entre 1939 y 1944 casi 2.000 personas, la mayoría de ellos militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales y republicanos que se oponían a la dictadura.

A lo largo de los últimos años, han sido numerosos los actos de recuerdo y reivindicación los celebrados y en los que las asociaciones han pedido la creación de un monumento en honor de las víctimas.

Si bien, a diferencia de Ayuso, Almeida ha mostrado su rechazo a esta iniciativa en silencio y, hasta hace poco, no se había conocido que en diciembre el Ejecutivo local de Madrid decidió emprender acciones judiciales contra la declaración de este espacio como lugar de memoria democrática.

Los motivos en los que se apoyaba para ello el Ayuntamiento del Almeida eran variados, yendo desde apuntar que el reconocimiento reabre heridas, desequilibra la cohesión social y ofrece una visión negativa y parcial de la necrópolis, hasta apuntar que hacerlo sería “lesivo” porque “vulnera el deber de neutralidad de la Administración” y “la tapia ya es objeto de protección al estar en el entorno de Bien de Interés Cultural”.

El País ha podido acceder a las distintas argumentaciones realizadas por el Ayuntamiento para frenar esta iniciativa. Así, desde el Consistorio Municipal madrileño se expone que  el reconocimiento no atiende y es “absolutamente contrario” al interés de los ciudadanos.

No solo eso, sino que subraya que el mismo atenta contra el bien común, la concordia y la paz, y “genera más conflicto social” porque “restaura viejas heridas de la contienda derivadas de la Guerra Civil española”.